La Corte Suprema de Estados Unidos tiene previsto escuchar el 27 de noviembre los argumentos orales sobre cómo los tribunales deben condenar a los acusados de delitos penales en virtud de la ley federal llamada Ley del criminal de carrera armado (ACCA).
En la ley aprobada en 1984, la ACCA impone una pena mínima de 15 años a quienes posean ilegalmente un arma de fuego y hayan sido condenados por tres delitos violentos o graves delitos de drogas. Al cambiar las prohibiciones sobre drogas de las leyes federales y estatales ha surgido un problema. Dos casos cuestionan la idea de que los delincuentes deban recibir la condena de 15 años en función de cómo las distintas leyes clasifican determinadas drogas en momentos concretos del proceso judicial.
Jackson vs. Estados Unidos cuestiona si la ACCA incorpora las listas federales de drogas que estaban activas en el momento del delito inicial de drogas o cuando el acusado viola la prohibición de la ACCA sobre la posesión de un arma de fuego. Brown vs. Estados Unidos, por su parte, cuestiona si los tribunales deben tener en cuenta las listas federales de drogas que estaban en vigor cuando el acusado fue condenado.
Las disposiciones de la ACCA han creado lo que se conoce como una «división de circuitos», ya que múltiples cortes de apelaciones han discrepado sobre cómo determinar si un delito penal cumple los requisitos de la ley para la imposición de las penas. Reconociendo el conflicto en las cortes de apelación, la administración Biden pidió a la Corte Suprema que levantara el caso de Jackson vs. Estados Unidos, sosteniendo el otro, «y luego dispusiera [el otro] como lo apropiado a la luz de Jackson».
La procuradora general de Estados Unidos, Elizabeth Prelogar, argumentó que los jueces deben considerar que un delito es un «delito grave de drogas» si se calificó como tal cuando el acusado cometió el delito.
Eugene Jackson se declaró en 2017 culpable de un cargo de posesión de un arma de fuego como delincuente. Él tenía cinco condenas anteriores, entre ellas una por robo a mano armada, otra por agresión a un agente de la ley y otra por agresión con agravantes con un arma mortal. Tanto la acusación pública como la corte de distrito en el caso del Sr. Jackson coincidieron en que la agresión a un agente del orden no se consideraba un delito violento según la lista de delitos de la ACCA que merecerían una pena mínima de 15 años.
Las dos condenas restantes consistían en una de 1998 por venta de cocaína y otra de 2004 por posesión con intención de vender cocaína. Sin embargo, la Corte de Apelación del Undécimo Circuito de EE. UU. dictaminó en 2022 que esas condenas no constituían «delitos graves relacionados con drogas» según la ACCA porque tanto Florida como el gobierno federal habían eliminado un tipo particular de cocaína, el ioflupano, de sus sustancias controladas, antes de que el Sr. Jackson poseyera el arma de fuego en 2017.
En su opinión, la corte explicó que analizó las condenas del Sr. Jackson con el «enfoque categórico», en el que la Comisión de Sentencias de Estados Unidos describió como «el método para determinar si un delito (generalmente de una condena previa) encaja dentro de una definición determinada (…) Para hacerlo, la corte debe comparar los elementos del delito anterior con la definición pertinente».
«Bajo el enfoque categórico, las cortes no pueden examinar la conducta subyacente a la condena anterior, solo el estatuto de la condena, para determinar los elementos del delito anterior».
El otro caso involucra a un hombre llamado Justin Brown, quien argumentó que la ACCA no debería aplicarse a su condena estatal por posesión de marihuana porque el gobierno federal, por el contrario, despenalizó efectivamente el cáñamo a través de la Ley de Mejora de la Agricultura. Debido a que el cáñamo fue eliminado de la prohibición federal de la marihuana, presentó una definición más estricta de la droga en comparación con la ley estatal.
La Corte de Apelaciones del Tercer Circuito de Estados Unidos dictaminó que los tribunales deberían sentenciar basándose en la versión de la ley federal vigente cuando el delincuente violó la ACCA o se descubrió que estaba en posesión de un arma de fuego. Por otro lado, la Corte de Apelaciones del Cuarto Circuito de Estados Unidos dijo que los tribunales deben aplicar la versión de la ley federal vigente cuando el acusado se somete a sentencia por violar la ACCA.
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