Un panel de supervisión del Congreso, controlado por demócratas, dijo en una audiencia el 14 de junio, que hay que imponer un código de conducta a la Corte Suprema, que obligue a los jueces a recusarse cuando exista una conexión financiera entre el juez o la familia del juez y alguien que tenga negocios ante la corte.
Si la Corte Suprema no actúa, el Congreso lo hará, dijo el senador Sheldon Whitehouse (D-R.I.) en la reunión del subcomité de la Comisión Judicial del Senado sobre las Cortes Federales, Supervisión, Acción de la Agencia y Derechos Federales.
El subcomité estaba examinando la propuesta de Ley de Ética, Recusación y Transparencia de la Corte Suprema (SCERT) de 2023, S.359, que Whitehouse, su presidente, presentó en febrero. A su vez, el representante Hank Johnson (D-Ga.) presentó ante la Cámara de Representantes el proyecto de ley H.R. 926, que le acompaña.
El proyecto de ley de Whitehouse está copatrocinado por 21 senadores, entre ellos Cory Booker (D-NJ), Dianne Feinstein (D-Calif.), Mazie Hirono (D-Hi.), Mark Warner (D-Va.) y Bernie Sanders (I-Vt.), que forman parte de los caucus demócratas.
Whitehouse es un crítico abierto respecto a la Corte Suprema y, en particular, respecto a los jueces conservadores como Clarence Thomas.
Los demócratas están molestos porque el rico donante republicano, Harlan Crow, supuestamente regaló a Thomas vacaciones de lujo, ayuda para la matrícula de un sobrino nieto que el juez ha criado, y además compró una propiedad a la familia Thomas. Thomas no lo reveló, alegando que se le informó de que no era obligatorio. E juez se comprometió a revelar estos hechos en el futuro.
Los demócratas afirman que los regalos en sí mismos son prueba de corrupción, pero los juristas no están de acuerdo. Los juristas también señalan que no hubo conflicto de intereses porque Crow no tenía ningún asunto ante la Corte Suprema.
Mientras que las recientes audiencias del Congreso sobre la ética de la Corte Suprema han sido tensas y llenas de rencor y acusaciones, en esta reunión no se alzó la voz.
Eso puede deberse a que ningún senador republicano habló. En otras audiencias, los republicanos se han opuesto enérgicamente a los esfuerzos de los demócratas por utilizar la legislación para regular la Corte Suprema. Los republicanos argumentan que la doctrina constitucional de separación de poderes impide al Congreso regular el comportamiento de los jueces. Los republicanos han sugerido que los demócratas solo quieren actuar contra la Corte porque su mayoría conservadora ha tomado decisiones que consideran objetables.
Por ejemplo, en una audiencia celebrada el 2 de mayo, el exfiscal general Michael Mukasey, nombrado por el expresidente George W. Bush, dijo a los legisladores que la preocupación de los demócratas por la ética de la Corte Suprema era interesada y exagerada, informó The Epoch Times.
«Es imposible escapar a la conclusión de que se está pidiendo al público que alucine con la mala conducta para socavar la autoridad de los jueces que dictan sentencias con las que estos críticos no están de acuerdo, y así socavar la autoridad de las propias sentencias», dijo Mukasey.
En esta audiencia, en un discurso pronunciado hace dos semanas, Whitehouse dijo que el presidente de la Corte Suprema, John Roberts, «reconoció que la Corte tiene más por hacer, que los jueces siguen buscando cosas que puedan hacer para dar efecto práctico a ese compromiso ético, y que confía en que hay formas de hacerlo, formas de hacer más», refiriéndose a un discurso que Roberts pronunció el 23 de mayo.
«La fingida hospitalidad personal, los obvios conflictos de intereses, la falsa anarquía de los grupos de fachada. Todas estas son áreas maduras para ser reparadas», dijo Whitehouse.
«El pueblo estadounidense está cansado de esperar», agregó el senador.
«Una nueva encuesta publicada el mismo día de las declaraciones del presidente de la Corte Suprema muestra que casi el 60 % de los estadounidenses desaprueba la forma en que la Corte Suprema está haciendo su trabajo y que los estadounidenses son más propensos a pensar que la honestidad y los estándares éticos de los jueces son bajos o muy bajos. Para una institución que depende de la fe del público para llevar a cabo sus funciones, eso es territorio inquietante. Si la Corte Suprema no va a hacer nada para restaurar la confianza del público, nos corresponde a nosotros en el Congreso».
«Necesitamos saber más sobre los grupos de fachada que ayudaron a nombrar a los jueces de Trump, y luego aparecen como litigantes ante esos mismos jueces», dijo el senador.
Whitehouse también apuntó contra Thomas, que fue nombrado en 1989 por el fallecido presidente republicano George H.W. Bush, diciendo que el juez se ha negado a recusarse de casos relacionados con las disputadas elecciones de 2020, o los acontecimientos del 6 de enero de 2021, una brecha de seguridad en el Congreso que los demócratas argumentan que constituyó una insurrección.
Thomas «votó para impedir que el comité del 6 de enero tuviera acceso a las comunicaciones de la Casa Blanca que podrían haber incluido los textos de la esposa del juez Thomas al jefe de gabinete de la Casa Blanca, sobre anular las elecciones de 2020», dijo el senador, refiriéndose a la esposa de Thomas, la activista conservadora y partidaria de Trump, Ginni Thomas, quien ha dicho que no discute asuntos judiciales con su marido.
«La legalidad de esa falta de recusación depende de un hecho: ¿qué sabía el juez Thomas sobre las actividades de insurrección de su esposa y cuándo lo supo?», dijo Whitehouse.
El presidente del comité en pleno, el senador demócrata, Dick Durbin, también intervino en la audiencia.
«Nosotros necesitamos restaurar la confianza pública y la confianza en nuestra Corte Suprema», declaró el senador. «Eso no puede hacerse cuando operan en la oscuridad y en secreto».
«La audiencia de hoy debatirá la transparencia de la recusación. Hemos visto un movimiento interesante sobre esta cuestión en la Corte Suprema con al menos una jueza, Elena Kagan», dijo Durbin.
«Ella ahora está dando explicaciones públicas de sus decisiones de recusación —ella lo entiende. Entiende que cuando el pueblo estadounidense entiende su proceso de pensamiento, da credibilidad a su resultado final. Lo mismo ocurre con el resto de la Corte. La pregunta obvia es si otro juez seguirá su ejemplo».
El proyecto de ley de Whitehouse ordenaría a la Corte Suprema emitir un código de conducta que rija a sus propios miembros. Exigiría a la Conferencia Judicial de Estados Unidos, un organismo creado por el Congreso, que emita un código de conducta para los jueces de las cortes de apelación, las cortes de distrito y la Corte de Comercio Internacional.
El proyecto de ley también crearía un sistema que permitiría a los miembros del público presentar denuncias contra los magistrados por violar el código de conducta o por incurrir «en conductas que menoscaben la integridad de la Corte Suprema de Estados Unidos».
Un «panel de investigación judicial» compuesto por «5 jueces elegidos al azar entre el presidente de cada circuito de Estados Unidos» revisaría e investigaría las denuncias y presentaría sus conclusiones y recomendaciones ante la Corte Suprema, que desestimaría las denuncias, ordenaría medidas disciplinarias o introduciría cambios en las normas o procedimientos del tribunal. El panel, que tendría poderes de citación, también estaría facultado para celebrar audiencias y publicar informes sobre sus actividades.
Se establecerían normas que exigirían la divulgación de regalos, ingresos y reembolsos recibidos por cualquier juez y cualquier secretario judicial de un juez. El proyecto de ley también permitiría a un litigante presentar una moción para descalificar a un juez de un caso, que sería revisada por un panel de jueces.
La medida también obligaría a un juez a recusarse de un caso cuando sepa que una parte o su filial en un procedimiento judicial ha gastado «fondos sustanciales» en apoyo de la confirmación del juez por el Senado. La obligación de recusarse también se aplicaría cuando un juez, su cónyuge, un hijo menor de edad o una entidad privada propiedad de esa persona recibiera ingresos, un regalo o un reembolso de una parte o un afiliado en un procedimiento en un periodo de seis años antes de que el juez se haga cargo del caso.
Además, se requeriría una mayor divulgación por parte de las partes que presenten escritos como amigos de la corte, que buscan influir en la corte en casos específicos. La Corte Suprema y la Conferencia Judicial estarían dirigidas a prescribir reglas que prohíban la presentación de escritos de amigo de la corte que llevarían a la descalificación de un juez de un caso particular.
No está claro cuándo el subcomité votará sobre la legislación.
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