Crean nueva norma federal contra el lavado de dinero en el sector inmobiliario residencial

Delincuentes, funcionarios corruptos y terroristas se han aprovechado de entidades jurídicas y fideicomisos para blanquear dinero a través de operaciones inmobiliarias, según el Tesoro estadounidense

Por Naveen Athrappully
02 de septiembre de 2024 10:00 PM Actualizado: 02 de septiembre de 2024 10:00 PM

La Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN), del Tesoro de EE.UU., introdujo un nuevo requisito de información destinado a reprimir la financiación ilegal en el sector inmobiliario residencial.

La FinCEN había propuesto que las personas implicadas en cierres y liquidaciones inmobiliarias tuvieran que informar de las transferencias consideradas de “alto riesgo de actividad financiera ilícita” por el Tesoro, según un aviso publicado el 29 de agosto en el Registro Federal.

La norma entrará en vigor el 1 de diciembre de 2025.

Estas transacciones se identificaron como “transferencias no financiadas” de bienes inmuebles residenciales a personas jurídicas y fideicomisos.

Las transferencias no financiadas no implican la concesión de crédito a los cesionarios de la propiedad e incluyen las “ventas totalmente en efectivo”, según la agencia.

La norma final exige que determinadas personas físicas implicadas en dichas transferencias presenten un “Informe de bienes inmuebles” sobre estas transacciones.

El declarante debe ser una persona física que haya intervenido en el cierre y la liquidación de la operación inmobiliaria. “Las transferencias a particulares, así como determinadas transferencias utilizadas habitualmente en la planificación del patrimonio, no tienen que declararse”, señala el Registro Federal.

La FinCEN señaló que el Departamento del Tesoro reconoce desde hace tiempo los riesgos de financiación ilícita que entrañan las transacciones inmobiliarias residenciales, ya que los delincuentes, los funcionarios corruptos y los terroristas utilizan entidades jurídicas opacas y fideicomisos para llevar a cabo este tipo de operaciones.

Un mercado inmobiliario ilícito supone una amenaza para la seguridad económica y nacional de Estados Unidos, y puede perjudicar a particulares y pequeñas empresas que intenten competir lealmente en el mercado, afirma la norma.

Según un comunicado de prensa del 28 de agosto, la agencia afirma que la norma aumentará la transparencia sobre las transferencias de bienes inmuebles, impedirá que las personas blanqueen ingresos ilícitos a través del mercado inmobiliario e impulsará la aplicación de la ley.

“El Departamento del Tesoro trabaja intensamente para desbaratar los intentos de utilizar Estados Unidos para ocultar y blanquear ganancias mal habidas”, declaró la Secretaria del Tesoro, Janet L. Yellen.

FinCEN afirma que trabaja para minimizar las cargas de los declarantes. La norma final permite a los declarantes basarse en la información obtenida de otros particulares para presentar los informes sobre bienes inmuebles.

En los comentarios remitidos al FinCEN por la Asociación Nacional de Agentes Inmobiliarios (NAR), la organización afirma que apoya las “soluciones pragmáticas” para combatir la financiación ilícita y el blanqueo de capitales en el sector inmobiliario.

Sin embargo, “la norma no debe ser excesivamente amplia para que la FinCEN recopile más información de la necesaria para impedir que los malos actores se dediquen a delitos ilícitos relacionados con el sector inmobiliario”, señaló la NAR.

El grupo también pidió que FinCEN no exija “profesionales de bienes raíces para proporcionar información sobre el origen de los fondos utilizados para cubrir la venta de cualquier transacción de bienes raíces no financiados”.

“La obtención de información sobre el origen de los fondos de los consumidores o clientes puede poner a los profesionales inmobiliarios en una situación precaria y extremadamente peligrosa al requerir que los profesionales inmobiliarios sirvan en una aplicación de la ley o trabajen en una capacidad de investigación”.


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