Demócratas contradicen a juez que asegura que el Congreso «no tiene autoridad» sobre la Corte Suprema

Por Jack Phillips
31 de julio de 2023 7:50 AM Actualizado: 31 de julio de 2023 7:50 AM

Los representantes demócratas rechazaron los dichos del juez Samuel Alito después de que declarara que el Congreso no tiene «ninguna autoridad» para regular la Corte Suprema en virtud de la Constitución.

«Yo sé que esta es una opinión controvertida, pero estoy dispuesto a decirla», declaró Alito al medio The Wall Street Journal a fines de la semana pasada. «Ninguna disposición de la Constitución les da autoridad para regular la Corte Suprema —punto».

El Congreso «no creó la Corte Suprema», añadió el juez Alito, semanas después de que el Comité Judicial del Senado votara a favor de un proyecto de ley que impondría un código ético para el máximo tribunal estadounidense.

«No sé si alguno de mis colegas ha hablado de ello públicamente, por lo que no pienso que deba decirlo», dijo Alito al Journal. «Pero yo creo que es algo en lo que todos hemos pensado».

La Constitución permite al Congreso configurar y estructurar los tribunales federales inferiores. También puede limitar los casos que la Corte Suprema de Estados Unidos puede conocer en apelación, despojando a las cortes federales de su jurisdicción sobre ciertos asuntos, según el sitio web del Congreso.

«La Constitución dispone la existencia de una Corte Suprema, si bien deja en manos del Congreso la decisión de establecer cortes federales inferiores», de acuerdo a la página Web de la misma.

Una parte de la Constitución dice que la «Corte Suprema tendrá jurisdicción de apelación, tanto de hecho como de derecho, con las excepciones y bajo las regulaciones que establezca el Congreso». Algunos han interpretado esa cláusula en el sentido de que el Congreso tiene cierta capacidad para regular de algún modo el máximo tribunal.

Con sus comentarios, es probable que el juez Alito se enfrente ahora a más críticas por parte de los demócratas y a un mayor examen por parte de los medios de comunicación corporativos y de izquierda, que lo han atacado repetidamente en los últimos meses, al igual que al juez Clarence Thomas —ambos nombrados por presidentes republicanos. En particular, el juez Alito redactó la histórica decisión que anuló el caso Roe vs. Wade el año pasado, devolviendo a los estados la decisión de regular o no el aborto.

El juez Thomas se ha enfrentado al escrutinio después de que la prensa informara de que supuestamente recibió viajes del multimillonario Harlan Crow. El juez Thomas ha dicho que no sabía que tenía que revelar esos viajes, mientras que el multimillonario calificó la información de «golpe político» diseñado para presionar a la Corte Suprema.

Los jueces de la Corte Suprema de EE.UU. posan para su foto oficial en la Corte Suprema de Washington, el 7 de octubre de 2022. (Sentados de izquierda a derecha) Los jueces Sonia Sotomayor y Clarence Thomas, el presidente de la Corte Suprema John Roberts, los jueces Samuel Alito y la jueza Elena Kagan. (Atrás de izquierda a derecha) Los jueces Amy Coney Barrett, Neil Gorsuch, Brett Kavanaugh y Ketanji Brown Jackson. (Olivier Douliery/AFP vía Getty Images)

En contraste con las afirmaciones de los demócratas, los republicanos han criticado el esfuerzo del partido como un intento de reducir el poder de la Corte Suprema, que actualmente cuenta con seis jueces nombrados por presidentes republicanos. Dado que el Partido Republicano controla la Cámara de Representantes, es poco probable que los planes de los senadores demócratas por forzar un proyecto de ley de ética en la Corte Suprema vean la luz del día.

Durante la primera parte de la administración del presidente Joe Biden, algunos demócratas plantearon la idea de ampliar la Corte Suprema con más jueces, lo que permitiría a Biden nombrar más jueces para el alto tribunal e inclinar la institución a favor de la agenda demócrata.

Respuesta de los demócratas

El senador Sheldon Whitehouse (D-R.I.) dijo la semana pasada en una audiencia del comité, antes que se publicaran los comentarios del juez Alito, que los «requisitos de divulgación financiera de la Corte Suprema son una ley aprobada por el Congreso; sus requisitos de recusación son una ley aprobada por el Congreso; y el organismo que implementa la divulgación financiera y las cuestiones del código de conducta es la Conferencia Judicial, un organismo creado por el Congreso».

«Por favor, no finjamos que el Congreso no puede hacer enmiendas a leyes aprobadas por el Congreso o supervisar organismos creados por el Congreso», añadió Whitehouse. «Durante décadas, los propios jueces nunca se han opuesto a esta estructura y, de hecho, la han cumplido repetidamente y sin rechistar, por lo que incluso la corte ha demostrado que no se cree esa patraña», dijo el senador.

Tras los comentarios de Alito, el representante Ted Lieu (D-Calif.) dijo a través de Twitter, también llamado X, que el Congreso tiene cierta supervisión sobre la Corte.

«Querido Juez Alito: Usted está en la Corte Suprema en parte porque el Congreso amplió la Corte a 9 jueces», escribió el Sr. Lieu. «El Congreso puede destituir a los jueces y, en muchos casos, privar a la Corte de jurisdicción. El Congreso siempre le ha regulado y seguirá haciéndolo. Ustedes no están por encima de la ley».

¿Qué opina el presidente de la Corte Suprema?

El presidente de la Corte Suprema, John Roberts, ha dicho anteriormente que duda que el Congreso tenga la capacidad de regular al alto tribunal y a sus jueces.

En 2011, el juez Roberts, designado por el expresidente George W. Bush, escribió que «como en el caso de los requisitos de presentación de informes financieros y regalos, los límites del poder del Congreso para exigir la recusación nunca se han puesto a prueba». También se refirió a los principios éticos respaldados por los nueve jueces en ese momento, incluidos los nombrados por los administraciones presidenciales demócratas.

Los comentarios del juez Alito al Journal surgieron en un momento en que el juez bloqueó temporalmente la decisión de una corte inferior de anular un reglamento sobre las armas de fuego de fabricación privada conocidas como «armas fantasma», mientras la Corte Suprema sopesa una petición de la administración Biden para restablecer la norma.


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