El 29 de abril, la Corte Suprema rechazó el intento del multimillonario empresario Elon Musk de impugnar un acuerdo al que había llegado con la Comisión del Mercado de Valores de Estados Unidos (SEC, por sus siglas en inglés) que exigía que un supervisor legal revisara sus publicaciones en las redes sociales.
Musk alegó en documentos judiciales que la SEC ha emprendido una «campaña continua» contra él.
El Sr. Musk, director del sitio de microblogging X, antes conocido como Twitter, así como de Tesla y SpaceX, alegó que la agencia impuso ilegalmente lo que se ha denominado la disposición «Cuidador de Twitter». Él compró Twitter en 2022 y le cambió el nombre.
La agencia federal fue tras el Sr. Musk después de que publicara entradas en el entonces Twitter en 2018 diciendo que había conseguido los fondos suficientes para llevar a Tesla al sector privado. Su inesperada afirmación hizo que las acciones de Tesla se dispararan, pero la agencia dijo que las publicaciones violaban la ley de valores porque eran «materialmente falsas y engañosas».
El Sr. Musk llegó a un acuerdo en una demanda civil presentada por la agencia, que contenía el acuerdo de supervisión de las redes sociales. Por otra parte, el año pasado un jurado dictaminó que no era responsable de engañar a los posibles inversores.
El Sr. Musk afirma ahora que las restricciones a su libertad de expresión violan la Primera Enmienda y que fue coaccionado en el acuerdo.
La disposición de control «restringe el discurso del Sr. Musk incluso cuando es veraz y preciso. Se extiende al discurso no cubierto por las leyes de valores y sin relación con la conducta subyacente a la acción civil de la SEC contra el Sr. Musk», dijeron sus abogados en documentos judiciales.
La disposición exigía al Sr. Musk «aceptar una restricción previa de gran alcance sobre su discurso: debe obtener una ‘aprobación previa’ explícita antes de participar en una ‘comunicación escrita’ sobre una amplia gama de temas».
Esto constituía una restricción en violación de la doctrina de las condiciones inconstitucionales, que sostiene que el gobierno no puede penalizar a un individuo por ejercer un derecho constitucional, argumentó su equipo legal. En concreto, el gobierno no puede imponer condiciones a la disponibilidad de un beneficio gubernamental si un individuo acepta renunciar al ejercicio de tal derecho.
La SEC argumentó que el Sr. Musk renunció a su derecho a impugnar las disposiciones cuando firmó el acuerdo.
La Corte de Apelación del Segundo Circuito de EE. UU. se puso de parte de la SEC, dictaminando que Musk no podía impugnar porque ya había accedido a las exigencias de la agencia.
La Corte Suprema denegó la petición de certiorari, o revisión, en el caso Musk contra la SEC, en una orden no firmada el 29 de abril. Ningún juez disintió. La corte no explicó la decisión. Al menos cuatro de los nueve jueces deben votar a favor de una petición para que avance a la fase de argumentación oral.
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