La Suprema Corte de Justicia de la provincia de Buenos Aires suspendió este martes el fallo que habilitaba la prisión domiciliaria masiva de reclusos que integran el grupo de riesgo en caso de contagio del virus del PCCh (Partido Comunista Chino), comúnmente conocido como nuevo coronavirus y que había generado amplias críticas de diversos sectores de la sociedad y familiares de víctimas.
El máximo tribunal del distrito argentino declaró admisible el recurso de queja presentado por la fiscalía y suspendió provisionalmente el hábeas corpus colectivo del Tribunal de Casación Penal de la provincia, informaron fuentes judiciales.
La Corte resolverá en tanto en los próximos días la cuestión de fondo, acerca de si las excarcelaciones colectivas son correctas o fueron mal concedidas.
Cacerolazos en contra de las excarcelaciones
Los fallos judiciales que habilitaron la prisión domiciliaria a reclusos en grupos de riesgo, entre ellos un hombre acusado de violar a una menor pese a que la medida no beneficiaba a condenados o sospechados de delitos graves, generaron un fuerte repudio social en un masivo «cacerolazo» de protesta el jueves pasado.
Familiares de víctimas y otras agrupaciones también rechazaron que se otorgue el arresto domiciliario a «aquellas personas que ya han demostrado que son peligrosas para la sociedad».
Ante la reacción popular, el presidente argentino, Alberto Fernández, aclaró a través de Twitter su «oposición a ejercer la facultad del indulto».
«Digo esto en momentos en que una campaña mediática se desata acusando al Gobierno que presido de querer favorecer la libertad de quienes han sido condenados» y subrayó que la decisión «está en manos de los tribunales».
La ministra de Justicia argentina, Marcela Losardo, también separó al Gobierno de las decisiones judiciales y aseguró que «no existe un plan de liberación generalizada de presos», al aclarar que de un total de 12,579 detenidos en el sistema federal de todo el país, «salieron 320 con prisión domiciliaria y lo determinó el Poder Judicial».
En tanto, se estima que varios cientos de presos fueron beneficiados con la prisión domiciliaria en la provincia de Buenos Aires.
Cárceles superpobladas
El sistema penitenciario argentino registra una superpoblación en sus cárceles, en particular en las de la provincia de Buenos Aires, donde cerca de 45,000 personas se encuentran privadas de su libertad en prisiones con capacidad para unas 26.000, por lo que padecen condiciones de hacinamiento que podrían acelerar la transmisión del coronavirus.
Desde marzo se produjeron violentos motines en cárceles de distintos puntos del país, con un saldo de varios muertos y heridos, en demanda de mayores medidas sanitarias y la excarcelación de reclusos en grupos de riesgo, entre otras condiciones, mientras más de 1.200 presos iniciaron una huelga de hambre.
El gobernador bonaerense, el oficialista Axel Kicillof, anunció este martes que ampliará la capacidad de alojamiento de las cárceles de su distrito.
Kicillof subrayó que «la decisión de otorgar una prisión domiciliaria es del Poder Judicial y no del Ejecutivo» y subrayó que «este gobierno no coincide cuando se le da domiciliaria a quien cometió delitos de gravedad exponiendo a las víctimas».
«Eso tiene que ser por decisión del Poder Judicial. Yo no lo puedo hacer. Lo único que yo puedo hacer es ampliar la capacidad carcelaria y garantizar las condiciones de detención bajo medidas de higiene y seguridad», sostuvo el funcionario.
Argentina registró hasta el momento 4887 casos confirmados de coronavirus, de los cuales 262 fallecieron y otros 1472 ya recibieron el alta médica.
El Gobierno nacional dispuso un aislamiento social preventivo y obligatorio hasta el 10 de mayo, pero se estima que las restricciones continuarán -aunque con cierta flexibilización- después de esa fecha, principalmente en el área metropolitana de Buenos Aires, donde se detectó el 62 % de los casos del COVID-19.
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