El Departamento de Justicia (DOJ) actualizó su política sobre el uso de drones para investigaciones y otras actividades de aplicación de la ley.
La nueva versión de la política, que reemplaza las pautas anteriores de 2015, establece un marco para el «uso responsable, apropiado y eficaz» de dicha tecnología que tiene la intención de servir como modelo para los socios estatales, locales, tribales y territoriales en materia de seguridad pública.
La política actualizada es similar a la versión 2015 (pdf), pero también agrega medidas adicionales para abordar problemas de ciberseguridad y privacidad. Según un anuncio del departamento el miércoles, la política requiere que las operaciones que utilizan tecnología de sistemas de aeronaves no tripuladas (UAS) sean aprobadas a un nivel apropiado y realizadas por personal que cumpla con los estándares de capacitación de todo el departamento.
La nueva política también requiere que el departamento evalúe las adquisiciones de tecnología UAS, para los riesgos de ciberseguridad, en un intento de protegerse contra posibles amenazas a la cadena de suministro y a las redes del Departamento de Justicia, dice el comunicado.
Esto se produjo después que el Departamento del Interior (DOI) detuviera el uso de una flota de 800 drones en octubre por la preocupación de que estas aeronaves no tripuladas, fabricadas en China o con componentes hechos en China, pudieran ser utilizados por el régimen chino para realizar actividades de vigilancia sobre sus usuarios. Los drones permanecerán sin usarse hasta que todos los riesgos potenciales de seguridad se revisen por completo.
«El Secretario [Bernhardt] ha ordenado que se suspendan las operaciones de los drones fabricados en China o fabricados con componentes chinos, a menos que actualmente se utilicen con fines de emergencia, como combatir incendios forestales, búsqueda y rescate, o el manejo de desastres naturales que pueden amenazar la vida o la propiedad”, según una declaración del DOI obtenida por The Verge.
El Congreso ha tratado de prohibir al gobierno federal la adquisición o el uso de drones fabricados en China para reducir los riesgos para la seguridad nacional. Un grupo bipartidista de senadores presentó un proyecto de ley, la Ley de Seguridad Americana de Drones de 2019 (S.2502), en septiembre, para prohibir que los departamentos y agencias federales compren cualquier avión no tripulado comercial o sistemas de aeronaves pequeñas no tripuladas (UAS), fabricadas o ensambladas en países considerados una amenaza para la seguridad nacional de Estados Unidos. China fue nombrada entre esos países, así como Irán.
Luego, en octubre, el Comité de Seguridad Nacional de la Cámara de Representantes aprobó por unanimidad un proyecto de ley que prohibiría que el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) opere, brinde asistencia financiera, celebre o renueve un contrato para la adquisición de un UAS de países extranjeros como China.
El Departamento de Justicia también dijo que la política actualizada limita la retención de datos al exigir que se eliminen datos sensibles a la privacidad dentro de los 180 días, a menos que se cumplan ciertas excepciones.
«El Departamento acoge con beneplácito los usos legales y beneficiosos de las UAS, que prometen mejorar la economía y transformar la entrega de bienes y la prestación de servicios medulares que van desde la búsqueda y rescate hasta las inspecciones industriales», dice la declaración.
«Al mismo tiempo, el Departamento no dudará en tomar medidas contra aquellos que amenazan la seguridad de nuestros cielos y del público», agregó.
Frank Fang colaboró en la elaboración de este informe.
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