La Corte Suprema de Estados Unidos falló el viernes a favor del Pentágono, concediendo temporalmente la petición del Departamento de Defensa de permitir a los comandantes de la Marina de Estados Unidos considerar el estado de vacunación contra COVID-19 al decidir si desplegar a los Navy SEAL u otro personal especial de guerra de la Marina.
La decisión, que anula una orden de un tribunal de distrito aplicada en enero, permanecerá en vigor hasta que se resuelvan los litigios en curso en otros tribunales inferiores.
«En este caso, el Tribunal de Distrito, aunque sin duda bien intencionado, en efecto se insertó en la cadena de mando de la Marina, anulando los juicios militares profesionales de los comandantes militares», escribió en una opinión concurrente (pdf) el juez Brett Kavanaugh, nombrado por el expresidente Donald Trump.
Su declaración se asemeja a un argumento que la administración Biden presentó a la Corte Suprema a principios de marzo (pdf), que dice, en parte que «al exigir a la Marina que despliegue y asigne a los demandados sin tener en cuenta su estado de vacunación, el tribunal de distrito se insertó efectivamente en la cadena de mando de la Marina».
Kavanaugh también escribió que la Ley de Restauración de la Libertad Religiosa «no garantiza la intrusión judicial en los asuntos militares en este caso», añadiendo que «esto se debe a que la Marina tiene un interés extraordinariamente convincente en mantener el control estratégico y operativo sobre la asignación y el despliegue de todo personal de Guerra Especial, incluyendo el control de las decisiones relacionadas a la preparación militar por lo que ningún método menos restrictivo podría satisfacer ese interés en este contexto».
Los jueces Samuel Alito, Neil Gorsuch y Clarence Thomas disintieron.
En su opinión disidente, el juez Alito, quien fue nombrado por el expresidente George W. Bush, calificó el fallo como una «gran injusticia».
«Estoy de acuerdo en que la Armada tiene un interés imperioso de evitar que la infección por COVID-19 perjudique su capacidad para llevar a cabo sus responsabilidades vitales, así como un interés imperioso en minimizar cualquier riesgo grave para la salud del personal de la Armada”.
«Pero el rechazo sumario por parte de la Marina de las solicitudes de exenciones religiosas de los demandados no es en absoluto un medio menos restrictivo de promover esos intereses».
Alito también dijo que disiente debido al lenguaje de la solicitud presentada por la administración Biden a la Corte Suprema y a la orden del alto tribunal, que, según él, «permite a la Armada utilizar la condición de no vacunados de los demandados como razón para ordenarles que realicen cualquier tarea o función que la Armada quiera, incluida la de sentarse solos en una habitación apartando papeles o leyendo manuales mientras dure el proceso de apelación».
Según el juez, el gobierno de Biden no ha demostrado «un interés imperioso» para obtener el nivel de reparación que pide a la Corte Suprema.
«Yo no aprobaría el lenguaje propuesto por el Gobierno», continuó Alito. «Aunque no estoy seguro de que la Marina tenga derecho a ninguna reparación en esta etapa, también soy cauteloso, como lo fue el Tribunal de Distrito, sobre la interferencia judicial con la toma de decisiones militares sensibles».
La sentencia se produce en medio de una demanda legal por la orden de vacunación contra COVID-19 del Pentágono, presentada por un grupo de 35 miembros del servicio de Guerra Especial de la Armada no vacunados —entre ellos 26 SEAL de la Armada— que buscaban exenciones religiosas al mandato.
«La estrecha mantención parcial de la Corte no impedirá nuestra misión de garantizar que los miembros del servicio de Estados Unidos no pierdan su libertad religiosa. Como dijo el juez Alito, esto es una ‘gran injusticia'», declaró a Fox News, Mike Berry, consejero general del First Liberty Institute, el bufete de abogados sin ánimo de lucro que presentó la demanda en nombre de los miembros del servicio de guerra especial de la Marina.
Ida y vuelta de la batalla legal
En la demanda presentada en 2021, los miembros del servicio de la Marina argumentaron que el proceso de exención religiosa de la administración Biden era una farsa porque no se había concedido ninguna. También dijeron que tenían derecho a una exención religiosa en virtud de la Ley de Restauración de la Libertad Religiosa.
En enero, un juez federal dijo que el grupo tenía derecho a rechazar la vacuna basándose en sus creencias religiosas y les concedió una orden judicial preliminar que prohibe al Pentágono tomar cualquier medida contra ellos —cómo disciplinarlos o despedirlos— por rechazar la vacuna contra COVID-19 mientras se desarrollaba el litigio.
«Nuestra nación pide a los hombres y mujeres de nuestro ejército que sirvan, sufran y se sacrifiquen. Pero no les pedimos que dejen de lado su condición de ciudadanos y renuncien a los mismos derechos que han jurado proteger», escribió en su orden el juez de distrito Reed O’Connor, nominado por George W. Bush (pdf).
Los demandados en dicha demanda son el presidente Joe Biden, el Pentágono, el secretario de Defensa Lloyd Austin y el secretario de la Marina Carlos Del Toro. Los demandados pidieron a continuación a la Corte de Apelaciones del Quinto Circuito de EE.UU. que suspenda parte de la orden de enero para que los mandos de la Armada puedan seguir teniendo en cuenta el estado de vacunación a la hora de tomar decisiones de despliegue, asignación y otras decisiones operativas.
Ellos argumentaron que «obligar a la Marina a desplegar a los demandantes mientras no están vacunados amenaza el éxito de las misiones críticas y pone en peligro innecesariamente la salud y la seguridad de otros miembros del servicio».
El gobierno de Biden no trató de bloquear el otro aspecto de la sentencia del juez federal que prohibió al Pentágono tomar medidas contra los miembros del servicio por negarse a recibir la vacuna.
La Corte de apelaciones con sede en Nueva Orleans denegó la solicitud el 28 de febrero (pdf). El panel de tres miembros dijo que los demandados no habían logrado demostrar «intereses primordiales» que justificaran la vacunación de los demandantes «en violación de sus creencias religiosas».
«Suspender parcialmente la orden judicial preliminar en espera de la apelación perjudicaría sustancialmente a los demandantes», añadieron.
Posteriormente, a principios de marzo, la administración Biden presentó una solicitud de emergencia en la que pidió a la Corte Suprema de EE. UU. que interviniera en el caso para que el Pentágono pueda evitar el despliegue de miembros del servicio no vacunados contra COVID-19.
«Prohibir a la Marina que tenga en cuenta el estado de no vacunación de los demandados a la hora de tomar decisiones de despliegue u otras asignaciones pondrá en peligro el éxito de cualquier misión a la que sean asignados», dijo Elizabeth Prelogar, procuradora general, en la solicitud (pdf).
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