Aquellos que extraen órganos de inocentes vivos con sus bisturís no son los únicos cómplices del delito de sustracción forzada de órganos. El silencio equivale también a complicidad.
Ese fue uno de los argumentos planteados en una mesa redonda virtual el 23 de marzo celebrada de manera paralela a una reunión del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, donde un grupo formado por un legislador británico, médicos, abogados y activistas debatió la falta de acción durante una década en relación con el con el tráfico de órganos autorizado por el Estado comunista chino, que ha provocado la muerte de un número incalculable de creyentes.
La evidencia de la sustracción forzada de órganos bajo la supervisión del régimen chino aparecieron por primera vez en 2006. Ese año, varios testigos se pusieron en contacto con The Epoch Times para dar fe de la existencia de esta horrible práctica, que esencialmente convertía al vasto grupo de prisioneros de conciencia chinos, muchos de los cuales eran practicantes de la perseguida fe Falun Gong, en un banco de órganos vivos.
Falun Gong es una práctica espiritual que consiste en ejercicios de meditación y enseñanzas morales basadas en los principios de Verdad, Benevolencia y Tolerancia. El régimen comunista lanzó una amplia campaña de persecución contra los practicantes en 1999 y ha detenido a millones de practicantes en prisiones, campos de trabajos forzados y otras instalaciones desde ese momento.
Han pasado 16 años desde los primeros reportes de la sustracción de órganos y el progreso ha sido lento para detener este acto ilícito, mientras que la concienciación ha sido limitada. Ha habido resoluciones del Congreso de EE. UU. y del parlamento de la UE que condenan el tema, y algunos países han prohibido el turismo de órganos. Sin embargo, los participantes en la mesa redonda señalaron que actualmente no existe ninguna ley que obligue a los perpetradores a rendir cuentas.
Parte de esta inacción se debe a la falta de comprensión de la magnitud del problema, incluso entre los integrantes de la comunidad de trasplantes. El Dr. Weldon Gilcrease, especialista en cáncer gastrointestinal de la Universidad de Utah, calcula que tan solo entre el 5 y el 10 % de la comunidad médica ha oído hablar sobre la sustracción forzada de órganos. Incluso entre los que están enterados, muchos se muestran pasivos ante la problemática, esperando que el problema desaparezca por sí solo, dijo al grupo.
Cuando el régimen chino dijo que dejaría de usar órganos de los condenados a muerte y que establecería un sistema de donación voluntaria de órganos en 2015, «la esperanza era que pudiéramos creerles y colaborar y cooperar con ellos», dijo Gilcrease, refiriéndose al pensamiento generalizado dentro de la comunidad médica.
Fue la misma postura que adoptó el mundo cuando China se unió a la Organización Mundial de la Salud, dijo.
«Nuestra esperanza era convencer o incidir al Partido Comunista Chino y a China con nuestra moral, nuestros valores y nuestra ética médica. Pero sucedió lo contrario», dijo, señalando que nueve científicos médicos de alto nivel en Estados Unidos han abandonado sus respectivas instituciones debido a vínculos no revelados con el Partido Comunista Chino, según el recuento de Gilcrease.
En 2020, un tribunal popular independiente no encontró pruebas de que la matanza por órganos del régimen hubiera cesado.
La incapacidad de los gobiernos para investigar, dijo el tribunal, «ha permitido que muchas personas mueran horrible e innecesariamente».
El Partido Comunista Chino ha estado «tomando el pelo a esta gente, diciendo: ‘Haremos el cambio que quieren, hemos hecho el cambio que quieren, cambiaremos las leyes, hemos cambiado las leyes’, y así sucesivamente», dijo David Matas, un abogado investigador canadiense que ha estado dando seguimiento sobre el tema desde 2006, refiriéndose a la comunidad sanitaria internacional.
«Pero no hay ninguna investigación», dijo. «No hay transparencia, no hay investigación, es solo una especie de engaño y, por supuesto, estas personas no quieren admitir que han sido engañadas».
Han pasado más de dos décadas desde que el régimen chino comenzó su campaña de erradicación contra Falun Gong, cuya intensidad ha crecido en paralelo a la industria china de trasplantes de órganos, según han constatado los investigadores.
El abogado español de derechos humanos Carlos Iglesias recordó cómo, entre 2014 y 2017, la Universidad de Barcelona estuvo dando capacitación a médicos chinos sobre los trasplantes de órganos a pesar de que ya había sido advertida sobre el robo de órganos.
«Es un acuerdo comercial lógicamente pagado y posiblemente con dinero del PCCh», dijo a The Epoch Times.
«Existen estos vínculos, estos enlaces entre los funcionarios médicos de alto rango y el Partido Comunista Chino».
“Tienen que alejarse de este mal. Están siendo cómplices y tienen que saberlo, necesitan ser conscientes».
«Es hora de despertar».
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