El 24 de junio, los jueces de la Corte Suprema de EE. UU. rechazaron los recursos presentados por Children’s Health Defense (CHD), una organización sin ánimo de lucro fundada por Robert F. Kennedy Jr. candidato independiente a la presidencia, contra la vacuna anti-COVID-19.
El máximo tribunal del país rechazó un recurso que pretendía anular las sentencias de cortes inferiores que afirmaban que CHD y sus miembros carecían de legitimación para demandar a la Administración de Alimentos y Medicamentos de EE. UU. (FDA, por sus siglas en inglés) por sus autorizaciones de emergencia de las vacunas contra COVID-19 para menores.
Los jueces también rechazaron otra apelación de CHD en un caso que cuestionaba el mandato de la vacuna contra COVID-19 impuesto a los estudiantes de la Universidad Rutgers, una universidad pública de Nueva Jersey.
La Corte Suprema no hizo comentarios sobre ninguna de las dos denegaciones. Las incluyó en una larga lista en la que se trataban docenas de casos.
Los abogados que representan a CHD, Rutgers y el gobierno no devolvieron las solicitudes de comentarios.
En el caso de la FDA, CHD y los padres de Texas y Florida argumentaron que la agencia reguladora autorizó las vacunas contra COVID-19 en virtud de una autorización de emergencia a pesar de que el COVID-19 suponía un riesgo menor que la gripe para los niños, y sin las pruebas clínicas adecuadas. La FDA también promocionó erróneamente las vacunas, alegaron los demandantes.
El juez de distrito de EE. UU. Alan Albright, desestimó la demanda en 2023, encontrando que CHD y los padres no cumplían los requisitos de legitimación en virtud del artículo III de la Constitución de EE. UU., o la capacidad para demandar sobre las acciones.
Aunque los padres dijeron que sus hijos corrían el riesgo de ser vacunados por otras personas, no demostraron que sufrieran un daño inminente debido a la autorización de emergencia de la FDA para las vacunas contra COVID-19, dijo el juez. El daño inminente es uno de los requisitos para la legitimación activa.
El juez también dijo que CHD no había demostrado que sus recursos se habían agotado en respuesta a la conducta de la FDA y que estaba expresando una “queja generalizada”, que no está permitida por los precedentes de la Corte Suprema.
En enero, un panel de la Corte de Apelaciones del Quinto Circuito de EE. UU. confirmó la sentencia.
«Los demandantes sostienen que se cumple el elemento de daño de hecho porque un tercero podría vacunar a sus hijos a pesar de sus objeciones, y que esa vacuna podría supuestamente causarles daños a ellos y a sus hijos», concluyó la corte. «Sea como fuere, estamos de acuerdo con la corte de distrito en que los demandantes no logran demostrar un perjuicio de hecho porque el supuesto perjuicio no es concreto ni inminente».
Robert Barnes, representante de CHD en el caso, había instado a la Corte Suprema a estudiar el caso. «¿Nadie puede demandar a la FDA? ¿Es eso lo que significa el artículo III?», escribió.
Los abogados del gobierno renunciaron a su derecho a presentar un escrito ante el tribunal.
En el caso contra Rutgers, la CHD y algunos de sus miembros dijeron que el mandato de vacunación era inconstitucional en parte porque la Cláusula del Debido Proceso de la Constitución permite a las personas negarse a recibir tratamiento médico.
El juez de distrito de EE. UU. Zahid Quraishi falló en contra de los demandantes en 2022, al considerar que Rutgers impuso la vacunación como parte de un objetivo legítimo de proteger a la comunidad escolar del COVID-19 y que los estudiantes o bien presentaron demandas que habían dejado de tener sentido porque se les concedieron exenciones religiosas al mandato, o bien no presentaron una demanda.
En febrero, un panel de la Corte de Apelaciones del Tercer Circuito de EE. UU. confirmó la decisión.
En un escrito presentado ante la Corte Suprema, los abogados de CHD afirman que las cortes inferiores se equivocaron y que los jueces deberían intervenir.
«Si se permite al gobierno imponer vacunas experimentales que no previenen la transmisión en contra del derecho de una persona a ejercer libremente el consentimiento informado, entonces el COVID-19 habrá erosionado una de nuestras libertades más básicas: el derecho a rechazar un experimento médico», afirmaron.
Rutgers declinó presentar un escrito ante la corte.
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