Un grupo conservador está demandando al Departamento de Justicia de Estados Unidos por negarse a explicar por qué no hará cumplir una ley federal que prohíbe lo que el grupo llamó «las recientes protestas intimidatorias llevadas a cabo por los partidarios radicales del aborto» fuera de las casas de los jueces conservadores de la Corte Suprema, en relación con la revocación de Roe vs. Wade a principios de este año.
Las ruidosas manifestaciones comenzaron ante los domicilios de los seis jueces de derecha, en Maryland y Virginia, tras la filtración sin precedentes el 2 de mayo de un borrador de opinión que presagiaba la decisión del Corte Suprema del 24 de junio de anular el precedente del aborto Roe v. Wade de 1973. Estas protestas se intensificaron tras la emisión de la propia sentencia.
Nicholas John Roske fue detenido el 8 de junio por su presunto plan para asesinar al juez Brett Kavanaugh, frente a su casa de Maryland. Al parecer, Roske dijo que quería matar a Kavanaugh para evitar que votara a favor de anular el derecho al aborto y las leyes de control de armas.
La sección 1507 del Título 18 del Código de Estados Unidos hace que sea ilegal hacer manifestaciones o desfiles en o cerca de la residencia de un juez con la intención de «influir en cualquier juez (…) en el cumplimiento de su deber». Los infractores se enfrentan a una pena de hasta un año de prisión, una multa o ambas cosas. La sección ha sido impugnada en procedimientos judiciales anteriores, pero ha sobrevivido al escrutinio constitucional.
El caso, Heritage Foundation vs. Departamento de Justicia, expediente judicial 22-cv-3102, se presentó el 12 de octubre ante la Corte de Distrito de Estados Unidos para el Distrito de Columbia.
El equipo de Oversight Project de la Heritage Foundation (Proyecto de Supervisión de la fundación Heritage) presentó la demanda, alegando que el Departamento de Justicia (DOJ) se ha negado a proporcionar los documentos solicitados en virtud de la Ley de Libertad de Información, explicando por qué no aplicará la Sección 1507. Heritage dijo que sus demandas para obtener registros de varias oficinas del DOJ, incluyendo la Oficina del Fiscal General, la Oficina de Asesoría Jurídica, el FBI y el Servicio de Alguaciles de los Estados Unidos no fueron atendidas.
«El silencio del Departamento de Justicia de Biden sobre estas protestas radicales y tácticas evidentemente intimidatorias fue, y sigue siendo, clamoroso», dijo en una declaración Roman Jankowski, asesor principal de investigación de Oversight Project.
«El pueblo estadounidense merece saber por qué Joe Biden y el fiscal general Merrick Garland no solo se han negado a condenar pública e inequívocamente este comportamiento, sino también por qué siguen sin procesar o responsabilizar a los que infringieron la ley en un intento de influir en los procedimientos de la Corte Suprema. Nosotros creemos que hay respuestas a esas preguntas en los documentos que hemos solicitado y tenemos derecho por ley a esos documentos».
El 10 de mayo, la entonces secretaria de prensa de la Casa Blanca, Jen Psaki, se negó a condenar las protestas, a la vez que insistió en que el presidente apoya la «protesta pacífica».
La alguacil de la Corte Suprema, Gail Curley, quien es responsable de la seguridad de la corte, escribió cartas a los funcionarios de Maryland el 1 de julio exigiendo que hicieran más para proteger a los jueces cuyas vidas han sido amenazadas, como informó previamente The Epoch Times. Curley instó a los funcionarios a que la Policía Estatal de Maryland haga cumplir la ley estatal, citando el artículo 3-904(c) del Código Penal de Maryland, que establece que una persona «no puede reunirse intencionadamente con otra de manera que perturbe el derecho a la tranquilidad de la persona en su hogar».
El gobernador de Maryland, el republicano Larry Hogan, y el ejecutivo del condado de Montgomery, Maryland, el demócrata Marc Elrich, reprendieron duramente a Curley, diciendo que es el trabajo del gobierno federal proteger a los miembros de la Corte de Justicia.
El secretario de prensa de Hogan, Michael Ricci, respondió a Curley en Twitter, acusándola de estar mal informada y de proporcionar «información contradictoria».
«Si la alguacil se hubiera tomado el tiempo de explorar el asunto, se habría enterado de que la constitucionalidad del estatuto citado en su carta ha sido cuestionada por la Oficina del Fiscal General de Maryland», tuiteó Ricci.
Pero cuando se le presionó repetidamente, la oficina del fiscal general del estado, Brian Frosh, un demócrata, que no se presenta a la reelección en las elecciones del próximo mes, se negó a confirmar que mantiene la opinión de que la ley penal de Maryland es inconstitucional.
«Sinceramente, yo no estoy familiarizado con la cuestión que ha señalado Ricci. Tendré que comprobarlo», dijo a The Epoch Times un asesor de Frosh no identificado por correo electrónico el 3 de julio.
The Epoch Times se ha puesto en contacto con el funcionario en repetidas ocasiones desde entonces, pero no ha recibido respuesta.
El 16 de junio, el presidente Joe Biden firmó la Ley de Paridad Policial de la Corte Suprema. La medida otorga a los funcionarios de la Corte Suprema, incluida la oficina de Curley, mayor autoridad para proteger la corte, a los miembros de las familias inmediatas de los jueces y a otros empleados del tribunal.
Funcionarios del Departamento de Justicia y de la Oficina de Información Pública de la Corte Suprema no respondieron al cierre de esta edición a una solicitud de The Epoch Times para comentar la nueva demanda.
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