Más países de las Naciones Unidas se sumaron el 21 de octubre para reprobar al régimen comunista chino por sus abusos a los derechos humanos de los uigures y otras minorías musulmanas en la lejana región occidental de Xinjiang.
«Hemos visto un número creciente de informes sobre violaciones generalizadas y sistemáticas de los derechos humanos, incluidos informes que documentan torturas o tratos o castigos crueles, inhumanos y degradantes, esterilización forzada, violencia sexual y de género y separación forzada de niños», leyó el embajador de Francia ante la ONU, Nicolas De Riviere, en una declaración en nombre del grupo en la reunión del jueves.
La declaración fue respaldada por 43 naciones este año, después de que Turquía y otros países africanos como Liberia y Esuatini se unieran a ella.
En la carta conjunta, los 43 países expresaron su preocupación por las «graves restricciones a la libertad de religión o creencia y a las libertades de circulación, asociación y expresión, así como a la cultura uigur». También criticaron la «vigilancia generalizada» que se ejerce sobre los uigures y los miembros de otras minorías.
Las naciones pidieron al régimen «que permita el acceso inmediato, significativo y sin restricciones a Xinjiang de los observadores independientes, incluida la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos y su Oficina».
El régimen chino y sus partidarios respondieron. El enviado de Cuba leyó otra declaración en nombre de 62 países, entre ellos Irán, Corea del Norte y Venezuela, afirmando que esos abusos son asuntos internos de China.
El embajador de Beijing en la ONU, Zhang Jun, rechazó todas las críticas como «infundadas» en una conferencia de prensa después de la reunión de la ONU, acusando a Estados Unidos y otros países de difundir «mentiras trilladas».
En 2020, el embajador alemán Christoph Heusgen leyó una declaración de redacción similar en nombre de 39 países y en 2019, el Reino Unido leyó la primera condena firmada por 23 países en la reunión del Comité de Derechos Humanos de la Asamblea General.
La comunidad internacional ha criticado repetidamente la detención de hasta un millón de uigures y otras minorías musulmanas en «campos de reeducación política». El régimen afirmó que la campaña es para «combatir el terrorismo».
A pesar de la creciente presión, Beijing siguió denunciando todas las acusaciones y dijo el jueves que «la puerta de Xinjiang está siempre abierta».
La Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, solicitó examinar las graves violaciones de los derechos humanos en Xinjiang desde septiembre de 2018, pero no se han acordado los términos de su visita.
Louis Charbonneau, director de Human Rights Watch en la ONU, dijo que este año es la primera vez que «todos los grupos regionales de la ONU se unieron para pedir que las violaciones en Xinjiang se detengan y que los investigadores de la ONU tengan acceso inmediato».
«Los Estados miembros de la ONU deben establecer una comisión de investigación internacional para investigar formalmente los presuntos crímenes contra la humanidad en Xinjiang y recomendar vías para que los responsables rindan cuentas», dijo Charbonneau.
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