El Departamento de Justicia de EE.UU. (DOJ) está reteniendo registros relacionados con investigaciones de alto perfil, incluida la investigación sobre el hijo del presidente Joe Biden, según una nueva demanda.
La organización Protect the Public’s Trust (Proteger la Confianza del Público) ha estado buscando registros para conocer conflictos de intereses de empleados en diferentes casos, no obstante la organización se ha visto obstaculizada.
El grupo presentó una solicitud de registros de la Ley de Libertad de Información (FOIA) el 1 de junio de 2021, pero no recibió una respuesta durante más de un año, según la demanda.
Después de consultar el estado el 10 de junio de 2022, el organismo de control recibió un acuse de recibo que se había enviado a la dirección de correo electrónico incorrecta. Pero los registros aún no se han enviado, ni se han determinado las claves sobre qué registros se proporcionarán, lo que viola la ley federal.
Según el correo electrónico reciente del Departamento de Justicia, «parece que el Departamento no tiene intención de responder a la solicitud del Demandante en el corto plazo», dijo Protect the Public’s Trust en la presentación ante un tribunal federal en Washington. “Dados estos hechos, parece que, en ausencia de litigios, el Departamento no ha cumplido ni tiene la intención de cumplir con sus obligaciones legales de proporcionar los registros solicitados”.
Los documentos ayudarían a arrojar luz sobre posibles conflictos de intereses, según el organismo de control, incluso si el designado por Joe Biden, Nicholas McQuaid, un alto funcionario del Departamento de Justicia, está involucrado en la investigación del hijo de Biden, Hunter Biden.
El excolega de McQuaid representa a Hunter Biden, quien ha dicho que está bajo investigación por cuestiones relacionadas con los impuestos. Los documentos obtenidos por The Epoch Times indican que la investigación toca los tratos comerciales de Hunter Biden con China.
Susan Hennessey, por su parte, fue contratada en 2021 para ser abogada del Departamento de Justicia. Antes de ser contratada, describió la investigación del abogado especial John Durham, que ha descubierto más detalles sobre el esfuerzo de espiar al candidato Donald Trump y sus asociados en 2016, como una «tontería partidista».
“¿Se han otorgado a estos funcionarios exenciones para participar en estos asuntos, que probablemente caerían en sus carteras?”, preguntó Protect the Public’s Trust en un comunicado. “Al negarse a responder adecuadamente a esta solicitud de FOIA, como lo exige la ley, el DOJ está ocultando esta información al público estadounidense”.
El DOJ no respondió a una solicitud de comentarios, pero ha dicho que no comenta sobre demandas pendientes.
El fiscal general Merrick Garland, designado por Biden, emitió un memorando a las agencias de todo el gobierno federal que, según dijo, “fortalecería el compromiso del gobierno federal con la administración justa y eficaz de la FOIA”.
“La transparencia en las operaciones gubernamentales es una prioridad de esta Administración y de este Departamento. Estamos listos para trabajar con cada uno de ustedes para hacer realidad la promesa de la Ley de Libertad de Información de un gobierno abierto y responsable ante el pueblo estadounidense”, dijo en ese momento.
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