La Corte Suprema ha dictaminado esta mañana por 6-3 que la Ley de Aire Limpio no otorga a la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos (EPA, por sus siglas en inglés) un amplio poder para regular las emisiones de dióxido de carbono que, según una teoría popular, contribuyen al calentamiento global.
El presidente de la Corte Suprema, John Roberts, escribió la opinión mayoritaria (pdf) en el caso Virginia Occidental contra la EPA, expediente judicial 20-1530. A Roberts se unieron los otros cinco conservadores del tribunal. Los tres jueces liberales del tribunal disintieron.
Si bien «[c]aptar las emisiones de dióxido de carbono a un nivel que obligue a una transición a nivel nacional para dejar de usar el carbón para generar electricidad puede ser una ‘solución a la crisis del día’ sensata», escribió Roberts, citando un precedente de 1992, «no es plausible que el Congreso haya dado a la EPA la autoridad para adoptar por su cuenta tal esquema regulatorio en la Sección 111(d)» de la Ley de Aire Limpio.
«Una decisión de tal magnitud y consecuencia corresponde al propio Congreso, o a una agencia que actúe en virtud de una clara delegación de ese órgano representativo», escribió.
Virginia Occidental y otros 18 estados cuestionaron la autoridad que la Ley de Aire Limpio otorga a la EPA.
En 2016, la Corte Suprema anuló el Plan de Energía Limpia (CPP) de la era Obama, que ampliaba los controles sobre la industria. A continuación, la Administración de Trump, partidaria de la desregulación, dio un giro y relajó el control sobre el sector con su Regla de Energía Limpia Asequible (Regla ACE).
El 19 de enero de 2021, el Tribunal de Apelaciones de Estados Unidos para el Circuito del Distrito de Columbia anuló la Regla ACE, restaurando parte de la autoridad de la EPA en el caso American Lung Association vs EPA (pdf). El tribunal sostuvo que la EPA, bajo el mandato de Trump, había malinterpretado la sección 7411(d) de la Ley de Aire Limpio.
Durante los argumentos orales ante el alto tribunal, la procuradora general de Virginia Occidental, Lindsay See, dijo que el Congreso había ordenado a la EPA que se asociara con los estados «para regular en un nivel específico de fuente, lo que significa identificar las medidas que los edificios particulares pueden tomar para reducir sus propias emisiones».
Pero el Circuito D.C. fue más allá, dijo See, dando a la EPA «un poder mucho más amplio … para remodelar el sector energético de la nación, o la mayoría de cualquier otra industria para el caso, eligiendo qué fuentes deben existir en absoluto, y el establecimiento de normas para que esto suceda».
Lo hizo a pesar de que la generación de electricidad «es un aspecto omnipresente y esencial de la vida moderna y se encuentra directamente en la zona tradicional de los estados» de la autoridad reguladora, dijo el abogado.
«Sin embargo, la EPA puede ahora regular de manera que cuesta miles de millones de dólares, afecta a miles de empresas y está diseñada para abordar un problema con efecto mundial. Se trata de un poder político importante bajo cualquier definición», dijo See, y añadió que la Ley de Aire Limpio «no autorizó este poder transformador».
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