La nueva ley de Luisiana que exige que las escuelas publiquen los 10 Mandamientos viola la Constitución de Estados Unidos, dicen los padres en una demanda que solicita a un tribunal federal que bloquee permanentemente el estatuto.
La nueva ley, firmada el 18 de junio, exige que las escuelas exhiban los Diez Mandamientos en cada salón de clases junto con una “declaración de contexto” que los acompañe.
La demanda afirma que “durante casi medio siglo, ha quedado bien establecido que la Primera Enmienda prohíbe a las escuelas públicas que publiquen los Diez Mandamientos de esta manera”, y cita un fallo de la Corte Suprema de 1980 que anuló una ley similar en Kentucky.
La ley de Luisiana “viola este precedente vinculante y la Cláusula de Establecimiento y la Cláusula de Libre Ejercicio de la Primera Enmienda”, dice.
La Cláusula de Establecimiento dice que el Congreso “no promulgará ninguna ley en referencia a alguna religión”, y el fallo de 1980, en Stone vs Graham, determinó que exigir la exhibición de los Diez Mandamientos en las escuelas públicas violaba la cláusula.
La Cláusula de Libre Ejercicio dice que el Congreso no dictará leyes que “prohíban el libre ejercicio” de la religión.
La demanda fue presentada en un tribunal federal de Baton Rouge por la Unión Estadounidense de Libertades Civiles en nombre de los padres de escolares de Luisiana.
Entre los padres que demandan por la ley se encuentran aquellos de otras religiones que dicen que exponer a sus hijos a los Diez Mandamientos interferirá con la guía de sus hijos en sus religiones.
Muchos estudiantes no son religiosos o no suscriben los Diez Mandamientos, que provienen de la Biblia e incluyen el mandamiento “no matarás”, dicen los demandantes. Sin embargo, con la exhibición de los mandamientos, estos estudiantes “serán coaccionados inconstitucionalmente a la observancia, veneración y adopción religiosa de las escrituras religiosas favorecidas por el estado, y serán presionados a suprimir sus creencias y prácticas religiosas personales, especialmente en la escuela, para evitar el potencial desfavor, reproche y/o desaprobación de los funcionarios escolares y/o sus compañeros”, argumentan.
Están buscando una orden que declare que la ley viola la Constitución, una orden que impida permanentemente a los funcionarios hacer cumplir la ley y una orden que exija a los funcionarios que proporcionen una copia de la orden judicial a todas las escuelas del estado.
“Como familia interreligiosa, valoramos fuertemente la inclusión y la diversidad religiosa, y enseñamos a nuestros hijos que todas las personas son iguales y tienen dignidad y valor inherentes. Las exhibiciones de los Diez Mandamientos requeridas por esta ley van en contra de estos valores y envían un mensaje de intolerancia religiosa”, dijeron en un comunicado los demandantes Darcy Oake, una ministra unitaria universalista, y su esposo, Adrian Van Young.
“Como familia no religiosa, nos oponemos a que el gobierno someta por la fuerza a nuestro hijo a una escritura religiosa en la que no creemos”, agregaron otros dos demandantes, Jennifer Harding y Benjamin Owens.
El representante estatal republicano Dodie Horton, quien encabezó la medida, dijo en un discurso que “dada toda la basura a la que nuestros niños están expuestos hoy en las aulas, es imperativo que volvamos a colocar los Diez Mandamientos en una posición prominente”. Añadió que los mandamientos no “predican una determinada religión”, sino que muestran “un código moral por el que todos debemos vivir”.
Actualmente, ningún otro estado exige la exhibición de los Diez Mandamientos en las escuelas, aunque el vicegobernador de Texas, Dan Patrick, dijo recientemente que su estado aprobaría un proyecto de ley como el aprobado en Luisiana.
Los legisladores de Luisiana han dicho que esperaban que la ley fuera impugnada, pero que fallos más recientes de la Corte Suprema indican que se aprobará.
Eso incluye un fallo de 2019 en el que los jueces determinaron que exhibir una cruz en un terreno público en Maryland no era inconstitucional, en parte porque el monumento “se ha convertido en un hito comunitario destacado, y su eliminación o alteración radical en esta fecha sería vista por muchos no como un acto neutral sino como la manifestación de ‘una hostilidad hacia la religión que no tiene cabida en nuestras tradiciones de la Cláusula de Establecimiento’”.
El gobernador de Luisiana, Jeff Landry, un republicano que firmó la ley, dijo que esperaba que lo demandaran por la ley. La fiscal general de Luisiana, Liz Murrill, otra republicana, que dijo que defendería la ley en los tribunales, le dijo a The Epoch Times en un correo electrónico que aún no ha visto la nueva demanda.
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