Ante la grave crisis de violencia en México, el Grupo Integral de Derechos Humanos (GIDH) «Lex-magister» demandó este domingo a la Secretaría de Gobernación (SEGOB) de México a proteger a los aspirantes a cargos públicos, entre ellos los 3 candidatos presidenciales, en la jornada electoral prevista el próximo 2 de junio.
“El proceso electoral en marcha, que distribuirá más de 20,000 cargos de elección popular, ha convocado a más de 40,000 personas interesadas en participar, en este sentido, el GIDH advierte sobre el riesgo de ataques, amenazas, secuestros o asesinatos por parte de grupos delincuenciales hacia estos aspirantes”, señaló en un comunicado.
El llamado se hizo con urgencia a la titular de la SEGOB, Luisa María Alcalde, “considerando la grave crisis en la violación de garantías individuales en México”.
El presidente del GIDH, Jesús Rey Fierro Hernández, apuntó que tan solo en las primeras semanas del año fueron asesinados tres aspirantes, Sergio Hueso, en el estado de Colima; David Rey en Chiapas y Alfredo Giovanni Lezama, en Morelos. El también Premio Nacional de Derechos Humanos 2017 indicó que a “la grave crisis en la violación de garantías individuales” a grupos vulnerables, como migrantes, personas desplazadas, mujeres, adultos mayores, indígenas, comunicadores y menores han sido afectados, ahora se suman los aspirantes a cargos públicos.
También recordó que, en la pasada jornada electoral intermedia de 2021, al menos 90 personas que aspiraban a un puesto de elección popular fueron asesinadas.
Es por ello que Fierro insistió en su llamado, ya que expuso que la situación se ha agravado en los últimos meses con brotes sistemáticos de violencia en diversas entidades del país.
“Instancias internacionales, como la Organización de las Naciones Unidas (ONU), han recomendado a las autoridades en México a garantizar el proceso electoral en curso, considerando que más de 98 millones de personas están interesadas en ejercer su derecho a elegir a sus gobernantes”, dijo.
También señaló la influencia de grupos criminales en la selección de candidatos a modo, “generando un círculo vicioso de corrupción e impunidad”.
“Es urgente que la SEGOB coordine acciones con las autoridades encargadas de acciones policiales en todo el país. El objetivo debe ser garantizar una elección democrática y libre de la influencia de grupos criminales”, concluyó.
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