Comentario
Una señal de que no cree en lo que dice —o de que no sigue ninguno de los principios que invoca— es cuando se comporta de manera totalmente incoherente con sus creencias declaradas. Otra señal es cuando invoca un conjunto de principios en un contexto, pero un conjunto de principios totalmente contradictorios en otro. Todo esto es señal de una persona que no tiene ningún principio.
He observado de cerca el debate en torno a la ley provida de Texas, que hace que el aborto sea ilegal en prácticamente todos los casos después de las seis semanas de embarazo, y que faculta a los individuos y entidades privadas a demandar, no a las mujeres que abortan, sino a las clínicas, los médicos, las enfermeras y todos los demás facilitadores que practican el aborto. El efecto ha sido la creación de algo que no existía en Estados Unidos desde 1973, un estado de la unión en el que el aborto está en gran medida prohibido y no está disponible.
Pasemos ahora a cuatro contradicciones flagrantes en la condena progresista y liberal de la ley de Texas. La vicepresidenta Kamala Harris declaró que la ley era una flagrante violación del derecho de las personas a controlar sus propios cuerpos. Ese derecho, insistió, «no es negociable». Se trata de una obvia repetición del lema «Mi cuerpo, mi elección». Sin embargo, Harris dijo esto prácticamente en la víspera de que la Administración Biden-Harris anunciara una orden de vacunación a nivel nacional. Todo el mundo en el gobierno federal debe ser vacunado. Las empresas privadas con más de 100 empleados deben vacunar a todos sus empleados.
¡Espere! ¿Qué pasó con el derecho de las personas a controlar sus cuerpos? ¿Qué pasó con «Mi cuerpo, mi elección»? Evidentemente, el mismo principio que se invoca para obtener protección en un contexto se echa por la borda completamente en otro para imponer ordenes de vacunación so pena de multas y otros castigos.
Otra línea de ataque progresista contra la ley de Texas es que es un ataque a la democracia. El representante demócrata Eric Swalwell (D-Calif.) llegó a alegar que la ley de Texas representaba una «tiranía«. Sin embargo, la ley fue aprobada por una Cámara de Representantes de Texas electa, un Senado estatal de Texas electo, firmada por un gobernador de Texas electo, y confirmada por los tribunales de Texas. Incluso la Corte Suprema se negó a emitir una orden judicial que impidiera la entrada en vigor de la ley.
Entonces, ¿cómo es que una ley que es la expresión misma de la democracia —la voluntad del pueblo, expresada por sus representantes electos, y confirmada por el poder judicial como coherente con el estado de derecho— se convierte de alguna manera en tiránica? Swalwell no solo utiliza los términos de forma imprecisa, sino que los utiliza en un sentido invertido u orwelliano. La guerra es la paz. La mentira es la verdad. La democracia es tiranía.
Una tercera contradicción. Dos destacadas figuras de las Naciones Unidas han condenado la ley de Texas por considerar que constituye una discriminación por razón de sexo. Melissa Upreti, presidenta del grupo de trabajo de la ONU sobre discriminación, calificó la ley de «discriminación por razón de sexo de la peor clase».
¿De la peor clase? En todo el mundo hay formas evidentemente más graves de discriminación contra las mujeres. En los pueblos de la India, la práctica de quemar a las esposas y a las novias es deprimentemente común. En Afganistán, bajo el régimen de los talibanes, se restringe severamente la educación de las niñas. En otros países islámicos, las mujeres son discriminadas de múltiples maneras. En muchos lugares, desde Tailandia hasta México, existe el tráfico sexual masivo y la prostitución forzada.
¿Puede alguien decir con cara impasible que las leyes que obligan a las mujeres a tener a sus hijos, y a darlos en adopción si no pueden o no quieren cuidarlos, constituyen de alguna manera una discriminación por razón de sexo «de la peor clase»?
Pero evidentemente la ONU está muy atrasada en este aspecto. No solo en Estados Unidos, sino en todo el mundo occidental, hemos sido testigos del auge de una sensibilidad «woke» que insiste en que «el género es una construcción social» y que no hay dos, sino múltiples —quizá hasta 75 o más— géneros, y que los «hombres» y las «mujeres» en sentido estricto no existen.
Entonces, si los hombres y las mujeres no existen, y no se puede hacer ninguna distinción entre ambos, y el género es una gama que no tiene nada que ver con la biología, sino que depende totalmente del género del menú con el que se «identifica», ¿cómo puede la ley del aborto de Texas, o cualquier ley, constituir una discriminación por razón de sexo? ¿Cómo se puede discriminar en base a una categoría que en sí misma no existe?
La cuarta —y para mí, la más interesante— contradicción se refiere a la crítica progresista del aspecto más novedoso e innovador de la ley de Texas, esto es, su habilitación de entidades privadas para hacer cumplir la ley. El presidente Joe Biden dijo que el enfoque de Texas «crea un sistema de vigilancia». El izquierdista Texas Tribune entrevistó al jurista Jon Michaels, quien dijo que para Texas «es una forma de clandestinidad y de hacer la vista gorda mientras se producen violaciones constitucionales».
La acusación básica aquí es que Texas está utilizando a particulares a quienes ha dado el derecho para imponer restricciones que el propio estado tiene constitucionalmente prohibido imponer. Y esto es cierto. Pero, ¿les suena familiar la acusación? Debería, porque esto es precisamente lo que hace la Administración Biden cuando utiliza plataformas digitales privadas para imponer la censura y otras formas de restricción de la expresión. También en ese caso, el Estado está utilizando particulares a quienes ha dado el derecho para imponer un régimen de censura que el propio Estado tiene constitucionalmente prohibido imponer.
Por supuesto, hay una diferencia importante en las dos situaciones. De hecho, existe un claro derecho a la libertad de expresión en la Constitución. Está ahí mismo, en la Primera Enmienda: «El Congreso no hará ninguna ley (…) que coarte la libertad de expresión o de prensa». Pero, ¿dónde está el derecho al aborto en la Constitución? No existe.
Mi objetivo en este artículo no es tomar una posición sobre la ley de Texas, sino exponer las líneas de ataque sin principios sobre ella. Pronto la Corte Suprema se ocupará de la cuestión, no a través de la ley de Texas, sino de una ley de Misisipi que restringe el aborto después de las 15 semanas. Esperemos que nuestro más alto Tribunal preste al asunto el cuidadoso escrutinio que merece, y falle de una manera basada en principios que proteja nuestros valores fundamentales de la vida, la libertad y la búsqueda de la felicidad.
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Las opiniones expresadas en este artículo son propias del autor y no necesariamente reflejan las opiniones de The Epoch Times
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