WASHINGTON —Un jurado federal de Washington ha declarado culpable al exasesor de Trump Peter Navarro de dos delitos menores de desacato al Congreso por negarse a cumplir una citación del Congreso.
El veredicto del jurado del tribunal federal se produjo la tarde del 7 de septiembre, tras unas horas de deliberación. El juicio comenzó con la selección del jurado el 5 de septiembre.
El Sr. Navarro, que fue asesor comercial del presidente Donald Trump en la Casa Blanca, no pareció reaccionar cuando se leyó el veredicto.
Citando la presencia de manifestantes fuera del tribunal, el abogado de Navarro, Stanley Woodward, del bufete Brand Woodward Law de Washington, solicitó rápidamente un juicio nulo ante el juez Amit Mehta, nombrado por el presidente Barack Obama en 2014.
Un manifestante estaba «acosando» a su cliente, dijo Woodward al juez.
El juez no se pronunció sobre la anulación del juicio antes de que se suspendiera la sesión.
Los manifestantes, tanto a favor como en contra del Sr. Navarro, estuvieron presentes en el exterior del tribunal tras conocerse el veredicto.
The Epoch Times se puso en contacto con el equipo jurídico del Sr. Navarro en el tribunal, pero sus miembros no quisieron hacer comentarios.
El Sr. Navarro fue acusado de desacato al Congreso en junio de 2022 por no cumplir una citación del Comité Selecto del 6 de enero, que existió durante la anterior Cámara de Representantes de EE. UU., controlada por los demócratas. Se declaró inocente de los cargos.
Uno de los cargos se deriva de que el Sr. Navarro no presentó los documentos solicitados por el Comité Selecto; el otro, de que no compareció para prestar testimonio. Podría ser condenado a un año de prisión y a una multa de hasta 100,000 dólares.
La sentencia estaba prevista para el 12 de enero de 2024, a las 14.30 horas.
El Sr. Woodward dijo el 6 de septiembre que estaba dispuesto a presentar una apelación si su cliente era condenado.
La comisión estaba investigando la violación de seguridad en el Capitolio de EE. UU. el 6 de enero de 2021, que retrasó unas horas la certificación por el Congreso de las elecciones presidenciales de 2020. Al parecer, la comisión quería preguntar a Navarro sobre el plan «Green Bay Swamp» que detalló en un libro que escribió tras dejar la Administración Trump. El plan consistía en impedir que el Congreso certificara al demócrata Joe Biden como ganador de las elecciones.
Las acusaciones se remitieron al Departamento de Justicia de Estados Unidos tras una serie de votaciones partidistas en la Cámara de Representantes, entonces controlada por los demócratas. El fiscal general de EE. UU., Merrick Garland, decidió presentar formalmente los cargos que se abrieron camino a través del sistema judicial federal.
Los críticos denunciaron el comité del Congreso como parcial y con motivaciones políticas. El comité citó a varios exayudantes del presidente Donald Trump en la Casa Blanca, entre ellos el Sr. Navarro y el exestratega Steve Bannon.
En julio de 2022, un jurado federal declaró al Sr. Bannon culpable de un cargo de desacato basado en su negativa a comparecer para declarar y de otro cargo relacionado con su negativa a presentar los documentos citados por el Comité. Fue condenado a cuatro meses de prisión y a pagar una multa de 6500 dólares. El Sr. Bannon ha apelado y no ha empezado a cumplir su condena.
Al igual que otros individuos del entorno del expresidente, el Sr. Navarro se negó a cumplir la citación, alegando que sus comunicaciones con el expresidente y su personal estaban amparadas por el privilegio ejecutivo, que un presidente puede invocar para proteger documentos oficiales.
Pero el juez Mehta impidió la semana pasada que el Sr. Navarro dijera al jurado que la alegación del privilegio ejecutivo estaba detrás de su decisión de no cumplir la citación.
El juez Mehta cuestionó por qué el Sr. Navarro no podía explicar con precisión lo que el expresidente dijo durante una llamada en febrero de 2022 durante la cual el Sr. Navarro afirmó que el expresidente Donald Trump dejó claro que invocaba el privilegio ejecutivo.
«Sigo sin saber qué dijo el presidente», dijo entonces el juez. Añadió que las pruebas que respaldaban las afirmaciones eran «de muy mala calidad».
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