Algunos de los inmigrantes ilegales trasladados en avión a Martha’s Vineyard por el gobernador de Florida, Ron DeSantis, en 2022, esperan recibir un visado especial que les permitiría quedarse y trabajar, dijo su abogado.
Esas personas solicitaron el año pasado lo que se conoce como visa U, un tipo especial de estatus migratorio que se concede a las víctimas de actos criminales que ayudan a las autoridades en la investigación o la persecución de delitos.
En este caso, trabajaron con un alguacil de Texas que está impulsando cargos por delitos graves contra el gobierno de DeSantis por supuestamente engañar a los inmigrantes ilegales para que abordaran los vuelos de San Antonio a la isla de Massachusetts.
Una vez aprobado, la visa U tiene una validez de hasta cuatro años, aunque sus titulares pueden solicitar la residencia permanente al cabo de tres años. Solo hay 10,000 visados U disponibles al año.
Al menos tres de los 49 pasajeros originales recibieron «determinaciones de buena fe» para sus solicitudes de visado U, según Rachel Self, abogada de inmigración que vive cerca de Martha’s Vineyard y les ha estado ayudando desde 2022.
En una entrevista con The Boston Globe, la Sra. Self dijo que esta designación permite a los solicitantes trabajar legalmente y estar protegidos de la deportación mientras esperan que su visa llegue.
«Estas designaciones son un paso más cerca de la justicia», dijo la abogada al periódico. «[Estas] subrayan aún más que cualquiera que conozca todos los hechos (…) simplemente, no puede ignorar la criminalidad de los actores».
Aún no hay cargos
Ha pasado aproximadamente un año desde que Javier Salazar, sheriff demócrata del condado de Bexar, donde se encuentra San Antonio, presentara ante el fiscal de distrito del condado una causa penal completa en relación con el transporte de los 49 inmigrantes ilegales.
«El cargo presentado es retención ilegal, y se presentaron varios artículos en contra, tanto de delitos menores como de delitos graves», dijo la oficina del Sr. Salazar en junio pasado, sin mencionar quién recibiría los cargos.
El fiscal de distrito del condado de Bexar, Joe Gonzales, también demócrata, aún no ha presentado formalmente ningún cargo.
La saga legal comenzó en septiembre de 2022, cuando el Sr. DeSantis se atribuyó el mérito de los dos vuelos que enviaron inmigrantes ilegales a las puertas de la elegante isla de vacaciones de los liberales. Según el gobernador republicano, esto formaba parte de un programa de su estado de 12 millones de dólares, financiado por los contribuyentes para reubicar a los recién llegados destinados a un «destino santuario».
Como el Sr. DeSantis prometió continuar y potencialmente ampliar el esfuerzo de reubicación, provocó gran indignación de los demócratas, incluido el presidente Joe Biden, quien acusó al Sr. DeSantis de «jugar a la política con seres humanos, usándolos como accesorios».
Contraatacando a las críticas, el gobernador DeSantis llamó a los demócratas por lo que él vio como hipocresía cuando se trataba del sufrimiento de los individuos, después de ser «atraídos» a cruzar ilegalmente la frontera.
«Ustedes han tenido migrantes muertos en el Río Grande», dijo el Sr. DeSantis en una entrevista en Fox News poco después de que el sheriff del condado de Bexar anunciara la investigación criminal sobre los vuelos de migrantes. «Tuvieron 50 muertos en Texas en un remolque porque estaban siendo descuidados. ¿Hubo un escándalo por eso? No, no lo hubo».
En una declaración defendiendo la decisión de volar con los inmigrantes ilegales, la oficina del gobernador argumentó que todos los pasajeros aceptaron el billete de avión de ida «voluntariamente».
«Los inmigrantes han estado más que dispuestos a abandonar el condado de Bexar después de haber sido abandonados, desamparados y “dejados a su suerte”. Florida les dio la oportunidad de buscar pastos más verdes en una jurisdicción santuario que ofrecía mayores recursos para ellos, como esperábamos», dijo entonces un portavoz del gobernador.
«Pese a que la guardia nacional [de Massachusetts] haya abandonado a estas personas, se les ha proporcionado alojamiento, sustento, ropa y más opciones para salir adelante tras su injusta atracción a Estados Unidos, a diferencia de los 53 inmigrantes que murieron en un camión que fue encontrado abandonado en el condado de Bexar este mes de junio».
Se esperan más vuelos
A principios de abril, la administración del Sr. DeSantis recibió una victoria legal por parte de una jueza federal, que desestimó a los acusados estatales de una demanda presentada por algunos de los pasajeros de los vuelos de migrantes por falta de pruebas.
«La Corte no puede determinar qué acciones fueron llevadas a cabo por quién y, por lo tanto, no puede determinar cuál, si alguno, de los demandados individuales realizó transacciones comerciales o causó daños aquí, por lo que no le queda más remedio que concluir que, al menos en este caso, no se ha establecido la jurisdicción personal», escribió la jueza Allison Burroughs, nombrada por Obama.
Sin embargo, la jueza Burroughs dijo a los inmigrantes ilegales que pueden seguir su caso contra Vertol, la empresa con sede en Florida a la que se pagó 1.5 millones de dólares para transportarlos a Massachusetts.
En respuesta, la oficina del gobernador prometió reservar más vuelos para transportar a los inmigrantes ilegales a comunidades «santuario» de otros estados.
«Como siempre hemos dicho, los vuelos se realizaron legalmente y fueron autorizados por la Legislatura de Florida», dijo Julia Friedland, portavoz del Sr. DeSantis, en una declaración. «Esperamos con interés el próximo vuelo de reubicación de inmigrantes ilegales de Florida, y nos complace llamar la atención nacional sobre la crisis en la frontera sur».
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