Demócratas quieren USD 100,000 millones para asistencia de alquiler en próximo paquete de alivio

Por Masooma Haq
11 de mayo de 2020 8:01 PM Actualizado: 11 de mayo de 2020 8:01 PM

Los principales demócratas en la Cámara de Representantes y el Senado presentaron una legislación para asignar USD 100,000 millones para un Programa de Asistencia de Alquiler para que los inquilinos puedan retener su vivienda durante y después de la pandemia.

La senadora estadounidense Elizabeth Warren (D-Mass.); el senador Sherrod Brown (D-Ohio), miembro de mayor rango del Comité de Banca, Vivienda y Asuntos Urbanos del Senado; la congresista Maxine Waters (D-Calif.), presidenta del Comité de Servicios Financieros de la Cámara; y el congresista Denny Heck (D-Wash.) anunciaron la Ley de Asistencia de Alquiler de Emergencia y Estabilización del Mercado de Alquiler de 2020 el 10 de mayo.

«El Congreso debe actuar ahora para mantener a las familias en sus hogares», dijo Brown. «Es por eso que estoy presentando la Ley de asistencia de alquiler de emergencia y estabilización del mercado de alquiler de 2020 para garantizar que los inquilinos permanezcan alojados de manera segura y asequible durante y después de esta crisis».

Los USD 100,000 millones financiarían el programa de Asistencia de Alquiler de Emergencia y permitiría a las familias e individuos pagar sus facturas de alquiler y servicios públicos. El programa dirigiría dinero a comunidades, estados y tribus a través de un programa de asistencia federal provisional de alquiler ya existente para permitir la distribución rápida de fondos.

«La vivienda estable es una necesidad básica para los estadounidenses que luchan bajo el peso de esta emergencia de salud pública», dijo Warren. «Me alegra asociarme con mis colegas en un proyecto de ley para ayudar a familias e individuos en Massachusetts y en todo el país a pagar su renta, facturas de servicios públicos y permanecer establemente alojados durante y después de esta devastadora pandemia».

Waters dijo que quiere evitar una «crisis de desalojo nacional», y dijo que la legislación «crearía un fondo de asistencia de alquiler de emergencia de USD 100,000 millones para ayudar a los inquilinos en todo el país, así como a los propietarios familiares y familiares que dependen de los pagos de alquiler para su jubilación».

El paquete anterior de alivio de coronavirus permitió a la Administración Federal de Vivienda (FDA) implementar programas de indulgencia para inquilinos.

En respuesta a la emergencia nacional pandémica, la FDA ha permitido a los prestatarios entrar en indulgencia, en la que pueden suspender o reducir su pago mensual durante seis meses, con la posibilidad de extender la indulgencia por seis meses adicionales.

Según el sitio web de Vivienda y Desarrollo Urbano, «la FHA no requiere el pago de una suma global al final de la indulgencia, y ha desarrollado el Reclamo Parcial Autónomo COVID-19 para ayudar con el reembolso».

En un esfuerzo por ayudar a la economía a recuperarse, los legisladores quieren invertir dinero en estabilizar los mercados de alquiler. Según los legisladores, el proyecto de ley fue defendido porque millones de familias enfrentan incertidumbre financiera por causas ajenas a su voluntad.

«Este proyecto de ley ayudará a los inquilinos a pagar su renta, sin poner la carga sobre los propietarios, muchos de los cuales dependen de los pagos de los inquilinos para pagar sus hipotecas», dijo el congresista Heck. «Es vital para nuestra recuperación y para el bienestar de los estadounidenses que hagamos todo lo posible para mantener a las personas en sus hogares».

Según la Oficina de Estadísticas Laborales de EE.UU. , la tasa de desempleo aumentó al 14,7 por ciento en abril de 2020. “El número de personas desempleadas que informaron haber estado en cesantía de trabajo en forma temporal aumentó aproximadamente diez veces a 18,1 millones en abril. El número de personas que perdieron su trabajo permanente aumentó en 544,000 a 2.0 millones”.

La legislación ha sido respaldada por una amplia gama de organizaciones de mujeres, derechos civiles, derechos de discapacidad, bienestar social, vivienda, gobierno estatal y local, fe, atención médica y organizaciones de defensa de la infancia.


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