Los fiscales federales han acusado a un empresario de Nueva York de acaparar equipo de protección personal (PPE) y revender esos artículos a precios mucho más altos de lo que se considera justo y razonable.
El Departamento de Justicia anunció el viernes que había presentado una denuncia penal contra Amardeep Singh, también conocido como Bobby Singh, en un tribunal federal por presunta violación de la Ley de Producción de Defensa (DPA), que prohíbe la acumulación de suministros médicos y equipos designados por el secretario del Departamento de Salud y Servicios Humanos (HHS) Alex Azar como escasos, teniendo como objetivo acapararlos o venderlos a precios exorbitantes. Los fiscales dicen que este es el primer caso de acaparamiento y aumento de precios que se presenta bajo esta ley en todo el país.
Los cargos se presentan un mes después de que el presidente Donald Trump firmara una orden ejecutiva para evitar la estafa y el acaparamiento de «recursos fundamentales» utilizados para combatir el virus del PCCh (Partido Comunista Chino). La orden se hizo bajo la DPA y le ordena a Azar designar los artículos como escasos.
El abogado de Singh, Bradley Gerstman, describió los cargos como «desmesurados e insostenibles», añadiendo que su cliente espera luchar contra los cargos en el tribunal.
«Nadie en su sano juicio creería que se le puede hacer responsable criminalmente por la venta de productos PPE», dijo Gerstman a The Epoch Times. «[La Ley de Producción de Defensa] es vaga, al menos en lo que respecta a cuáles son los elementos del delito. Así que no creo que esta ley pueda ser sostenida bajo ninguna corte federal y en Estados Unidos.»
La denuncia alega que Singh, que opera entidades de venta al por menor de tenis y ropa, dedicó una nueva sección en su tienda en Plainview, Nueva York, para «esenciales para COVID-19». Allí comenzó a vender al público artículos que han sido designados como escasos bajo la designación de Azar a precios excesivos, alegaron los fiscales. Estos artículos incluyen mascarillas de respiración con filtro N-95, máscaras protectoras, mascarillas quirúrgicas, protectores faciales, batas médicas y productos desinfectantes.
Entre finales de marzo y abril, Singh supuestamente almacenó 1.6 toneladas de mascarillas protectoras desechables, 2.2 toneladas de batas quirúrgicas desechables, 1.8 toneladas de desinfectante para manos y siete cargamentos de termómetros digitales que pesan aproximadamente 115 kg, según los fiscales.
Un registro en la tienda y almacén de Singh el 14 de abril recuperó grandes cantidades de EPP, incluyendo 21,267 máscaras de protección respiratoria KN-95, 75,500 mascarillas quirúrgicas, 5,241 máscaras faciales, 176,104 guantes de látex desechables y 711,400 guantes de vinilo desechables, según la denuncia.
Los fiscales dicen que Singh también estaba vendiendo los artículos con altos márgenes de beneficio a grupos vulnerables de la comunidad como la Asociación de Beneficencia para Niños, la Fundación de Nueva York para Ancianos y Entornos de Recompensa para la Vida Adulta.
Los fiscales alegaron que Singh seguía incurriendo en esa conducta, a pesar de haber recibido medidas cautelares de las autoridades del estado de Nueva York, incluida una carta de cesación de actividades dirigida a una de las entidades de Singh en la que se sugería que podía estar violando la ley de fijación de precios de Nueva York.
«Tal como se acusa en la denuncia, el hecho de que Singh acumule equipos de protección personal críticos durante una crisis de salud pública y los revenda con enormes márgenes de beneficio lo coloca directamente en el punto de mira de las autoridades legales encargadas de aplicar la Ley de Producción de Defensa», dijo en un comunicado Richard Donoghue, fiscal de Estados Unidos para el distrito este de Nueva York. «Esta oficina está trabajando incansablemente en coordinación con el grupo de trabajo de Acaparamiento y Abuso en los Precios de COVID-19 para prevenir una pandemia de avaricia por parte de los oportunistas».
Gerstman negó las acusaciones diciendo que su cliente «nunca estafó a nadie».
«Mi cliente espera poder luchar contra esas acusaciones, mostrar el verdadero costo del inventario y poder demostrar que solamente se benefició de un margen de ganancia muy razonable en todos los productos que se describieron en la demanda», dijo.
Añadió que su cliente también había donado una cantidad significativa de esos artículos de forma gratuita, incluso a organizaciones benéficas locales, como las fuerzas del orden, los departamentos de bomberos locales de Long Island y el Hospital Northwell.
El mes pasado, el Departamento de Justicia formó un nuevo grupo de trabajo para abordar la manipulación del mercado, el acaparamiento y la estafa de precios relacionados con el virus del PCCh.
El fiscal general William Barr ordenó a cada oficina de la fiscalía general de Estados Unidos y a cada componente del departamento pertinente, en un memorando, que designara a un abogado con experiencia para que actuara como miembro del grupo de trabajo.
«Aunque esta crisis ha sacado a la luz lo mejor de la mayoría de los estadounidenses, parece que hay algunas excepciones desafortunadas», escribió Barr en su memorándum. «No toleraremos a malos actores que traten la crisis como una oportunidad para enriquecerse rápidamente».
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