La Fiscalía de Perú presentó una denuncia este martes contra la presidenta Dina Boluarte por homicidio y lesiones de manifestantes a fines de 2022 e inicios de 2023.
La Fiscalía de la Nación, a través del Área de Enriquecimiento Ilícito y Denuncias Constitucionales, informó que presentó denuncia constitucional contra Dina Boluarte y seis exministros «como presuntos autores de delitos contra la vida, el cuerpo y la salud, en el contexto de violaciones a los DD.HH.», a través de un comunicado.
Además de Bolaurte, los denunciados Pedro Miguel Angulo y Alberto Otárola, en su condición de presidentes del Consejo de Ministros, así como el mismo Otárola y Jorge Chávez como titulares de Defensa; y César Cervantes, Víctor Rojas y Vicente Romero como ministros del Interior, son acusados por la fiscalía por distintos cargos, entre ellos homicidio calificado, lesiones leves y lesiones graves.
Los hechos se refieren a las protestas civiles que ocurrieron entre el 7 de diciembre de 2022 y el 9 de febrero de 2023, que dejaron un saldo de 44 muertos y 116 heridos en nueve regiones del país, entre ellas Arequipa, Ayacucho, Cusco, Puno y Lima.
41 de esas muertes fueron causadas por el impacto de un proyectil de arma de fuego y 3 por golpes con objeto contundente.
De las 116 personas heridas, algunas sufrieron lesiones graves o leves, de ellas 78 fueron ocasionadas por proyectil de arma de fuego, 27 por golpe con objeto contundente, 6 por bomba lacrimógena y 5 por otros objetos.
Los cargos de homicidio calificado, a título de comisión por omisión—dolo eventual en el contexto de graves violaciones de los derechos humanos, en agravio de Cristian Álex Rojas Vásquez y otros.
Lesiones graves a título de comisión por omisión—dolo eventual en el contexto de graves violaciones de los derechos humanos en agravio de Teófilo Ramírez Ortega y otros.
Además de lesiones leves, bajo las mismas condiciones, sufridas por Miguel Ángel Velasquez Chilingano y otros.
Además la fiscalía informó que «se ha expedido disposición fiscal de archivo por delito de genocidio imputados a los referidos investigados».
Por otra parte, señaló que existen 303 carpetas fiscales en las que se investigan a 824 personas por hechos vinculados a los delitos de entorpecimiento al funcionamiento de los servicios públicos, atentado contra los medios de transporte público, violencia contra la autoridad, disturbios, daños a la propiedad pública y privada, homicidio y lesiones, en agravio del Estado, miembros de las fuerzas del orden y otros ciudadanos.
Durante las protestas de enero de 2023, Boluarte atribuyó «el caos» de las mismas a «grupos radicales».
«Eso no es una protesta pacífica, es una acción violenta generada por un grupo de personas radicales que tienen como agenda política y económica basada en el narcotráfico, la minería ilegal y el contrabando», señaló.
Con información de EFE.
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