Comentario
El secretario de Estado Blinken debería actuar con prontitud para incluir a Falun Gong en la determinación de genocidio del departamento que cita a China. Nuevas pruebas, consideradas «creíbles» por una docena de expertos oficiales en derechos humanos de la ONU de diversas partes del mundo, apoyan la conclusión de que Beijing está ejecutando extrajudicialmente a un gran número de prisioneros de Falun Gong —así como a algunos musulmanes uigures, budistas tibetanos y cristianos de iglesias familiares— en un plan depravado, aunque eficiente, para extirpar y vender sus órganos. Esto no solo es antiético, sino que amenaza con poner en peligro todo el orden internacional de los derechos humanos. Hay que ejercer una presión mundial para poner fin a estos horrendos asesinatos y persecuciones, y detener la sustracción de órganos para una industria turística de trasplantes «a demanda».
En enero, el entonces secretario de Estado Pompeo determinó que el Partido Comunista Chino (PCCh) está cometiendo un genocidio contra los uigures, predominantemente musulmanes, y otros grupos étnicos y religiosos minoritarios de Xinjiang, determinación que el secretario Blinken afirmó poco después. Ahora, otra comunidad china, Falun Gong, una rama del budismo compuesta por practicantes principalmente del grupo étnico mayoritario Han, se demuestra que se enfrenta a una amenaza genocida. Hace dos décadas, Beijing prohibió Falun Gong por considerarlo un «culto maligno» y se propuso eliminarlo. Las crecientes pruebas procedentes de diversas fuentes respetadas llevan a la conclusión irrefutable de que Beijing está trabajando para destruir físicamente una parte o en su totalidad a Falun Gong. Esto se ajusta a la definición de genocidio según el derecho internacional.
Falun Gong fue fundado en China en 1992 por Li Hongzhi como una práctica de mente-cuerpo compuesta por ejercicios espirituales y una meditación que, según el gobierno, atrajo rápidamente al menos a 70 millones de practicantes, y hasta 100 millones según otras estimaciones. El PCCh, cuyo número de miembros era notablemente menor, consideró que el grupo popular y sus principios de «Verdad, Compasión y Tolerancia» eran un desafío ideológico fuera de su control. En 1999, prohibió Falun Gong y lanzó una implacable campaña de persecución contra él. Algunos practicantes fueron encarcelados con largas condenas, otros fueron detenidos en «cárceles negras» secretas, o en instituciones psiquiátricas. Muchos fueron brutalmente torturados y, al parecer, algunos desaparecieron tras su detención. Su aparición pública, típicamente de grupos que realizaban ejercicios de movimientos lentos en los parques, fue eliminada. Alrededor de la misma época, los médicos chinos empezaron a realizar trasplantes de órganos y en pocos años empezaron a circular historias de que los funcionarios chinos estaban extirpando órganos vitales para trasplantes procedentes de los presos condenados a muerte —y de los presos de conciencia de Falun Gong— para venderlos a pacientes nacionales y extranjeros en el floreciente número de hospitales chinos de trasplantes.
Como documenta el investigador Matthew Robertson en un informe de la Fundación Jamestown, Beijing negó inicialmente estas acusaciones y luego, en abril de 2006, dio marcha atrás y declaró que los presos condenados a muerte eran, de hecho, una fuente de órganos. Robertson tiene evidencia convincente de que los detenidos de Falun Gong están entre las víctimas. Por ejemplo, escribe:
«Existe un extenso catálogo de llamadas telefónicas realizadas a hospitales de trasplantes chinos por investigadores de fuera de China que se hacen pasar por pacientes potenciales, familiares de pacientes y médicos. Estos investigadores han conseguido que las enfermeras y los médicos admitan que hay órganos disponibles bajo demanda. En varias de estas llamadas, el personal del hospital ha declarado que los órganos proceden de practicantes de Falun Gong».
Robertson documenta que el personal médico de trasplantes y los funcionarios del PCCh que persiguen a Falun Gong son a veces la misma persona. Cita al Dr. Zheng Shusen, un destacado cirujano hepático y vicepresidente de la Asociación Médica de China, que anuncia en el hospital privado que él y su esposa fundaron, «una especialidad en trasplantes de órganos de emergencia con poco tiempo de aviso». Hasta 2017, el Dr. Zheng también presidió la Asociación Provincial Anti-Culto de Zhejiang contra Falun Gong y, en su prefacio a un libro de 2009, escribió que Falun Gong es una «religión maligna», un «virus» y un «cáncer».
En una serie de estudios detallados entre 2006 y 2017, el exministro del gabinete canadiense David Kilgour y otros expertos David Matas y Ethan Gutmann concluyen que «la fuente de la mayor parte del volumen masivo de órganos para trasplantes es el asesinato de inocentes: Uigures, Tibetanos, Cristianos de Iglesias Familiares y, principalmente, practicantes de Falun Gong una serie de ejercicios de base espiritual». (Énfasis añadido). A lo largo de los últimos 15 años, Beijing ha negado enérgicamente estos hallazgos y ha creado una nube de controversia sobre ellas mediante una agresiva campaña de propaganda. Entre otras cosas, creó y manipuló el grupo de trabajo de trasplantes de la Organización Mundial de la Salud, como documentó Robertson—el mismo organismo acusado de haber sido engañado por China al principio de la pandemia de COVID.
Un comunicado de prensa de las Naciones Unidas del 14 de junio pone finalmente fin a cualquier controversia persistente. Declarando que estaban «extremadamente alarmados», doce destacados expertos de la ONU en derechos humanos —sobre la tortura, la libertad religiosa, las detenciones arbitrarias y otras áreas relevantes— citaron «información creíble» de que China recolecta órganos corporales como castigo dirigido a minorías étnicas, lingüísticas o religiosas específicas, incluyendo a Falun Gong. Según el comunicado, estos detenidos pertenecientes a minorías son sometidos a análisis de sangre y exámenes de ultrasonido, mientras que otros detenidos no lo son. Los resultados van a parar a una base de datos de «fuentes de órganos vivos» que se utiliza para hacer coincidencias, según la demanda. Esta declaración de prensa se distingue por reflejar el consenso de un importante grupo de expertos independientes de la ONU y por haberse emitido al margen de cualquier directiva.
Esta alarma de la ONU debería sacudir también nuestra conciencia colectiva. El Departamento de Estado pidió recientemente a China que «cese su campaña contra los practicantes de Falun Gong y libere a aquellos encarcelados por sus creencias», pero sin presión su petición caerá en saco roto. El secretario Blinken debería ordenar inmediatamente a su Departamento de Justicia Penal Global que revise las conclusiones de los expertos de la ONU y los extensos informes publicados para hacer una determinación de genocidio de Falun Gong, junto con las sanciones apropiadas. El Congreso debería aprobar su propia resolución sobre el genocidio y un proyecto de ley bipartidista pendiente para combatir la sustracción forzada de órganos, patrocinado por los representantes Chris Smith, Tom Suozzi y Vicky Hartzler, y los senadores Tom Cotton y Chris Coons. Si no actuamos, China estará dando paso a «un mundo feliz» que es más espantoso que incluso la distopía imaginada por Aldous Huxley.
Nina Shea es miembro senior del Instituto Hudson, donde dirige el Centro para la Libertad Religiosa.
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Las opiniones expresadas en este artículo son propias del autor y no necesariamente reflejan las opiniones de The Epoch Times
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