Dos condados de Carolina del Norte que cancelaron acuerdos de cooperación con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) de EE. UU. experimentaron posteriormente un aumento de los crímenes violentos, según un informe reciente.
El informe, del Immigration Reform Law Institute (IRLI), llega en un momento en el que los legisladores de izquierda, liderados por el representante Ritchie Torres, un demócrata de Nueva York, piden una reducción drástica a los fondos para el llamado programa 287 (g), el cual crea un marco para la cooperación entre los oficiales de seguridad y las autoridades federales de inmigración. Fundado en 1986, IRLI es un bufete de abogados de interés público que se describe a sí mismo como «dedicado a lograr políticas de inmigración responsables que sirvan a nuestro interés nacional».
“Nombrado en honor a una sección de la Ley de Inmigración y Nacionalidad, el programa 287 (g) [facilita] una mayor colaboración entre ICE y las agencias de seguridad que firman estos acuerdos formales por escrito”, según IRLI.
“Las agencias participantes delegarán a algunos de sus oficiales para que realicen las funciones de los agentes de inmigración—tales como preguntar sobre el estatus migratorio y verificar la base de datos del Departamento de Seguridad Nacional (DHS). El resultado ha sido que los extranjeros ilegales bajo custodia local que son buscados por el ICE se identifican más rápidamente y el traslado de la custodia se agiliza mejor».
A partir de enero de 2021, el ICE había celebrado un total de 148 287 (g) acuerdos en todo el país. El ICE dice que el programa «continúa recibiendo comentarios abrumadoramente positivos de sus socios».
Grupos radicales como la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (ACLU, por sus siglas en inglés) instaron a la administración Biden a poner fin al programa por completo. Los críticos afirman que el programa de larga data socava la confianza en la seguridad en las comunidades de inmigrantes y desalienta a los extranjeros ilegales a acudir a la policía para pedir ayuda o denunciar crímenes. La ACLU incluso quiere que la administración ponga fin a la práctica de emitir órdenes de retención o solicitudes para que la policía local detenga a una persona por ICE más allá de su liberación programada.
Los demócratas, Garry McFadden, en el condado de Mecklenburg y, Gerald Baker, en el condado de Wake fueron elegidos como sheriffs en 2018 luego de prometer en la campaña electoral poner fin a los acuerdos 287 (g) de sus respectivos condados con ICE. La ACLU gastó 175,000 dólares en anuncios para ayudar a elegir a McFadden, informó NBC News. El grupo gastó 100,000 dólares en anuncios para ayudar a elegir a Baker, informó News & Observer, con sede en Raleigh.
Luego de su elección, Baker hizo alarde de su planificada no cooperación con el gobierno federal.
“Servimos a muchas comunidades”, dijo Baker, y agregó: “Queremos lograr que la Oficina del sheriff del condado de Wake trate a todos por igual y mejore la calidad de vida de todas y cada una de las personas. Se trata de humanidad. Se trata tan solo de preocuparse por las personas. Eso es una gran parte de lo que hará esta oficina en el futuro».
Los crímenes violentos aumentaron en los condados de Mecklenburg y Wake luego de que abandonaran el programa 287 (g).
Según la Oficina de Investigaciones del Estado de Carolina del Norte (NCSBI, por sus siglas en inglés), el condado de Mecklenburg experimentó un aumento en todas las categorías de crímenes violentos—incluyendo el asesinato, la violación, el robo y el asalto agravado—del 2018 a 2019 luego de que el nuevo sheriff asumiera el cargo. La tasa de crímenes violentos en el condado aumentó de 612.3 por cada 100,000 personas en 2018 a 688.1 por cada 100,000 personas en 2019, informó el NCSBI.
Si bien el condado de Wake no experimentó un aumento en todas las categorías de crímenes violentos, sí experimentó un aumento en los crímenes violentos en general entre 2018 y 2019. Las cifras del NCSBI muestran que la tasa de crímenes violentos en el condado aumentó de 244.2 por 100,000 personas en 2018 a 250.0 por 100,000 personas en 2019.
«Si el objetivo es hacer que las comunidades sean más seguras, cancelar los acuerdos 287 (g) es una de las peores cosas que pueden hacer los líderes electos”, dijo Dale L. Wilcox, director ejecutivo y consejero general de IRLI.
“La reducción en los traslados de custodia les permite a estos extranjeros volver a ingresar a la comunidad y la oportunidad de cometer crímenes adicionales. Los sheriffs antifronterizos que están haciendo campaña en contra de 287 (g) deben ser responsabilizados por sus electores por este imprudente abandono de sus responsabilidades principales», agregó.
Después de que los condados abandonaron el programa 287 (g), la cantidad de extranjeros que ellos trasladaron a ICE disminuyó significativamente, según el informe de IRLI.
El ICE envía formularios I-203 a ciertas jurisdicciones para trasladar a un detenido a custodia federal. En el condado de Mecklenburg, el ICE presentó 142 de estos formularios I-203 al condado en el año fiscal 2019, que comenzó varios meses antes de que McFadden pusiera fin al programa. Los 142 formularios I-203 indicaron el número más bajo desde el año fiscal 2007 en el condado—y un fuerte descenso de los 537 formularios I-203 presentados en el año fiscal 2018.
La disminución en el condado de Wake fue aún más dramático.
En el año fiscal 2018, 1556 extranjeros en la Oficina del sheriff del condado de Wake fueron trasladados al ICE. En el año fiscal 2019, la cifra se desplomó a solo 2 extranjeros. El año fiscal actual parece estar en una trayectoria similar, con solo 1 extranjero trasladado hasta ahora al ICE. Los traslados actuales que salen del condado de Wake son los más bajos registrados. Aunque el condado celebró un acuerdo 287 (g) en 2008, la oficina del sheriff apenas pudo proporcionar datos hasta 2012.
“Los datos del condado de Mecklenburg y del condado de Wake indican que un mayor número de criminales extranjeros están evitando ser detenidos y aprehendidos por el ICE, dejándolos en libertad para vagar por todo el estado”, concluye el informe de IRLI.
“Una misión fundamental de los oficiales de seguridad es salvaguardar sus comunidades, y estos sheriffs están fallando en esa misión cuando abandonan los acuerdos 287 (g)”, dijo en el informe el investigador principal de IRLI, Tom Homan, exdirector interino del ICE.
“Está muy de moda hoy que los funcionarios electos complazcan a los grupos de inmigrantes apoyando las leyes santuario y oponiéndose a los acuerdos 287 (g), sin embargo, esas acciones claramente resultan en más crímenes violentos y la muerte de personas inocentes. Es una tragedia nacional y no puede continuar”, agregó.
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