La Corte Suprema ha restablecido un fallo de USD 4300 millones en daños punitivos contra Sudán por brindar apoyo material y refugio al grupo terrorista islámico al-Qaeda, que fue responsable de los atentados mortales a las embajadas de Estados Unidos en África Oriental a fines de la década de 1990.
La decisión es una victoria para la administración Trump, que argumento en favor de las víctimas del terrorismo.
En la decisión 8-0 en Opati vs República de Sudán, que se produjo el 18 de mayo, el tribunal superior revocó la decisión de la Corte de Apelaciones del Circuito de D.C. que rechazó la anterior demanda por daños punitivos. En este caso, no se discutieron otros USD 5900 millones en daños no punitivos. Si bien Sudán no defendió legalmente esos reclamos y perdió por incumplimiento, el gobierno del país contrató abogados para impugnar el reclamo por daños punitivos.
La corte de apelaciones determinó que la Ley de Inmunidad de Soberanía Extranjera (FSIA, por sus siglas en inglés) excluía la indemnización por daños que ocurrieron antes de que se enmendara el estatuto en 2008, pero la Corte Suprema rechazó esa conclusión.
La nueva opinión fue escrita por el juez Neil Gorsuch. El juez Brett Kavanaugh, que solía ser miembro de la corte de apelaciones, no participó en el caso. Los argumentos orales se escucharon el 24 de febrero.
La Corte Suprema no aceptó la declaración de Sudán en la que se afirmaba que el Congreso tenía «que proporcionar una declaración súper clara cuando desee autorizar» daños punitivos «porque los daños retroactivos de las condenas punitivas plantean preocupaciones constitucionales especiales», escribió Gorsuch.
«El Congreso fue tan claro como pudo al permitir a los demandantes que buscaran y obtuvieran daños punitivos por conductas pasadas», escribió el juez para el tribunal.
El caso se consideró inusual porque los demandantes pedían una indemnización, no sólo por los 12 estadounidenses muertos y heridos en los mortíferos atentados de 1998 contra las embajadas de Estados Unidos en Dar es Salaam (Tanzanía) y Nairobi (Kenya), sino también para los empleados que no eran ciudadanos estadounidenses y que trabajaban para esas misiones diplomáticas. Los ataques dejaron más de 200 muertos y miles de heridos. Alrededor de 600 personas firmaron como demandantes en la acusación.
Bajo el dictador Omar al-Bashir, quien fue presidente del país desde junio de 1989 hasta que fue derrocado por un golpe de estado en abril de 2019, Sudán albergaba y proporcionaba refugio a los grupos terroristas islámicos. Se cree que el líder de Al-Qaeda, Osama bin Laden, vivió en Sudán durante la década de 1990. Un gobierno civil-militar provisional está en el poder en Jartum y se espera que se realicen elecciones democráticas en 2021.
Después de los cambios revolucionarios que han tenido lugar en el país, Sudán ahora quiere normalizar las relaciones con Estados Unidos para que pueda volver a ingresar a la comunidad internacional y obtener acceso al capital internacional. En sus últimos días en el cargo, el entonces presidente Barack Obama comenzó a levantar las sanciones estadounidenses contra Sudán. Su sucesor, el presidente Donald Trump, también ha revocado las sanciones estadounidenses contra ese país.
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