La oficina antiterrorista del Departamento de Estado puso en marcha una iniciativa de intercambio de información con los gobiernos de otros países para combatir el terrorismo doméstico, un sistema que se asemeja a la coordinación internacional del departamento contra grupos como Hezbolá.
Chris Landberg, vicecoordinador principal en funciones de la Oficina Antiterrorista del Departamento de Estado, informó a los legisladores sobre el programa en una audiencia de la Comisión de Asuntos Exteriores de la Cámara de Representantes, celebrada el 17 de noviembre. La nueva iniciativa se da a conocer después de las recientes revelaciones de que el FBI ha utilizado supuestamente herramientas antiterroristas para rastrear amenazas de los padres de escolares y amenazas de otras personas contra los miembros de los consejos escolares. Esto ha provocado críticas entre los conservadores, quienes acusan al gobierno de Biden de estar utilizando herramientas de seguridad nacional para reprimir la disidencia.
Landberg dijo que su departamento, el FBI y el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) celebrarán un foro con sus homólogos internacionales para «compartir información sobre las tendencias y luego coordinar nuestras actividades» para combatir lo que la administración denominó «extremistas violentos con motivación racial o étnica».
«Hemos puesto en marcha algo que hemos modelado a partir de un programa de éxito en la lucha contra Hezbolá (…) en el que reunimos a socios de las fuerzas de seguridad —especialmente en países como algunos de nuestros socios europeos— para centrarnos en las tendencias y compartir información», dijo.
El Departamento de Estado ha coordinado programas similares contra grupos terroristas internacionales. En septiembre, Estados Unidos y Qatar trabajaron juntos para sancionar una red financiera de Hezbolá con sede en el Golfo Pérsico.
Según el FBI y el DHS, la mayor parte del terrorismo doméstico en casos de la extrema derecha sería llevado a cabo por «lobos solitarios» sin vínculos transnacionales, por lo que no está claro qué información se compartiría en el marco del programa del Departamento de Estado o qué acciones internacionales se llevarían a cabo.
Landberg se refirió a su vez a las sanciones y a la lista de vigilancia de los grupos terroristas nacionales en su declaración inicial, pero no dio más detalles sobre el programa. A continuación indicó que informaría al comité sobre todas las actividades antiterroristas de su departamento en una audiencia a puerta cerrada en diciembre.
El Departamento de Estado no respondió a una solicitud de comentarios al cierre de esta edición.
Landberg agregó que su división ha visto «crecientes vínculos transnacionales» entre extremistas de motivación racial.
«Hay comunicación, que es difícil de rastrear. Hay esfuerzos para entrenar y compartir información entre estos grupos. Por tanto, esta creciente conectividad transnacional es en lo que más nos centramos», añadió.
Hasta ahora, el Departamento de Estado tiene designado a un solo grupo como grupo extremista violento por motivos raciales o étnicos: el Movimiento Imperial Ruso, de extrema derecha, con sede en San Petersburgo (Rusia).
El programa del Departamento de Estado forma parte de la Estrategia Nacional para Contrarrestar el Terrorismo Doméstico de la administración Biden, anunciada en junio. Otros aspectos de la lucha antiterrorista del gobierno han recibido importantes críticas por parte de los conservadores y del libertarismo civil, especialmente por la directiva del fiscal general Merrick Garland, quien inició una investigación antiterrorista sobre amenazas que se habrían hecho en las reuniones de los consejos escolares.
La decisión de Garland del 4 de octubre se produjo tras una carta enviada por la Asociación Nacional de Consejos Escolares (NSBA) al gobierno de Biden días antes, en la que calificaba a los padres que protestaban durante las reuniones como amenazas de terrorismo doméstico y pedía al FBI que utilizara estatutos como la Ley Patriota.
Más tarde la NSBA se disculpó y anuló la carta, pero la investigación federal continúa. El 27 de octubre, Garland dijo en una audiencia en el Congreso que la carta de disculpa de la NSBA «no cambia la preocupación de la asociación por la violencia y las amenazas de violencia».
El fiscal general rebatió la caracterización de su investigación como una operación antiterrorista, pero las alegaciones hechas por un aparente informante del FBI esta semana sugieren lo contrario.
Los documentos supuestamente procedentes del denunciante del FBI incluyen un correo electrónico enviado por Carlton L. Peeples, que trabaja en la División de Inspección de la oficina, en el que se afirma que la División Criminal y de Contraterrorismo «creó una etiqueta de amenaza, EDUOFFICIALS, para rastrear los casos de amenazas relacionadas».
Los legisladores republicanos dicen que los documentos de los denunciantes demuestran que el gobierno está actuando «a instancias de grupos de intereses especiales de izquierda contra los padres cuestionados».
Según el Departamento de Seguridad Nacional, no hay pruebas de un aumento de la violencia contra los educadores.
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