Las ONG Prisoners Defenders Civil y Civil Right Defenders (CRD) presentaron hoy en una rueda de prensa en Madrid un informe inédito advirtiendo que el número de prisioneros en Cuba asciende a más de 90.000 personas donde entre el 92 y el 93% de los ciudadanos juzgados son declarados culpables.
Según los autores además de los 90,000 presos hay 37,458 personas «en otras situaciones de control judicial y policial», lo que da un total de 127,458 condenados para unos 11 millones de habitantes, reportó Diario de Cuba.
Cuba sería «el primer país por (número de) personas privadas de libertad del mundo», considerando su población de 11 millones de habitantes, destacaron las ONG.
En un cálculo simple, 90,000 presos en una población de 11 millones significa una tasa de más de 800 encarcelados por 100,000 habitantes. Según Prision Studies, una de las tasas más altas en América la tiene El Salvador, con 604/100,000 habitantes. En Brasil en cambio la tasa es de 348/100,000 y en México, 163/100,000.
Javier Larrondo, presidente de Prisoners Defenders, y Erik Jennische, director para Latinoamérica de Civil Rights Defenders, presentaron el análisis diciendo que los datos fueron obtenidos de documentos oficiales cubanos, entre ellos un informe fechado en junio de 2019.
Ambos señalaron que en Cuba se inician más de 32,000 causas penales cada año, que afectan a entre 35,000 y 40,000 personas y de ellas entre 32,000 y 37,000 son declaradas culpables anualmente, lo que significa un 92% a 93%.
Un 69%, correspondientes entre 22,000 y 25,500, recibe condenas de privación de libertad, y más de 50,000 personas reciben sanciones administrativas, que corresponden a multas y decomisos.
A su vez dentro de los encarcelados en Cuba, según Larrondo y Jennische, 38,000 carecen de antecedentes penales. «Es decir, hay un grupo imponente de personas que como primera sanción penal (considerando sanciones menores) están siendo privados de libertad, algo de una rigurosidad extrema, y realmente inusual en la mayoría de sistemas penales», señalan las organizaciones según Diario de Cuba.
Otro dato que mencionan es que los sentenciados por «conducta antisocial», cuyo índice de culpabilidad llega al 99,5%, tienen menor acceso a excarcelaciones anticipadas, añade el informe.
Civil Right Defender (CDR) informó hoy en su página web que aproximadamente 8,400 cubanos cumplen actualmente condena por esta «peligrosidad social precriminal».
“El término es usado frecuentemente por el gobierno cubano para encarcelar a personas que representan un riesgo para el status quo del país, sin haber cometido un crimen”, dijo durante la conferencia de prensa celebrada en Madrid el exjuez cubano de alto rango, Edel González Jiménez, revelando los documentos, indicó CRD,
“Alrededor de 4.000 cubanos cada año son acusados de ser ‘antisociales’ o ‘peligrosos’, sin haber cometido un crimen», destacó
Esta clasificación conocida como «peligrosidad social predelictiva», es aplicada con frecuencia a opositores y críticos del Gobierno para sacarlos de las calles, añadieron las ONG. A menudo son acusados de «asedio al turismo» y «alterar el orden público», argumentos con condenas hasta tres años de prisión por el supuesto «índice de peligro».
En las fichas de presos, a su vez señalaron que es frecuente leer dichos como que evidencian si hay vinculación de los acusados con llamadas organizaciones de masas, controladas por el régimen y si la persona es «proclive al delito» por asociarse con «personas similares».
Por último del total de las personas que van a extinguir sus condenas (31%), cerca del 8,8% es detenido nuevamente por «cualquier falta que cometan en el período de la ejecución» o «algún otro interés policial» y cada año, el 71,73% de los sancionados en cada período «termina dentro de las cárceles» y establecimientos de reclusión.
Por otro lado la superpoblación carcelaria y los costes que esta conlleva, según los autores, ha obligado al Gobierno a “aliviar” las prisiones liberando algunos reos.
El jurista González Jiménez, expresidente del Poder Judicial Provincial en Cuba y Reserva Especial para la dirección del Tribunal Supremo de Cuba, dijo a Abc que en Cuba se aboga por un diálogo nacional que permita “migrar hacia cambios más acordes con las necesidades de derechos humanos en la isla”, sin embargo advierte que existe “miedo” en todos los niveles de la sociedad cubana a la hora de reclamar al régimen cualquier pequeño avance en derechos humanos.
“Durante décadas, el Gobierno cubano ha utilizado como excusa su lucha contra la delincuencia para justificar la detención y encarcelamiento de opositores y disidentes. Tenemos como ejemplo las condenas predelictivas, por las que se detiene a personas que pueden ser peligrosas en un futuro. Esto es una clara vulneración de sus derechos”, reveló el jurista.
«Cuba defiende esa figura jurídica. La sociedad debe protegerse ya sea por delitos o por conductas que le sean lesivas y puedan constituir el día de mañana un delito. Los juristas en Cuba hemos tratado, a partir de proyectos de reforma legislativas, de proponer abiertamente que esa figura desaparezca de la ley de procedimiento penal porque realmente es una figura retrógrada. Estamos hablando de algo instituido por un sistema más totalitario», señaló González Jiménez.
El jurista se refirió también a los presos políticos en Cuba, manifestando en la entrevista que «según el gobierno no hay presos políticos».
«Ciertamente toda aquella persona que es encarcelada, reprimida, perseguida porque tenga un pensamiento político, aunque el delito que se le tipifique no sea propiamente político sino común, como desacato, resistencia, desobediencia, o delito de lesiones, que se pueda establecer como es el caso de José Daniel Ferrer, no podemos ser tontos, evidentemente obedece a unas posiciones políticas de enfrentamiento. No a una posición de delito común».
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