Los demócratas de la Cámara de Representantes derrotaron a última hora del miércoles un intento de los republicanos de exigir la divulgación pública de los «malos actores» en los abusos del trabajo forzado en China identificados en las cadenas de suministro de las empresas estadounidenses y de sancionarlos.
La moción para volver a presentar, introducida por el representante Andy Barr (R-Ky.), la «Ley de Simplificación de la Divulgación de ASG» de los demócratas fue rechazada por 218 votos a favor y 208 en contra, con cinco miembros que no votaron.
Si la moción hubiera sido aprobada, la propuesta legislativa habría sido devuelta al Comité de Servicios Financieros de la Cámara de Representantes para considerar una enmienda que añadiera la identificación y el proceso de los malos actores.
El proyecto de ley de los demócratas impondría una serie de nuevas divulgaciones requeridas para las empresas públicas estadounidenses en relación con sus prácticas ambientales, sociales y de gobernanza (ASG) y la forma en que sus directivos consideran su inclusión en las estrategias de la empresa.
Los detalles de esta información los determinaría un nuevo Comité Asesor de Finanzas Sostenibles establecido en la Comisión de Bolsa y Valores (SEC, por su sigla en inglés).
El representante Juan Vargas (D-Calif.) es el principal patrocinador del proyecto de ley sobre ASG, que presentó por primera vez en el Congreso hace dos años. El presidente Joe Biden firmará el proyecto de ley si llega a su escritorio, según la Oficina de Administración y Presupuesto de la Casa Blanca.
La presidenta de la Comisión de Servicios Financieros de la Cámara de Representantes, Maxine Waters (D-Calif.), elogió la propuesta por crear lo que denominó «normas de divulgación claras y coherentes para los emisores» y por proporcionar a los inversores «la información que necesitan para tomar las mejores decisiones de inversión posibles y hacer que las empresas en las que invierten rindan cuentas» sobre las cuestiones ASG.
La moción de Barr y la enmienda correspondiente no habrían modificado el mandato de divulgación de información sobre ASG, pero habrían añadido disposiciones que obligan a las empresas a informar al Departamento del Tesoro sobre cualquier proveedor u otro socio comercial que participe o apoye de alguna manera las instalaciones de China que, según las estimaciones, retienen a más de un millón de uigures de etnia musulmana en detención y trabajo forzado.
Los proveedores y socios infractores estarían sujetos a posibles sanciones estadounidenses si:
- Utilizan mano de obra en condiciones forzadas o participan en la construcción de campos de detención en la Región Autónoma Uigur de China.
- Crean o proporcionan tecnología o asistencia para la vigilancia masiva en la provincia china de Xinjiang, donde vive la mayoría de los uigures.
- Participar en graves abusos de los derechos humanos o en la corrupción.
- Socavan el proceso o las instituciones democráticas de Hong Kong.
En su intervención en el pleno de la Cámara para presentar su moción, Barr dijo que si los miembros de la Cámara de ambos partidos están «realmente preocupados por las empresas públicas que pueden estar trabajando con malos actores —en particular, los malos actores responsables de los peores abusos de los derechos humanos en China— enterrar su nombre en el sitio web de la SEC no conseguirá absolutamente nada. Tenemos que asegurarnos de que se remitan al Departamento del Tesoro para que podamos imponer sanciones».
En la actualidad, las empresas estadounidenses solo están obligadas a informar a la SEC cuando sospechan que uno de sus proveedores o socios comerciales está implicado en las atrocidades cometidas por China contra los uigures.
Barr señaló que si se aprueba su moción y se modifica el proyecto de ley, entonces «en lugar de informar sobre las empresas chinas malignas a la SEC —una agencia que ha reconocido desde hace tiempo su falta de experiencia, y francamente su falta de capacidad e interés, en alcanzar los objetivos de política exterior— nos aseguraremos en cambio de que las entidades de las cadenas de suministro de las empresas sean señaladas al Tesoro cuando las empresas públicas tengan motivos para creer que están implicadas en atrocidades en Xinjiang».
El republicano de Kentucky describió que las atrocidades «van desde la vigilancia masiva hasta los trabajos forzados y otras violaciones de los derechos humanos básicos». Las empresas también podrán hacer sonar la alarma sobre las entidades cómplices del ataque de China a las libertades de Hong Kong, lo que permitirá a la [Oficina de Control de Activos Extranjeros] OFAC del Tesoro determinar si puede imponer nuevas sanciones».
Barr dijo a los miembros de la Cámara de Representantes que «debemos cortar a los infractores de la economía mundial hasta que China cambie de rumbo. Debemos confiar en las apelaciones a sus ganancias, no a su conciencia. Ese es el poder de las sanciones estadounidenses».
Barr concluyó señalando que «podemos aprobar medidas a medias que sabemos que no funcionarán y retorcernos las manos más tarde cuando el problema siga sin resolverse, o podemos articular lo que queremos atacar y tomar medidas reales».
«Lo primero está por debajo de la dignidad de esta Cámara, meras divulgaciones y registro de valores, transformar los 10K [el informe estándar de la SEC para las empresas públicas] de cien páginas a miles de páginas, eso no va a resolver el problema».
«Lo primero está por debajo de la dignidad de la Cámara, lo segundo está plasmado en mi enmienda: las sanciones, la OFAC, el uso del poder del Departamento del Tesoro de Estados Unidos».
Puede contactar con el corresponsal del Congreso Mark Tapscott en [email protected]
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