Una exempleada del Departamento de Servicios para Niños y Familias del Condado de Los Ángeles (DCFS) afirma que la agencia falsifica evidencia para justificar la separación de los niños de sus padres, en una declaración jurada de julio de 2019 obtenida por La Gran Época. Esta declaración es en base a una demanda por custodia de menores.
Además, una trabajadora social del DCFS alega que el departamento interfirió con el caso al eliminar las notas que escribió en su informe sobre la custodia, de acuerdo con los mensajes de texto y las transcripciones judiciales obtenidas por La Gran Época.
La Dra. Susan Spell, junto con su hijo Nicholas de 18 años, presentaron una demanda por USD 750 millones contra el Condado de Los Ángeles y trabajadores sociales individuales, el 30 de julio.
“Quiero crear conciencia. Este es el epítome de la corrupción y el abuso de poder. Tengo que pagar para ver a mis hijos», dijo Spell a La Gran Época. Spell señaló que el supervisor de Barbara Smith, la asistente social que trabajó en su caso y quien ya falleció, eliminó ocho páginas de notas en su informe, las cuales luego se recuperaron en parte. “En la corte, mi abogado pidió que se produjeran. Nunca produjeron todas esas páginas».
Spell también ha presentado un recurso de hábeas corpus para que le devuelvan a sus hijos.
“Susan es doctora en el condado de Los Ángeles. Ella fue un día a recoger a sus hijos de la escuela y descubrió que el DCFS se los había llevado», dijo el abogado de Spell, Stephen Lamont, a La Gran Época. “El DCFS convenció a la escuela de que tenían una orden judicial. No tenían una orden judicial. Intentaron obtenerla pero fue denegada. Dijeron que había una orden de restricción contra la Dra. Spell, pero eso nunca existió».
«Los cuatro niños fueron entregados a un padrastro no biológico», dijo Lamont. «Ella ha estado luchando contra estos problemas durante al menos tres años. [El DCFS] no tenía una orden de retirar a los niños de la escuela, así que es una violación de la Enmienda 14».
Spell, quien fue a la Facultad de Medicina en Harvard, dijo que tuvo cuatro hijos con un donante de esperma. Tres de esos niños, dos gemelas de 14 años y un hijo de 9 años, ahora están con Brian Evans, su exesposo quien es cirujano plástico, pero el hijo de 18 años de Spell está de nuevo con ella.
Spell acusó a Brian de abusar de los niños, pero el DCFS continuamente etiquetó a las demandas contra su esposo como «infundadas». La demanda de Spell establece que su esposo fue testigo experto del DCFS durante diez años, y que uno de sus hijos identificó a una trabajadora social del DCFS como la novia de su esposo.
La trabajadora social admitió en un proceso judicial que pasó tiempo privado en la habitación del esposo, pero negó una relación de naturaleza sexual o romántica, según la demanda.
Se hicieron solicitudes de comentarios al exesposo de Spell en su lugar de trabajo y en el sitio web de su empresa.
Juana Aguilera, de la Oficina de Asuntos Públicos del DCFS, envió un correo electrónico para decir que la ley estatal prohibía al DCFS «comentar sobre la posible participación con las familias, ya que la ley estatal nos prohíbe violar la confidencialidad».
Acusaciones de mala práctica
La declaración de Melinda Murphy, una exempleada del DCFS, y los mensajes de texto de la fallecida Barbara Smith, la trabajadora social en el caso Spell, arrojan nueva información sobre las tácticas de la agencia.
Melinda Murphy le dijo a La Gran Época que trabajó en el DCFS por «apenas diez años» en «varias capacidades» y observó mala práctica.
«Si a una trabajadora social no le caía otra, esa trabajadora [por molestarla] recomendaría que los niños no se fueran a casa», dijo Murphy a La Gran Época. “Un supervisor decía que nunca enviaríamos a estos niños a casa, pase lo que pase. Esa no es la forma en que se suponía que debía hacerse. Yo diría que el 30 por ciento de todos los casos fueron marcados por prejuicios departamentales, personales o políticos».
Melinda Murphy testificó en su declaración jurada en el caso de Spell que fue entrenada como supervisora de niños del DCFS del condado de Los Ángeles, puesto al cual renunció.
Murphy dijo en su declaración jurada que su entrenador le dijo a ella y a otros en su primer día de capacitación: «Deberíamos estar avergonzados de lo que le hemos hecho a algunas de las familias a las que hemos jurado servir».
«Durante mi entrenamiento, mis observaciones y en mis experiencias laborales, aprendí que el DCFS no tiene un mecanismo para dar marcha atrás y tiene una tendencia, incluso si el padre es inocente, a hacer que parezca culpable de alguna manera, y eso incluye testimonios falsos, falsificación de informes y fabricar pruebas para justificar la separación de los niños”, dijo Murphy en la declaración jurada.
“El 5 de abril de 2016, o alrededor de esa fecha, hablé exclusivamente con Barbara Smith, una trabajadora social en el caso DK02119, que involucraba a los hijos de Susan… Ella declaró que planeaba decir la verdad a pesar de que sufriera represalias. La Sra. Smith reveló que su documentación en el archivo del DCFS en la cual cuestiona la seguridad de los niños con el padre, Brian Evans, fue eliminada», dijo Murphy en su declaración jurada.
Murphy firmó esta declaración jurada el 10 de julio de 2019.
Mensajes de texto de la trabajadora social
Los mensajes de texto de la madre de Susan Spell con Barbara Smith, la trabajadora social del DCFS, detallan la creencia de Smith de que el departamento interfirió en el caso y mostró parcialidad contra Spell.
«Sí, probablemente eliminaron mis notas», dice la trabajadora social Barbara Smith en los mensajes de texto. «Lo cual es ilegal… Tenía 8 páginas de notas».
«Ella mintió. [Es un] comportamiento inaceptable y debe ser denunciada ante asuntos internos. Debería ser investigada», dice Smith sobre Adrian Hawkins, una trabajadora social supervisora de niños a quien el abogado Lamont identifica como la funcionaria que eliminó las notas de Smith.
«Me huele a encubrimiento», dijo Smith. «¡Parece que solo la información de [la costa oeste de Los Ángeles] llegará a los tribunales!»
«Esos trabajadores están predispuestos en tu contra y no es justo para ti seguir pidiendo sacar el caso de la costa oeste de L.A.», le dice Smith a Spell.
Smith testificó en el Tribunal Superior de Los Ángeles en 2016 de que ocho páginas de sus notas fueron eliminadas de su informe luego de que se lo entregó a un supervisor para que lo enviara a la oficina regional, y eso la preocupó, según las transcripciones del tribunal, que muestran que aproximadamente siete páginas de las notas fueron recuperadas y presentadas como evidencia en ese proceso judicial.
El hijo de Spell, Nicholas Evans, hizo una declaración presentada como una exhibición en el caso de hábeas corpus de Spell en el que Nicholas declaró: “Mi abogado de menores escuchó mi solicitud para testificar que Adrian Hawkins, trabajadora social y [mi padrastro] Brian mintieron sobre mi madre, alardeando de que ella [Adrian] pondría en mi reporte y en el de todos mis hermanos que los golpes ocasionados por Brian eran falsos».
“Le di una carta al abogado de menores que le escribí al juez, porque era vital que él supiera que escuché el plan de Adrian/Brian de decir mentiras sobre mi madre para alejarnos de ella. Me sentí impotente y suicida porque Adrian no nos protegía de Brian y ella mintió diciendo que nosotros inventamos su abuso para evitar que otros trabajadores sociales, policía y el juez nos protegieran a nosotros también», dijo Nicholas Evans en su declaración.
«La extorsionaron», dice el abogado de Spell, Lamont, refiriéndose a los honorarios legales cuando Susan usó un abogado designado por el tribunal. «Es un esquema de crimen organizado. Afirman que si no pagas los 550.000 dólares, nunca volverás a ver a tus hijos. Ese dinero se destina a financiar la empresa (…) Es consistente en todos los casos en que el pariente tiene una buena cantidad de dinero».
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