Dos ciudadanos estadounidenses presentaron una demanda colectiva contra la Oficina del Censo, reclamando como ilegal la extensa y detallada Encuesta de la Comunidad Estadounidense que la agencia requiere que millones de personas completen cada año.
La demanda se produjo en un momento en que la Oficina del Censo de EE. UU. es objeto de críticas por los importantes errores de recuento en el censo de 2020, con cifras de población no contadas en seis estados, mientras que ocho estados vieron un recuento excesivo de la población. Los republicanos dicen que el recuento incorrecto del censo impidió injustamente que Florida y Texas ganaran un escaño cada uno en la Cámara de Representantes de Estados Unidos.
El expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, trató de impedir el recuento de extranjeros ilegales para que no tuvieran efecto en el reparto del poder político entre los estados. La Corte Suprema se puso del lado de la administración Trump el 28 de diciembre de 2020, permitiendo dar curso a su normativa cuando se acercaba la fecha límite para las cifras del censo, pero al asumir el mando el presidente Joe Biden, este firmó la Orden Ejecutiva 13986, que revocó la política de Trump.
La demanda legal de 22 páginas (pdf) en el nuevo caso titulado Murphy vs. Raimondo, 3:22-cv-5377, fue presentada el 24 de mayo en Tacoma en el Tribunal de Distrito de Estados Unidos para el Distrito Occidental de Washington. El caso fue asignado al juez de distrito David G. Estudillo, que fue nominado en septiembre del año pasado por Biden.
Los demandantes son los ciudadanos estadounidenses Maureen Murphy y John Huddleston. Murphy vive en Gig Harbor, Washington, y Huddleston reside en Susanville, California.
Los demandados son la Secretaria de Comercio de EE.UU., Gina Raimondo, y el Director de la Oficina del Censo, Robert Santos. Ambos fueron demandados a título oficial. El Departamento de Comercio y la Oficina del Censo también están demandados.
Murphy y Huddleston no se oponen al censo normal que se lleva a cabo en todo el país cada 10 años, que es bastante simple y está diseñado para contar la población residente para la redistribución de los distritos del Congreso, que a su vez se contrapone a la Encuesta de la Comunidad Estadounidense(ACS), mucho más detallada, que recoge información que, según ellos, no es necesaria para el censo.
La cláusula de enumeración de la Constitución de EE.UU. establece que «se hará un censo» cada 10 años «de la manera» que el Congreso «disponga por ley». El Congreso autorizó la realización del Censo en el Título 13 del Código de los Estados Unidos.
El sitio web de la Oficina del Censo declara que es contrario a la ley revelar o publicar cualquier información privada que identifique a un individuo o empresa y que la información personal recopilada «no puede ser utilizada contra los encuestados por ninguna agencia gubernamental o tribunal». Los empleados de la Oficina «juran de por vida» proteger la información recopilada. La violación de la ley puede acarrear hasta cinco años de prisión y una multa máxima de 250,000 dólares, o ambas cosas.
A diferencia del censo que se realiza una vez cada diez años, la ACS se lleva a cabo todos los años y «hace preguntas detalladas y personales como la orientación sexual de la persona, su identidad de género, su historial de fertilidad, su estado civil y su historial de divorcios», según la demanda judicial.
Otras preguntas planteadas en la encuesta se refieren a si el hogar tiene acceso a Internet, cuántos coches poseen los habitantes, si los ocupantes reciben cupones de alimentos, cuántos y qué idiomas hablan los ocupantes, y «detalles sobre las condiciones físicas, mentales o emocionales de los ocupantes, como la sordera o la ceguera, y cualquier dificultad para concentrarse, recordar, tomar decisiones, caminar o escalar, vestirse o bañarse, o hacer recados».
La ACS pregunta a los encuestados sobre la información de salud privada, incluyendo si los ocupantes tienen seguro de salud y el efecto de las condiciones médicas y psicológicas en las actividades diarias del individuo. También pregunta cuánto pagan los hogares en impuestos y por los servicios públicos. «Incluso pregunta cuántas camas, coches y lavadoras tiene el hogar… [y] contiene unas 100 preguntas de este tipo».
A diferencia del censo decenal, que todo el mundo tiene que responder, la Oficina del Censo elige una muestra de unos pocos millones de hogares cada año para que respondan a la ACS. Las personas que se niegan a responder a este detallado cuestionario se enfrentan a multas de hasta 5000 dólares por pregunta, señala la denuncia.
Murphy y Huddleston fueron seleccionados para completar la ACS.
«Ellos comprenden la importancia del censo decenal. Ellos han respondido en el pasado y seguirán respondiendo en el futuro al Censo decenal. Pero se oponen a la información altamente detallada y personal exigida en la Encuesta sobre la Comunidad Estadounidense y se rehusan a responderla», dice la denuncia.
«Como resultado, ellos están sujetos a multas monetarias por no hacer nada más que mantener los detalles privados de sus vidas».
Murphy y Huddleston argumentan que la Oficina del Censo no tiene la autoridad estatutaria o constitucional para obligarles a responder a las «preguntas detalladas e intrusivas» de la ACS, señala la demanda.
«La Oficina del Censo no tiene autoridad para obligar a los estadounidenses a divulgar cualquier información que considere oportuna, más allá de lo necesario para el censo decenal», dijo el abogado Adi Dynar, de la Pacific Legal Foundation, un bufete nacional de abogados de interés público con sede en Sacramento, California, que representa a los demandantes.
«El Congreso no ha autorizado a la Oficina del Censo a imponer sanciones penales y multas por negarse a responder a sus preguntas intrusivas y profundamente personales», dijo Dynar en una declaración.
Funcionarios del Departamento de Comercio y de la Oficina del Censo no respondieron al cierre de esta edición a una solicitud de comentario de The Epoch Times.
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