El propietario de un café de Texas ha llevado a los tribunales a la Administración Biden por una supuesta discriminación que le impide recibir subvenciones de ayuda a la COVID-19 debido a su raza y género.
Philip Greer, propietario del Greer’s Ranch Café, ha demandado a la Agencia Federal de Pequeños Negocios (SBA), alegando que se perdería la posibilidad de recibir una subvención del Fondo de Revitalización de Restaurantes porque la ley federal exige que la agencia dé prioridad a la concesión de subvenciones a mujeres y minorías raciales.
La sección 5003 de la Ley del Plan de Rescate Estadounidense exige que la agencia dé prioridad a las mujeres, los veteranos y los propietarios de negocios social y económicamente desfavorecidos que soliciten recibir una parte de los 28,600 millones de dólares asignados para crear el Fondo de Revitalización de Restaurantes.
Según la normativa de la Agencia Federal de Pequeños Negocios, las personas socialmente desfavorecidas son individuos «que han sido objeto de prejuicios raciales o étnicos o de prejuicios culturales dentro de la sociedad estadounidense debido a su identidad como miembros de grupos y sin tener en cuenta sus cualidades individuales. La desventaja social debe provenir de circunstancias ajenas a su voluntad».
Por otro lado, se considera que los individuos económicamente desfavorecidos son aquellos cuya «capacidad para competir en el sistema de libre mercado se ha visto perjudicada debido a la disminución de las oportunidades de capital y crédito en comparación con otros en la misma o similar línea de negocio que no están socialmente desfavorecidos».
Greer, que está representado por America First Legal y Texas Public Policy Foundation, sostiene que esa política excluye activamente a clases enteras de estadounidenses no mencionadas en el grupo «prioritario» que también están sufriendo importantes pérdidas financieras causadas por la pandemia.
«La Agencia Federal de Pequeños Negocios hace retroceder peligrosamente a Estados Unidos, invirtiendo el reloj del progreso estadounidense y violando nuestros principios más sagrados y venerados al discriminar activa e injustamente a los ciudadanos estadounidenses únicamente por su raza y sexo. Esto es ilegal, es inconstitucional, está mal y debe terminar», afirma la demanda (pdf).
La demanda pide al tribunal que bloquee la aplicación de cualquier política que discrimine a ciertas clases de estadounidenses, argumentando que esto sería necesario para «promover la igualdad de derechos ante la ley para todos los ciudadanos estadounidenses y para promover los planes para detener la discriminación racial».
«La decisión de la Administración Biden de determinar los requisitos y la prioridad para los fondos de ayuda a los restaurantes en función de la raza es profundamente ilegal y moralmente indignante», dijo en un comunicado el presidente de AFL y exasesor de Trump, Stephen Miller. «Es una afrenta a nuestras leyes, a nuestra Constitución y a nuestros valores más preciados».
La administradora de la SBA, Isabella Casillas Guzman, también fue nombrada en la demanda como acusada. La oficina de prensa de la SBA dijo que su política es no hacer declaraciones sobre los litigios pendientes cuando se les pide que hagan comentarios.
El jueves, la SBA anunció que había recibido 147,000 solicitudes de mujeres, veteranos y propietarios de negocios social y económicamente desfavorecidos que pedían un total de 29,000 millones de dólares en fondos de ayuda.
«Las cifras muestran que hemos tenido un éxito especial a la hora de llegar a los restaurantes más pequeños y a las comunidades desatendidas que han tenido dificultades para acceder al alivio. Estos negocios son los pilares de los barrios y comunidades de nuestra nación», dijo Guzman en un comunicado.
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