The Daily Wire, un sitio web de noticias fundado por el comentarista político conservador Ben Shapiro, va a demandar al gobierno de Biden por su «tiránica orden de vacunación» que exige a las grandes empresas que se aseguren de que sus empleados se vacunen contra el COVID-19 o se sometan a pruebas periódicas.
En un comunicado emitido el jueves, The Daily Wire dijo que el Dhillon Law Group Inc. y Alliance Defending Freedom habían presentado una demanda en su nombre contra el gobierno federal en el Tribunal de Apelaciones de Estados Unidos para el 6º Circuito. Los abogados de The Daily Wire también presentarán una moción de emergencia para suspender la orden.
En septiembre, el gobierno de Biden anunció que los trabajadores federales y los contratistas federales estarán obligados a vacunarse contra el COVID-19. Los contratistas tienen hasta el 8 de diciembre para obligar a sus empleados a vacunarse. Los contratistas federales no pueden permitir que sus empleados opten por no hacerlo.
Esta semana, la administración dio a conocer la nueva norma de la Administración de Seguridad y Salud Ocupacional (OSHA, por sus siglas en inglés) que obliga a 84 millones de trabajadores del sector privado a vacunarse, y también anunció la norma de los Centros de Servicios de Medicare y Medicaid (CMS, sigla en inglés) que obliga a 17 millones de trabajadores sanitarios de centros que reciben fondos federales a vacunarse.
La Casa Blanca dijo que también está retrasando la fecha límite para que los trabajadores de esos sectores se vacunen completamente hasta el 4 de enero de 2022, según un alto funcionario de la administración. Esa fecha también se aplica a los contratistas federales.
«El Daily Wire no cumplirá con la tiránica orden de vacunación del presidente Biden, y vamos a demandar a la Administración Biden para poner fin a su flagrante extralimitación», dijo el cofundador y codirector ejecutiva del Daily Wire, Jeremy Boreing, en el comunicado.
«El presidente Biden, el gobierno federal, las redes sociales y los medios de comunicación dominantes han conspirado para robar a los estadounidenses sus libertades en nombre de la salud pública. Han roto la fe del pueblo estadounidense mediante mensajes contradictorios, información falsa y suprimiendo datos y perspectivas con las que no están de acuerdo».
La demanda, presentada el jueves, alega que el gobierno de Biden «carece de autoridad constitucional y estatutaria para emitir una orden para el empleador», y que la orden «no cumplió los requisitos para emitir una norma que entrara en vigor inmediatamente sin el proceso normal de considerar los comentarios del público».
El socio de Dhillon Law Group, Harmeet K. Dhillon, dijo que el gobierno federal no tiene la autoridad legal para obligar a los empleadores privados a garantizar que sus empleados se vacunen contra el COVID-19, y que la administración carece tanto del poder constitucional como de los poderes policiales para «regular cada aspecto de nuestras vidas» y hacer cumplir dicha orden.
«El intento de la Administración Biden de imponer esta orden médica federal sin precedentes e ilegal a los trabajadores estadounidenses sin tener en cuenta las opiniones del público es arbitrario, caprichoso, no está respaldado por las pruebas y daría lugar a una norma deliberadamente ignorante», dijo Dhillon.
La norma de la OSHA exige a los empleadores con 100 o más empleados que establezcan requisitos de vacunación para todo el personal, o que se enfrenten a multas de hasta 14,000 dólares por infracción. La agencia está autorizada a poner en marcha una Norma Temporal de Emergencia (ETS) cuando determine que los trabajadores están en «grave riesgo».
La exigencia de vacunas de Biden se ha enfrentado a la reacción de los críticos, mientras que se han presentado numerosas demandas contra el gobierno de Biden por la orden. Otros, incluidos los legisladores, temen que la orden pueda exacerbar aún más la escasez de trabajadores cuando hay atascos en la cadena de suministro.
Los fiscales generales de Ohio, Kentucky y Tennessee son algunos de los que han anunciado que emprenderán acciones legales contra la Casa Blanca por la norma y han presentado una demanda (pdf) en un intento de impugnar la nueva norma.
El fiscal general de Misuri, Eric Schmitt, también dijo que demandaría a la administración por su orden a los empleadores privados.
Pero el plazo ha sido elogiado por los funcionarios de salud pública y los demócratas como una forma de impulsar la tasa de vacunación en Estados Unidos en medio de la pandemia del COVID-19.
El jueves, el presidente también defendió sus acciones y subrayó que hasta ahora esto no había provocado ninguna escasez de trabajadores.
“Como hemos visto con las empresas—grandes y pequeñas—en todos los sectores de nuestra economía, la inmensa mayoría de los estadounidenses optan por vacunarse”, dijo Biden en un comunicado. “No ha habido ‘despidos masivos’ ni escasez de trabajadores a causa de los requisitos de vacunación. A pesar de lo que algunos predijeron y afirman falsamente, los requisitos de vacunación cuentan con un amplio apoyo público”.
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