La Corte Suprema no considerará una impugnación de Cal Cartage Transportation Express, una empresa de transporte, a la inusualmente restrictiva ley de clasificación de trabajadores de California que prácticamente proscribe la contratación independiente.
Los camioneros independientes dicen que la ley californiana conocida como AB5, que entró en vigor el 1 de enero de 2020, acabará con su industria al impedir que las empresas los contraten. La ley, que fue impulsada por trabajadores sindicalizados para tomar medidas contra la llamada economía de los trabajos por encargo (gig economy), representada por empresas como Uber y Lyft, se promulgó aparentemente para ayudar a los trabajadores impidiendo su «clasificación errónea». La ley es impopular en la comunidad empresarial de California.
La Corte Suprema aún no ha decidido si aceptará un recurso de la Asociación de Camioneros de California contra una sentencia de principios de 2021 de la Corte de Apelaciones del 9º Circuito de EE. UU. Como ya informó The Epoch Times, la asociación argumenta que el 9º Circuito se equivocó al rechazar su impugnación de la AB5, que, según dice, hace esencialmente imposible que los transportistas sigan dando trabajo a los propietarios-operadores independientes.
Los representantes de la asociación no respondieron al cierre de esta edición a una solicitud de comentarios sobre su reacción a la decisión de la Corte Suprema de no escuchar el caso de Cal Cartage.
La decisión de la Corte Suprema de no ocuparse del caso se produce semanas después de que un referéndum aprobado por los votantes de California que limitaba el alcance de la AB5 fuera invalidado por un juez estatal.
La Propuesta 22 de California fue aprobada por los votantes del estado en 2020, pero fue declarada inconstitucional en agosto por el juez del Tribunal Superior del Condado de Alameda, Frank Roesch. La medida, que permitía a Uber, Lyft, Door Dash, Instacart y otras empresas basadas en aplicaciones clasificar a sus trabajadores como contratistas independientes, infringía la autoridad de la legislatura estatal, dictaminó el juez. La Proposición 22 también contenía un texto que impedía la sindicalización de los conductores, lo cual violaba la norma de la Constitución estatal de que las leyes e iniciativas traten solo un tema, determinó Roesch.
La decisión de la Corte Suprema de rechazar la petición de certiorari, o revisión, llegó en una orden sin firma el 4 de octubre. Como es costumbre del alto tribunal, no proporcionó una razón para su decisión.
El caso es Cal Cartage Transportation Express LLC contra California. El recurso, que impugna una sentencia de la Corte de Apelaciones de California, del Segundo Distrito de Apelaciones, fue admitido a trámite por la Corte Suprema el 16 de abril.
Cal Cartage argumentó en la petición que la AB5 amenaza el modelo consagrado de propietario-operador, en el que los conductores que son dueños de sus propios vehículos trabajan como contratistas independientes, y que la ley se anteponía a las regulaciones federales relativas a las condiciones de trabajo de los camioneros.
La Ley de Autorización de la Administración Federal de Aviación de 1994 se creó para evitar que los estados socavaran la desregulación federal de la industria del transporte por carretera imponiendo sus propias regulaciones, afirmaba la petición.
«El Congreso se preocupó por el vertiginoso mosaico de leyes estatales con el que tenían que lidiar los transportistas —incluyendo las leyes que desalentaban el uso de conductores de camiones contratistas independientes, que forman la columna vertebral de la industria del transporte por carretera en todo el país— y decidió que la solución era impedir ampliamente todas las leyes estatales ‘relacionadas con un precio, ruta o servicio de cualquier transportista'», dice la petición.
Este texto impide que los estados sustituyan las fuerzas del libre mercado por su propio criterio regulador y permite a los transportistas realizar prácticas comerciales uniformes en todo el país.
«California, por otro lado (como varios otros estados, entre ellos Massachusetts e Illinois), ha tratado de obligar a los transportistas a dejar de contratar a camioneros propietarios independientes, prefiriendo en su lugar un modelo de empleados en el que los camioneros son trabajadores asalariados en lugar de empresarios», se lee en la petición. «Estos estados han promulgado la llamada ‘prueba ABC’ para la clasificación de los trabajadores, declarando que los trabajadores son empleados a menos que se dediquen a una línea de negocio diferente a la de las empresas que los contratan, un requisito que nunca puede cumplirse cuando un transportista contrata a un camionero».
La oficina del fiscal general de California, el demócrata Rob Bonta, no respondió a una solicitud de comentarios al cierre de esta edición.
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