Tres legisladores demócratas están exigiendo que la jueza de la Corte Suprema, Amy Coney Barrett, se abstenga de participar en un caso que involucra la privacidad de un donante de alto perfil. El argumento de los demócratas es que uno de los litigantes gastó dinero en apoyo de la confirmación de la jueza ante el tribunal más alto de la nación.
Nominada por el entonces presidente Donald Trump, la constitucionalista-conservadora Barrett fue confirmada por el Senado de Estados Unidos, justo antes del día de las elecciones presidenciales. Reemplazó a la jueza liberal Ruth Bader Ginsburg, quien murió el 18 de septiembre de 2020.
El caso, Americans for Prosperity Foundation v. Rodríguez, y un caso complementario, Thomas More Law Center v. Rodríguez, se han consolidado y serán escuchados por la corte el 26 de abril.
Americans for Prosperity Foundation (AFPF) y su organización hermana, Americans for Prosperity, son influyentes organizaciones sin fines de lucro libertario-conservadoras. Las financia el empresario Charles Koch, que tiene sucursales en todo el país. El Thomas More Law Center, que no debe confundirse con el bufete de abogados de interés público con sede en Chicago, Thomas More Society, es un bufete de abogados de interés público cristiano conservador con sede en Ann Arbor, Michigan.
Las regulaciones de California requieren que las organizaciones benéficas presenten, anualmente ante el estado, una copia de su Formulario 990 del IRS, una declaración informativa para organizaciones exentas de impuestos. El Anexo B del formulario contiene los nombres y direcciones de los principales donantes. Si bien el formulario está disponible para el público, la información del donante del Anexo B debe mantenerse confidencial, bajo pena de sanciones civiles y penales federales.
Cuando un Anexo B se divulga al público, se tacha (oculta) la información de identificación del donante.
Desde aproximadamente el 2005, California ha exigido que las organizaciones benéficas presenten documentos del Anexo B del estado, sin tachar, dando a los funcionarios estatales los nombres de los donantes. La política del estado es mantener la información confidencial, pero no existen sanciones legales por violar dicha confidencialidad.
Las organizaciones benéficas en cuestión se niegan a presentar sus documentos de Anexo B no tachados ante el gobierno liberal de California, dominado por el Partido Demócrata, porque no confían en que sus funcionarios mantengan la información en secreto. Dicen que sus donantes han sido acosados en el pasado y han sido víctimas de represalias cuando sus nombres se hicieron públicos.
Un tribunal de distrito de EE.UU. estuvo de acuerdo con las organizaciones benéficas y de manera preliminar le prohibió a California que les exigiera a los peticionarios que presenten sus formularios de Anexo B, sin embargo, la Corte de Apelaciones de Estados Unidos para el Noveno Circuito revocó el fallo.
“Todos los estadounidenses deberían tener la libertad de organizarse en torno a creencias profundamente arraigadas”, dijo anteriormente Emily Seidel, directora ejecutiva de AFPF. “Despojar a los ciudadanos de su privacidad es una herramienta utilizada por algunos en el poder político para silenciar a su oposición y evitar que las personas se involucren en esfuerzos educativos y caritativos”.
Americans for Prosperity le dijo al periódico The Hill, en septiembre del año pasado, que planeaba gastar una cifra millonaria en un bombardeo publicitario para generar apoyo a la nominación de Barrett.
En una carta de tres páginas, fechada el 16 de abril, los senadores Sheldon Whitehouse (DR.I.) y Richard Blumenthal (D-Conn.), junto con el Representante Hank Johnson (D-Ga.), sugirieron que este gasto podría hacer que Barrett tuviera un sesgo a favor de AFPF.
«El estatuto, la jurisprudencia constitucional y el sentido común parecen requerir su recusación», escribieron. «Como mínimo, debe haber una explicación pública de por qué cree que la recusación no sería un requisito según la ley federal».
«Durante su reciente proceso de confirmación, se le preguntó por escrito si se recusaría para el caso Americans for Prosperity Foundation v. Rodriquez… el cual entonces estaba pendiente en el expediente de certiorari de la Corte. Usted se negó a hacerlo, respondiendo que «como jueza en ejercicio y como candidata judicial, no sería apropiado que ofreciera una opinión sobre cuestiones legales abstractas o hipotéticas», y que «tales cuestiones sólo pueden ser respondidas a través del proceso judicial».
«Como el Tribunal Supremo ha aceptado manejar el caso desde entonces, estas cuestiones ya no son abstractas o hipotéticas, por lo que renovamos la petición'».
Curt Levey, presidente del Comité de Justicia, le dijo a The Epoch Times que la solicitud de recusación es «absurda».
“Para mí es una novedad que, si un grupo te apoya, eso crea un conflicto de intereses. Normalmente no es así como se piensa y, bajo un precedente normal, surgiría un conflicto de intereses si hubiera dado dinero a la AFPF o si hubiera formado parte de su junta. Incluso podrías argumentar, sería un caso débil, si ella hubiera hablado en una de sus reuniones, por el hecho de que la apoyaron. No puedes elegir quién te apoya”, dijo Levey.
«De hecho, si quiere llevarlo a su conclusión lógica, una organización podría forzar estratégicamente a un juez o un magistrado a recusarse simplemente apoyándolos».
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