Cuba podría enfrentar un nuevo período de hambruna similar al de los años 90, según el primer informe 2019 sobre “Violaciones de Derechos Humanos Económicos, Laborales, Sociales y Culturales” publicado por el Observatorio Cubano de Derechos Humanos (OCDH).
La organización sin fines de lucro basada en Madrid detalló en su informe del primer semestre 2019 que la reducción mínima en la autonomía económica de los cubanos y los índices de pobreza e indigencia abocan a la población a un “nuevo período de hambruna, similar al producido en la década de los años 90 del siglo pasado”.
Debido a la falta de libertad de importación y exportación, las empresas están impedidas de producir la oferta necesaria para alimentar al país, lo cual ocasiona una escasez de alimentos en Cuba, que empezó desde 1991, y va en aumento cada vez más.
A mediados de 2018, hubo una discontinuidad de productos básicos como el arroz, el pollo, el huevo, la harina de trigo, la carne de cerdo y el aceite. El informe también recalca que a pesar de que el país está rodeado de mar, los cubanos no tienen derecho al consumo de pescado y frutos del mar, como resultado de la política gubernamental.
Así mismo, la libreta de racionamiento, que regula la venta de alimentos a precios subsidiados desde 1963, solo cubre algunos productos básicos para diez días. Los 20 días restantes, los ciudadanos tienen que adquirir los productos esenciales a precios de mercado, pero debido al control de la importación y distribución, el régimen cubano “establece precios de manera arbitraria sin tomar en cuenta principios básicos como la ley de la oferta y demanda o el poder adquisitivo de los cubanos”.
Sobre el tema del agua potable, el informe denuncia que solo el 5,7% de la población en La Habana recibe agua las 24 horas del día; el resto de la población la recibe cada 3 o 4 días en camiones cisternas. En provincias la espera puede llegar hasta una semana.
La ausencia de libertad económica sumada a la escasez generalizada de alimentos desde 2018, ha generado un deterioro de la situación económica en la isla. “En Cuba no existe la libertad de importación y exportación, monopolizada por un ineficiente Estado”, dice el informe.
Economía cubana
En un breve panorama de la economía cubana, el OCDH menciona que desde mediados de 2017 se aumentó el control estatal y se paralizó el crecimiento del trabajo privado; prohibiendo la creación de PYMES, aumentando los impuestos, y penalizando la importación comercial.
Además, el régimen legalizó el control estatal del reglamento interno de las empresas agropecuarias hasta sus relaciones con empresas nacionales y/o extranjeras. Así mismo, la legislación también da poder al régimen de imponer qué deben producir las empresas y la cantidad que están obligadas a entregar como cuota al régimen, a un precio que está “por debajo del mercado de entre un 70% y un 75% de lo que están obligados a producir”.
Derechos laborales
El informe también detalla que “todas las empresas mixtas de capital extranjero y estatal y las empresas de capital total extranjero están obligadas a contratar a trabajadores cubanos a través de empresas empleadoras estatales, que confiscan el salario mensual en un 80% o 96%, según sea la empresa”.
Así mismo, el informe agrega que esta política está prohibida por la Convención 95 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), pero que es “violada sistemáticamente desde los años 90 del siglo pasado” por el régimen cubano.
??️?Este tipo de confiscación, también aplicada a los cooperantes cubanos en el exterior, está prohibida por la Convención 95 de la @OITAmericas , ratificada por el gobierno cubano pero violada sistemáticamente desde los años 90 del siglo pasado
?➡ https://t.co/04YqY9yTAu pic.twitter.com/kwD97Etvf6
— ObservatorioCubanoDH (@observacuba) 9 de julio de 2019
Sobre la cifra de desempleo en el país, el régimen dice estar en 1,7%, sin embargo diversos analistas señalan alrededor de un 30% de desempleo de la PEA.
Desde 2005, el salario mínimo en Cuba es USD 9 por mes. Para las personas que perciben sueldos de nivel medio, dijeron en el informe que “80% de sus salarios mensuales se invierten en solo alimentos para el mes”.
El informe también denuncia la violación de derechos laborales, enfatizando el programa de “exportación de servicios médicos y profesionales”, también conocido por los propios cooperantes cubanos como “esclavitud de batas blancas”.
El Departamento de Estado de los Estados Unidos presentó el 20 de junio un nuevo Informe sobre Trata de Personas (ITP), en menciona que el régimen cubano no tomó ninguna acción en contra del trabajo forzado a través de los programas de misiones médicas en el extranjero a pesar de los persistentes alegatos de que los oficiales cubanos amenazan e intimidan a los participantes para que sigan en el programa.
En noviembre de 2018, Cuba finalizó el contrato del programa médico “Mais Medicos” que estuvo por 5 años en Brasil, y fue facilitado por una organización afiliada a la ONU, debido a que el gobierno brasilero del entonces presidente Michel Temer, demandó al régimen que mejore el trato y condiciones laborales de los médicos cubanos, luego de alegatos sobre intimidación, falta de salarios y retención de sus pasaportes, entre otros.
El informe concluye que el origen del problema está en que los derechos fundamentales de los cubanos están condicionados a “los principios socialistas y a los dictados del Partido Comunista”. Agrega que por décadas el régimen cubano ha basado su propaganda nacional e internacional en una promoción de los derechos pero que “ hoy queda al descubierto un panorama desolador en estos derechos, lo que afecta en especial a los más pobres y desvalidos”.
El Observatorio Cubano de Derechos Humanos es una organización conformada por activistas y exprisioneros de conciencia cubanos con sede en Madrid desde 2011.
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