Los 129 políticos asesinados durante el actual proceso electoral mexicano indican que los actores políticos en este país dirimen sus diferencias políticas mediante el uso de violencia y no mediante la vía de la democracia.
La falta de cultura cívica, una pésima planificación de los comicios, conflictos entre y al interior de los partidos, el populismo punitivo y la falta de seguridad han provocado que la violencia política se haya vuelto «prácticamente imparable», indica a Efe el director de la consultora Etellekt, Rubén Salazar.
Para Salazar, quien presentó hoy su sexto informe de Violencia Política, esta situación podría continuar en lo que resta de la campaña e incluso en la jornada electoral del 1 de julio.
Horas después de presentar el informe, un candidato a diputado local por el sureño estado de Oaxaca y dos acompañantes fueron asesinados a tiros durante una acto de campaña, lo que elevó de 126 a 129 el número de asesinatos políticos.
«La democracia ha dejado de ser la herramienta para dirimir diferencias en la competencia política», expuso.
Se está empleando la violencia «como el recurso más efectivo para obtener un cargo público y hacer a un lado en la contienda a aquellos aspirantes que integran la oposición», añadió.
Actualizado tras el triple asesinato de Oaxaca, el estudio contabilizó, desde que inició el proceso el pasado 8 de septiembre y hasta hoy, se han registrado 543 agresiones directas, con 129 políticos asesinados, 48 de ellos eran candidatos y precandidatos.
Para Salazar, estas cifras indican que en México se abrió un proceso donde los partidos que actualmente gobiernan en diferentes entidades «a través de la violencia han tratado de reducir al mínimo a sus rivales, a tratar de hacerlos a un lado».
Para el especialista, esa estrategia ha sido soslayada por el Instituto Nacional Electoral (INE) y en especial por su presidente, Lorenzo Córdova, quien ha reiterado que las agresiones se deben a la situación de violencia generalizada y son obra de la delincuencia organizada.
Salazar aseveró que en el anterior proceso electoral, que culminó con las presidenciales de 2012, se registraron nueve casos de políticos asesinados, entre los cuales solo se contó el de un candidato, lo que indica que hubo «algo más» que la actuación del crimen organizado.
La pésima planificación del proceso electoral, al hacer concurrentes demasiados cargos, fue uno de los detonantes de la violencia.
El directivo recordó que en estos comicios estarán en disputa 2.000 de las 2.400 alcaldías que hay en el país, mientras que en 2012 únicamente estuvieron en juego 900.
A ello se unieron conflictos y disputas violentas entre distintas fuerzas políticas y también dentro de los mismos partidos, porque los procesos de selección de candidatos fueron «desgastantes».
Salazar explicó que «muchos candidatos cambiaron de partido por no haber quedado conformes con las decisiones y fueron objeto de agresiones».
Al menos el 75 % de las agresiones se dieron en contra de políticos de oposición, en relación a los partidos que gobiernan en cada entidad.
El Partido Revolucionario Institucional (PRI) es el que registra mayor número de agresiones (130), seguido por el Movimiento Regeneración Nacional (Morena), por encima de 100.
Para Salazar, otro aspecto que ha encendido los ánimos es el llamado «populismo punitivo», una estrategia de comunicación política surgida en 2016 y que consiste en prometer el encarcelamiento de las administraciones actuales por corrupción.
Señaló que ni el INE ni las autoridades federales identificaron las zonas de riesgo en el país en materia de violencia política y no actuaron con prontitud, lo cual generó un ambiente de «mayor impunidad».
Este lunes, autoridades mexicanas detuvieron a tres presuntos sicarios del narcotráfico acusados de asesinar el 21 de junio a Fernando Ángeles Juárez, candidato a alcalde del municipio de Ocampo, en el estado de Michoacán (oeste).
Las primeras investigaciones indican que los detenidos forman parte del grupo delictivo Los Viagras, brazo armado del cártel La Nueva Familia Michoacana.
La Fiscalía estatal también anunció que investiga a 28 policías del municipio por presuntos nexos con el crimen organizado y su relación con el aspirante asesinado.
El director de la consultora cree que es posible que la violencia no pare hasta que los candidatos electos tomen posesión de sus cargos, por lo que «seguirá siendo crítica la seguridad personal de los ganadores».
El 1 de julio los mexicanos elegirán a 3.400 cargos públicos, entre ellos el presidente del país, diputados y senadores.
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