El Caucus Hispano y el Caucus Negro del Congreso instaron a la administración Biden a detener la financiación a un programa de deportación de migrantes en Panamá.
El jueves, los presidentes de ambos caucus expresaron su oposición a las deportaciones y su preocupación por la utilización de “fondos críticos” para tal efecto.
Se espera que la Casa Blanca anuncie el día de hoy la asignación de 10 millones de dólares, que el gobierno panameño habría solicitado para un programa piloto de seis meses que busca deportar a migrantes que no califican para las protecciones que ofrece el sistema migratorio. Inicialmente estaría enfocado en hombres adultos solteros y podría iniciar a mediados de este mes.
Los congresistas demócratas argumentan que “muchos migrantes en Panamá –particularmente los de Venezuela y Haití– están escapando de la persecución política, la pobreza desoladora y la violencia”.
Sin embargo, la ayuda incluirá apoyo para detectar y brindar protección a personas que enfrentarían persecución o tortura si regresaran a su país, según declaraciones de un alto funcionario de la administración Biden a Axios.
Por su parte, el representante Joaquín Castro (D-Tx), dijo que financiar estas deportaciones «pondrá en peligro a familias vulnerables sin abordar las causas de la migración forzada”.
En lo que va del año, más de 320,000 personas han transitado por la zona del Darién, según las autoridades panameñas, que reconocen la situación como un problema de seguridad nacional. Se estima que el 60% de ellos son venezolanos.
Ambos caucus se pronunciaron a favor de la protección de los migrantes e instaron a la Casa Blanca a reconsiderar su política. También advirtieron que tal decisión “enviaría un mensaje peligroso sobre las obligaciones de los países receptores», que tienen la responsabilidad de proteger a los migrantes.
Panamá ha tomado medidas como ofrecer un Estatus de Protección Temporal a migrantes que se encontraban en el país, permitiéndoles la residencia y trabajo de forma regular. Sin embargo, está imponiendo medidas más estrictas para impedir la entrada de migrantes irregulares al país.
El gobierno anunció el plan de deportaciones a principios de septiembre, tras la visita de la Asesora de Seguridad Nacional, Liz Sherwood-Randall. Este incluye además, la contratación de vuelos charter y la construcción de infraestructura en la zona del Darién para regular el flujo migratorio. Además, se reduciría la estancia de turistas a 15 días, quienes deben demostrar contar con solvencia económica al ingresar al país y pasar por revisiones aeroportuarias más estrictas.
Mientras tanto, miles de migrantes siguen llegando a la frontera sur, donde la oleada sin precedente ha rebasado la capacidad de las autoridades estadounidenses.
En su intento por controlar la crisis migratoria en la frontera entre Estados Unidos y México, la administración Biden está presionando a varios países latinoamericanos para aceptar más deportaciones.
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