La Corte Suprema escuchará los argumentos orales el 28 de noviembre en torno a la doble incriminación y cómo los tribunales pueden revisar la determinación del Departamento de Justicia de que un inmigrante ilegal no debe ser expulsado debido a «dificultades excepcionales y extremadamente inusuales».
Ese lenguaje procede de la Ley de Inmigración y Nacionalidad (INA, por sus siglas en inglés), que permite al fiscal general de EE. UU. tomar tal determinación bloqueando la expulsión. La ley incluye una salvedad que permite a los tribunales federales revisar «las reclamaciones constitucionales o cuestiones de derecho» relacionadas con la forma en que el Departamento de Justicia decidió el caso de un inmigrante.
No está claro, sin embargo, qué significa exactamente «reclamaciones constitucionales o cuestiones de derecho» en términos de lo que los tribunales federales pueden revisar, y múltiples tribunales de apelación han adoptado posiciones contradictorias.
El gobierno de Biden argumenta que los tribunales no deberían poder revisar la determinación de dificultades del DOJ porque esa determinación «presenta cuestiones irrevisables de hecho y discreción administrativa, no ‘cuestiones de derecho'».
Situ Wilkinson, el peticionario en Wilkinson vs Garland, no está de acuerdo. El Sr. Wilkinson sostiene que los tribunales deberían poder revisar la decisión del DOJ de rechazar una determinación por dificultad para él y otros.
El Sr. Wilkinson es originario de Trinidad y Tobago, pero se quedó más tiempo del que le permitía su visado de turista en Estados Unidos.
En su petición ante la Corte Suprema alega que es la única fuente de ingresos de su hijo, que padece asma, y de su madre, que sufre depresión. Su hijo también está pasando por dificultades debido a que su padre está detenido por motivos de inmigración.
Funcionarios federales de inmigración lo habían detenido cuando compareció ante un tribunal de Pensilvania por cargos que finalmente fueron retirados, según su petición a la Corte Suprema.
El Tribunal de Apelaciones de EE. UU. para el Tercer Circuito se negó a revisar la determinación del DOJ que el Sr. Wilkinson se encontró con el tipo de dificultades extraordinarias necesarias para frustrar la expulsión en virtud de la INA.
Esa decisión dio lugar a la petición del Sr. Wilkinson, que pide a la Corte Suprema que considere la determinación del DOJ sobre las dificultades extraordinarias como una cuestión mixta de hecho y de derecho, en lugar de una mera cuestión de derecho, permitiendo a tribunales como el tercer circuito revisar esas determinaciones.
McElrath contra Georgia, el otro caso programado para los argumentos orales, se refiere a un hombre que fue juzgado por apuñalar y matar a su madre adoptiva.
El jurado en su juicio presentó una situación difícil para los tribunales superiores, ya que dijo que era a la vez culpable, pero mentalmente enfermo, de delito grave de asesinato y asalto agravado, así como no culpable de asesinato doloso, o un homicidio cometido con malicia expresa o implícita, por razón de locura.
La Corte Suprema de Georgia dijo que «determinó que los veredictos del jurado sobre los cargos de homicidio doloso y asesinato eran repugnantes porque no podían existir lógica o legalmente de forma simultánea».
Añadió que «determinamos, basándonos en las pruebas presentadas en el juicio, que no era legalmente posible que McElrath estuviera simultáneamente cuerdo (culpable pero mentalmente enfermo) y demente (no culpable por razón de demencia) durante el único episodio de apuñalar a su madre».
En ese sentido, dijo el tribunal, la situación del Sr. McElrath se asemejaba más a un juicio nulo y que «los veredictos repugnantes no dieron lugar a un acontecimiento que pusiera fin al peligro». Por lo tanto, el tribunal dijo que al Sr. McElrath se le podía retirar el cargo de asesinato doloso.
El Sr. McElrath argumenta que la decisión de la corte suprema del estado, si se deja en vigor, «ampliaría las circunstancias en las que las personas en Georgia pueden enfrentarse a un segundo juicio por cargos penales mucho más allá de lo que es permisible bajo los precedentes [de la Corte Suprema]».
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