El 11 de octubre, la Corte Suprema rechazó la petición de un detective de bloquear el mandato de la vacuna contra el COVID-19 de la ciudad de Nueva York para los trabajadores municipales.
Anthony Marciano, detective del Departamento de Policía de Nueva York, demandó a la ciudad por el mandato, que se aplica a todos los empleados municipales.
Un juez de la Corte Suprema de Nueva York bloqueó el mandato a finales de diciembre de 2021, pero esa orden de restricción temporal fue disuelta por un tribunal de apelación, lo que llevó a Marciano a solicitar la intervención de la Corte Suprema.
La primera solicitud de emergencia de Marciano fue rechazada por la jueza Sonia Sotomayor, nominada por Obama. Volvió a presentarla en septiembre. La nueva solicitud superó la fase inicial cuando el juez Clarence Thomas, nombrado por George H.W. Bush, la distribuyó al pleno del tribunal.
Pero cinco o más jueces rechazaron el martes la solicitud, que buscaba una orden judicial preliminar contra el mandato.
El tribunal no identifica cómo actúa cada juez en las solicitudes de medidas cautelares ni enumera el recuento de votos, pero según las normas del tribunal, si el pleno considera una solicitud, cinco jueces deben estar de acuerdo para que el tribunal apruebe un bloqueo temporal.
Marciano había pedido a la máxima instancia judicial del país que interviniera mientras los procedimientos continúan en el Tribunal de Apelaciones de Estados Unidos para el Segundo Circuito.
«Seguiremos en el Segundo Circuito con el caso, y volveremos a avanzar si es necesario», dijo Patricia Finn, abogada que representa a Marciano, a The Epoch Times en un correo electrónico. «Somos optimistas para seguir adelante y esperamos llegar a la Corte Suprema en un futuro próximo y obtener una sentencia favorable».
Según Finn, el requerimiento solicitado puede haber quedado sin efecto cuando la Corte Suprema de Nueva York dictaminó el 23 de septiembre que el mandato de vacunación de la ciudad, en lo que se refiere a los miembros de la Asociación Benévola de la Policía (PBA, por sus siglas en inglés), un sindicato policial, era «inválido».
Un portavoz de la ciudad de Nueva York no respondió a una solicitud de comentarios. La ciudad tiene previsto poner fin a su mandato para los trabajadores privados el 1 de noviembre, pero no ha anunciado ninguna fecha para poner fin al mandato de los trabajadores públicos.
Marciano pidió a la Corte Suprema que interviniera porque no se había vacunado, pero dijo que la inminente fecha límite significaba que tenía que vacunarse o ser despedido.
Marciano ha dicho que presentó una solicitud religiosa de exención del mandato, pero que los funcionarios se la denegaron. La apelación de esa denegación sigue pendiente.
La apelación «probablemente será denegada junto con casi todas las demás solicitudes de exención y apelaciones, dado que el Ayuntamiento ha denegado el 99% de todas las exenciones religiosas y médicas de los trabajadores municipales a la vacunación [de la Autorización de Uso de Emergencia] Covid 19 hasta el momento», se afirma en la solicitud de requerimiento judicial.
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