Uniéndose a un coro de legisladores que piden responsabilidad por parte de la policía, los senadores Bernie Sanders (I-Vt.), Elizabeth Warren (D-Mass.) y Edward Markey (D-Mass.) son los últimos legisladores en presentar un proyecto de ley para poner fin a la doctrina legal que aísla a los oficiales de policía de las demandas civiles, conocida como inmunidad calificada.
Los senadores presentaron el miércoles el proyecto de ley de Inmunidad Calificada Final, destinado a eliminar la doctrina elaborada por la Corte Suprema, para proporcionar responsabilidades cuando los funcionarios públicos, como los policías, violen los derechos constitucionales.
La doctrina de la «inmunidad calificada» protege a los funcionarios del gobierno de la responsabilidad por daños y perjuicios, debido a reclamos por daños generados a causa de sus acciones, en el desempeño de sus funciones oficiales, incluso si esas acciones violan la Constitución de Estados Unidos, pero no violan una regla «claramente establecida». El concepto de regla «claramente establecida», que los críticos de la doctrina consideran problemática, requiere que la parte que demanda al funcionario demuestre que, los hechos en su caso, fueron lo suficientemente similares a los hechos en casos judiciales anteriores.
La doctrina fue cuestionada después de la muerte de George Floyd, quien murió cuando un oficial de Minneapolis le puso su rodilla en el cuello. La doctrina fue creada por la Corte Suprema en 1982, como parte de la interpretación de la corte superior de 42 U.S.C. § 1983, comúnmente conocido como Sección 1983, que proporciona una base para que las personas demanden a los funcionarios públicos que violan los derechos constitucionales de una persona.
Sin embargo, según la interpretación actual de la ley por parte de la Corte Suprema, no es suficiente demostrar que se violan los derechos. Las víctimas también deben demostrar que la acción fue «claramente definida», y si fallan, el funcionario podría recibir inmunidad calificada.
En medio de las protestas a nivel nacional que exigen la rendición de cuentas de la policía, a raíz de la muerte de Floyd, los legisladores y académicos pidieron a la Corte Suprema que revise la doctrina con el fin de limitar o de poner fin a su funcionamiento.
Los expertos legales dicen que la inmunidad calificada ha protegido rutinariamente a aquellos que son incompetentes y que violan la ley a sabiendas, como cuando los tribunales otorgaron inmunidad a los oficiales que robaron más de USD 225,000 (pdf) y a un oficial que le disparó a un niño de 10 años, mientras intentaba dispararle a un perro de la familia que no representaba ninguna amenaza (pdf).
Pero el máximo tribunal de la nación hasta ahora se ha negado a hacerlo. El 15 de junio, la Corte Suprema se negó a escuchar ocho casos importantes (pdf) que presentaban oportunidades para que los jueces reconsideraran la doctrina.
El proyecto de ley de inmunidad calificada final es la medida complementaria de la versión de la Cámara, con el mismo nombre, presentada a principios del mes pasado por los representantes Justin Amash (L-Mich.) y Ayanna Pressley (D-Mass.). El proyecto de ley establece que la doctrina de inmunidad calificada no se puede utilizar como defensa contra una demanda por mala conducta, según la Sección 1983.
«En un momento en que un número sin precedentes de personas exigen el fin del asesinato policial, la brutalidad y la impunidad, tenemos que abolir finalmente la ‘inmunidad calificada’”, dijo Sanders en un comunicado. “Esta no es una idea radical: los oficiales de policía deben rendir cuentas por los abusos que cometen; nadie está por encima de la ley. Si nos tomamos en serio la verdadera reforma policial, el Senado debe aprobar nuestra Ley de Inmunidad Calificada Final».
Proyectos de ley similares han sido presentados por otros miembros del Congreso. El senador Mike Braun (R-Ind.) presentó el mes pasado la Ley de Reforma de la Inmunidad Calificada, que limita algunas de las protecciones para los funcionarios públicos contra demandas civiles, lo que dificulta a los policías reclamar la inmunidad. Posteriormente, el proyecto de ley de Braun fue rechazado por grupos policiales y sindicatos.
La Alianza de la Policía del Estado de Indiana dijo en un comunicado el martes que no fueron contactados para realizar consultas durante el desarrollo del proyecto de ley, y agregó que se oponen a la abolición de la inmunidad calificada para la aplicación de la ley.
“La protección ayuda a los oficiales a cumplir con sus deberes y obligaciones de servir al público y hacer cumplir la ley. Si bien no hay duda de que los malos actores han puesto este tema en primer plano, creemos que la inmunidad calificada sirve para proteger a todos los agentes de policía que desempeñan legítimamente sus funciones, y permite al público recuperar los daños en los casos en que un agente de policía ha violado los derechos de la persona», decía el comunicado firmado por el presidente del grupo, Scott Krueger, y su director ejecutivo, Cory Martin.
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