La Corte Suprema de Estados Unidos se ha negado a escuchar una demanda de estados liderados por republicanos que cuestionan el intento de la administración Biden para asignar un costo social al carbono.
No se dio ninguna explicación y el Tribunal se limitó a enumerar el martes el caso Missouri vs Biden como una de las peticiones que fueron denegadas. De manera similar, la Corte Suprema se negó a principios de este año a escuchar otra impugnación a las estimaciones.
El año pasado, el Tribunal de Apelaciones del Octavo Circuito confirmó la decisión de un tribunal de distrito federal que desestima la demanda. El octavo circuito dictaminó que los estados carecían de legitimación activa para impugnar las estimaciones e indicó que podían demandar si identificaban un perjuicio concreto.
Además de Missouri, 10 estados solicitaron que la Corte Suprema se ocupara del tema: Tennessee, Utah, Ohio, Oklahoma, Carolina del Sur, Kansas, Indiana, Arkansas, Nebraska y Montana.
«Continuaremos combatiendo la extralimitación del gobierno en todo momento», dijo la oficina del fiscal general de Missouri, Andrew Bailey, según The Hill.
Después de asumir el cargo en 2021, el presidente Joe Biden firmó una orden ejecutiva que establece el «Grupo de trabajo interinstitucional sobre el costo social de los gases de efecto invernadero», que incluía, entre otros, el liderazgo de la Oficina de Gestión y Presupuesto (OMB) y el Consejo de Asesores Económicos.
El expresidente Barack Obama inicialmente estimó el «coste social» en USD 43 por tonelada de emisiones de dióxido de carbono. Su sucesor, el expresidente Donald Trump, estimó la cifra entre USD 3 y USD 5 y el presidente Biden respondió utilizando una estimación de USD 51.
«Un costo social preciso es esencial para que las agencias determinen con precisión los beneficios sociales de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero cuando realizan análisis de costo-beneficio de acciones regulatorias y de otro tipo», decía la orden.
La OMB no respondió de inmediato a la solicitud de comentarios de The Epoch Times, pero de manera similar defendió las estimaciones cuando la Corte Suprema rechazó una impugnación anterior de Luisiana.
«Contabilizar adecuadamente los daños causados por las emisiones de gases de efecto invernadero es fundamental para nuestro trabajo de reducir los costos de energía y proteger a los estadounidenses de los crecientes impactos del cambio climático, que ya le está costando a las comunidades y empresas estadounidenses miles de millones de dólares en mitigación y respuesta», dijo la agencia, según CNN.
Los estados rojos en el caso de Missouri contra Biden y Luisiana argumentaron que los impactos de los costos serán potencialmente generalizados y afectarán a todos los sectores de la economía estadounidense.
Su petición señala que la orden ejecutiva dice que las agencias «deberán» utilizar los costos provisionales «al monetizar el valor de los cambios en las emisiones de gases de efecto invernadero resultantes de las regulaciones y otras acciones relevantes de las agencias hasta que se publiquen los valores finales».
La procuradora general Elizabeth Prelogar respondió a la petición de los estados con un escrito en el que advirtió que las agencias no están obligadas a adoptar la estimación de costos. También respaldó al octavo circuito al criticar el reclamo de los estados respecto a tener una legitimación activa en el caso.
«Es una conjetura si una agencia federal en particular utilizará en última instancia las estimaciones provisionales como base para una regla particular que resulte en un daño reconocible para los peticionarios», dijo. «La agencia podría optar por no regular en absoluto. Si decide regular, podría concluir que el estatuto aplicable le exige regular sin tener en cuenta los efectos sobre los gases de efecto invernadero».
Parece probable que futuras regulaciones, que utilicen la estimación del costo social, provoquen demandas adicionales.
«Es probable que el litigio sobre el costo social del carbono pase a cuestionar las regulaciones emitidas que están justificadas por el costo social de los valores del carbono», dijo David Watkins, abogado del Competitive Enterprise Institute, en una declaración proporcionada a The Epoch Times. «Los mismos problemas con el costo social de las cifras de carbono existen independientemente de dónde se utilicen».
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