Grupos de defensa de los derechos presentaron el viernes una demanda contra el secretario de Estado y el fiscal general de Alabama por una reciente decisión que eliminó del censo electoral a algunos ciudadanos naturalizados que anteriormente no tenían la ciudadanía. Los grupos argumentaron que esto significaba que estas personas tendrían que volver a registrarse para votar y «socavaba el derecho fundamental al voto».
El 13 de agosto, el secretario de Estado de Alabama, Wes Allen, anunció que su oficina había identificado en los censos electorales del estado a 3251 personas a las que el Departamento de Seguridad Nacional había expedido un número de identificación de no ciudadano.
Allen dio instrucciones a las Juntas de Registro de los 67 condados del estado para que desactivaran inmediatamente y empezaran a eliminar de los censos a todas las personas que no fueran ciudadanos estadounidenses. Caracterizó la medida como un esfuerzo estratégico «para garantizar que Alabama tenga el archivo de votantes más limpio y preciso del país».
En su demanda, los grupos alegan que la medida fue diseñada para atacar y amenazar los derechos de voto de los ciudadanos naturalizados que alguna vez fueron residentes legales permanentes no ciudadanos y a quienes el Departamento de Seguridad Nacional había emitido números de identificación de no ciudadanos.
Algunos ciudadanos nacidos en EE. UU. también fueron eliminados de las listas de votantes debido a información errónea, según la demanda.
La demanda afirma que los eliminados de las listas de votantes tendrán que «volver a registrarse innecesariamente» para votar y ser verificados si quieren votar en las próximas elecciones de 2024 y en futuras elecciones.
«Alabama está apuntando a su creciente población inmigrante a través de una purga de votantes destinada a intimidar y privar del derecho al voto a los ciudadanos naturalizados», afirma la demanda.
La demanda argumenta que Allen dirigió la inactivación de los registros de votantes a pesar de saber y reconocer que algunos votantes elegibles tendrían sus registros de votantes inactivos y eliminados porque una vez se les emitió un número de identificación de no ciudadano.
«El programa de purga inactiva y elimina constructivamente a miles de alabameños de las listas de votantes activos poco antes de las elecciones generales de noviembre de 2024 y los obliga a volver a registrarse innecesariamente para votar y ser registrados para votar, basándose únicamente en la creencia del secretario Allen de que en algún momento se les emitió un número de identificación de no ciudadano, incluso si desde entonces se han convertido en ciudadanos naturalizados y se han registrado legalmente para votar», dice la demanda.
La oficina del secretario de Estado dijo que su política permitiría a los que fueron eliminados de las listas de votantes que más tarde se convirtieron en ciudadanos naturalizados y elegibles para votar, volver a registrarse, y una vez verificados, podrían votar en las elecciones de Alabama.
«He dejado claro que no toleraré la participación de no ciudadanos en nuestras elecciones», dijo Allen en una declaración del 13 de agosto.
Según la demanda, los que fueron eliminados de las listas de votantes recibieron una carta de las Juntas de Registros de sus condados. La demanda afirma que las cartas no informaron a los destinatarios sobre que podían votar en las elecciones de 2024. Sin embargo, señala que los destinatarios recibieron un formulario de registro de votantes de Alabama «en el que se indica de forma destacada que un votante no puede registrarse en los catorce días anteriores a unas elecciones».
Las personas nacidas fuera de Estados Unidos pueden convertirse en ciudadanos estadounidenses siendo residentes permanentes legales durante cinco años, casándose con un ciudadano estadounidense, demostrando dominio del inglés y aprobando un examen de educación cívica.
También se facilitó a la oficina del fiscal general de Alabama, Steve Marshall, la lista de personas a las que se había expedido un número de identificación de no ciudadano para que siguiera investigando y emprendiera posibles acciones penales.
«No se trata de una revisión puntual de nuestro archivo de votantes. Vamos a seguir para llevar a cabo este tipo de revisiones para hacer todo lo posible para asegurarse de que todas las personas en nuestro archivo es un votante elegible», dijo Allen. «Tengo la esperanza de que en un futuro próximo el gobierno federal cambie de rumbo y sea útil a los estados en su labor de proteger nuestras elecciones».
Los demandantes en el caso son grupos de defensa, la Coalición de Alabama por la Justicia de los Inmigrantes, la Liga de Mujeres Votantes de Alabama, el Fondo de Educación de la Liga de Mujeres Votantes de Alabama y la Conferencia Estatal de Alabama de la NAACP, así como los particulares Roald Hazelhoff, James Stroop, Carmel Michelle Coe y Emily Jortner.
La demanda nombra como demandados a Allen, Marshall y a los presidentes de las Juntas de Registros de los condados de Elmore, Jefferson, Lee y Marshall.
La oficina del Secretario de Estado de Alabama dijo a The Epoch Times por correo electrónico que Allen aún no ha sido notificado de una demanda y su oficina se negó a comentar sobre litigios pendientes.
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