El 8 de julio, Dakota del Norte demandó a la administración del presidente Joe Biden por la cancelación de una subasta prevista de arrendamientos de petróleo y gas.
Según la Ley de Arrendamiento de Minerales, las ventas de arrendamientos deben celebrarse al menos una vez cada trimestre en cada estado en el que haya tierras disponibles. Sin embargo, la subasta prevista para marzo se canceló y no se realizó la que estaba programada para junio.
Las autoridades de Dakota del Norte afirmaron en la demanda, presentada en un tribunal federal, que las cancelaciones ilegales parecían responder a una orden ejecutiva de Biden que instruía a la secretaria de Interior a «poner en pausa los nuevos arrendamientos de petróleo y gas natural» siempre que hacerlo fuera compatible con la ley.
«Haciendo caso omiso de la orden ejecutiva de actuar en consonancia con la ley aplicable, las acciones de los demandados federales violaron varios estatutos federales y excedieron su limitado ámbito de poder discrecional», afirma la demanda de 30 páginas.
El impacto de las acciones se agravó porque el bloqueo del desarrollo de las tierras federales ha provocado un retraso en el desarrollo de los intereses estatales y privados, añade la demanda.
«He emprendido esta acción para proteger la economía de Dakota del Norte, los puestos de trabajo de nuestros ciudadanos tan trabajadores y los derechos de Dakota del Norte a controlar sus propios recursos naturales», dijo el fiscal general de Dakota del Norte, el republicano Wayne Stenehjem, en un comunicado en el que anunciaba la presentación de la demanda.
El costo de las cancelaciones supera ya los 80 millones de dólares, una cifra que podría llegar a los miles de millones a menos que se detengan las acciones de la administración, afirmó Stenehjem.
El Departamento de Interior y la Oficina de Administración de Tierras, dos de los demandados, declinaron hacer comentarios. La Casa Blanca no respondió a una solicitud de comentarios.
Los funcionarios de la administración también han cancelado o pospuesto las ventas de arrendamientos en otros estados después de que se emitiera la orden de Biden. Biden ha dicho que quiere empujar al país a adoptar formas alternativas de energía a un ritmo más rápido.
En su orden, Biden afirmó que el cambio climático «se ha convertido en una crisis climática» y que es necesario tomar medidas urgentes para combatirlo.
«Queda poco tiempo para evitar que el mundo se encamine hacia una trayectoria climática peligrosa y potencialmente catastrófica. Responder a la crisis climática requerirá tanto reducciones globales significativas a corto plazo de las emisiones de gases de efecto invernadero como emisiones globales netas cero para mediados de siglo o antes», escribió.
Más recientemente, Biden ha dicho que quiere acabar con las exenciones fiscales a las compañías petroleras, incluso cuando los precios de la gasolina se mantienen por encima de los 3 dólares el galón en la mayor parte de Estados Unidos.
Un juez federal de Luisiana bloqueó el mes pasado la suspensión de las ventas, fallando a favor de 13 estados liderados por el fiscal general de Luisiana, el republicano Jeff Landry.
La Administración de Biden no explicó adecuadamente por qué estaba cancelando las ventas, dijo en su fallo el juez de distrito de Estados Unidos Terry Doughty, nominado por Trump.
“La omisión de cualquier explicación racional en la cancelación de las ventas de arrendamiento, y en la promulgación de la Pausa, da lugar a que este Tribunal dictamine que los Estados demandantes también tienen una probabilidad considerable de éxito en cuanto a los méritos de esta demanda», escribió.
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