La administración Biden-Harris ha sido demandada por la Fiscal General de Florida, Ashley Moody, por no presentar documentos públicos requeridos a través de una solicitud bajo la Ley de Libertad de Información (FOIA) sobre las políticas de la administración federal que, tras la liberación de inmigrantes ilegales criminales peligrosos en EE. UU., les permiten permanecer en el país.
“Además de negarse rotundamente a asegurar la frontera, los informes indican que el presidente Biden y la fallida zarina de la frontera Kamala Harris se niegan a deportar a los peligrosos prisioneros inmigrantes ilegales una vez que son liberados de prisión”, dijo la fiscal a través de un comunicado de prensa de su oficina.
El comunicado detalla que la fiscal Moody presentó la solicitud FOIA en marzo y que tras el incumplimiento de la administración Biden, la fiscal presentó una demanda “para solicitar medidas cautelares y obligar la producción de documentos en un tribunal federal de distrito”.
En su demanda la fiscal Moody asegura que “Históricamente, cuando los inmigrantes ilegales eran llevados a Estados Unidos para ser procesados por sus crímenes, se entendía que serían deportados una vez cumplida su condena”.
“Eso fue así hasta que la administración Biden-Harris implementó su sorprendentemente irresponsable política migratoria, liberando a un número desconocido de criminales peligrosos directamente de las prisiones federales a nuestras comunidades, causando caos, anarquía y delincuencia”, asevera el comunicado.
En la demanda, la fiscal nombró el reciente conflicto que se ha dado a conocer en Aurora, Colorado, en el que aparentemente miembros de la pandilla transnacional Tren de Aragua invadieron de forma armada varios complejos de departamentos.
“Recientemente, los estadounidenses observaron con horror las consecuencias de esta política de Biden-Harris, así como de otras políticas de fronteras abiertas, cuando miembros armados de una pandilla tomaron un complejo de apartamentos en Colorado y lo utilizaron como base para actividades criminales”.
Asegura que este incidente representa “solo un ejemplo de la destrucción y el caos provocados por las decisiones políticas de esta administración”, describiendo tales decisiones como “imprudentes”.
«Los informes de la semana pasada muestran que posibles inmigrantes ilegales afiliados a pandillas extranjeras están tomando el control de complejos de apartamentos en ciudades estadounidenses. Esta administración ha dejado en claro que no entregará documentos que muestren este esquema peligroso e ilegal de manera oportuna», escribió la fiscal.
En la demanda plantea el ejemplo cuando extranjeros son capturados en alta mar tras cometer delitos graves como el tráfico de drogas y al cumplir con sus condenas en Estados Unidos, algunos son liberados en el país en lugar de ser deportados, como solían hacer en administraciones anteriores, lo que describe como una política arriesgada que podría beneficiar a los delincuentes.
La administración Biden-Harris permite que algunos extranjeros capturados en alta mar por delitos graves, como el tráfico de drogas, cumplan condena en Estados Unidos, declaró en la demanda. Sin embargo, en lugar de deportarlos tras su liberación, como era costumbre en gobiernos anteriores, algunos de estos criminales se quedan en el país, lo que ha generado críticas por ser una política arriesgada que podría beneficiar a los delincuentes.
Según la demanda, por primera vez en la historia de la nación, la administración Biden-Harris dejó de deportar a criminales y por el contrario están siendo liberados dentro del país una vez cumplidas sus condenas, mientras que los solicitantes de asilo encontrados en alta mar son devueltos a sus países sin la oportunidad de que un juez de inmigración revise su caso.
La fiscal aseguró que quien está sufriendo las consecuencias de estas acciones son los ciudadanos estadounidenses y “no me quedaré de brazos cruzados permitiendo esta negligencia en el deber, por eso presenté la demanda hoy”, informó el comunicado de prensa de su oficina del 3 de septiembre.
A través de una publicación en su cuenta de X, la fiscal también criticó a la administración Biden-Harris por la crisis migratoria en Nueva York.
«La tormenta perfecta de las políticas de fianza relajadas y de ciudad santuario en Nueva York, junto con la negativa de la administración de Joe Biden-Kamala Harris a deportar a inmigrantes ilegales con antecedentes criminales—como hemos descubierto—ha creado un ciclo cada vez más peligroso de anarquía y delincuencia», escribió Moody.
Mencionó la respuesta del alcalde de Nueva York sobre «que sus manos están atadas por estas políticas fallidas y que no puede trabajar con el ICE para deportar a los peligrosos criminales que están causando estragos en la ciudad».
La agencia de inmigración y aduanas de Estados Unidos (ICE), por su parte, informó a fines de agosto que en el último año el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) ha deportado a la mayor cifra de inmigrantes ilegales desde el año 2010, la mayor parte de los cuales ingresaron por la frontera sur del país.
Respecto a la situación en Aurora, Colorado, y la presunta invasión de complejos departamentales, la jefa interina de la Policía de Aurora, Heather R. Morris aseguró el 30 de agosto que han estado revisando la zona donde aparentemente ocurrió la invasión, y los residentes han negado que los complejos hayan sido invadidos o que estén siendo víctimas de algún tipo de extorsión.
La comisionada dijo que han entrevistado a los residentes de la zona y encontraron que no ha habido tal invasión. No obstante acepta que es probable que haya miembros de pandillas en la comunidad.
Sin embargo, la concejal del condado de Aurora, Colorado, Daniela Durinsky, expresó su preocupación sobre el manejo de la situación y pidió a las autoridades aclararan lo que está sucediendo.
“¡No puede ser! ¿Me estás diciendo que hay declaraciones juradas y reportes policiales (que se pueden obtener) que muestran que el Departamento de Policía de Aurora había vinculado al TDA [Tren de Aragua] con los apartamentos de Nome St. hace meses?”, escribió la concejal en su cuenta de Facebook.
“¡No puede ser! Nos dijeron que esto solo tenía que ver con violaciones del código de construcción. Estoy en shock… ¿podemos, por favor, llamar a la jefa de policía interina Heather Morris? Alguien tiene que dar explicaciones”, añadió el 4 de septiembre.
El mismo día, las autoridades del Departamento de Policía de Aurora informaron la detención de Jhonnarty Dejesus Pacheco-Chirinos de 24 años, acusado de intento de asesinato y otros cargos relacionados con un intento de homicidio el 28 de julio, y su hermano José Pacheco-Chirinos, indicando que ambos estaban bajo custodia del ICE.
El reporte agregó que otros dos arrestados «tienen vínculos con pandillas y se sospecha que son miembros del TdA»: Dixon Azuaje-Perez de 20 años y Nixon Azuajes-Perez de 19 años, arrestados por manipular pruebas en un tiroteo del 28 de julio.
Siga a Estela Hernández en X: @HGLauraEstela
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