El Departamento de Justicia anunció este lunes que ajustará sus políticas y procedimientos para obtener registros de los legisladores estadounidenses, después que se reveló que el departamento bajo la administración de Donald Trump obtuvo registros de representantes demócratas del Comité de Inteligencia de la Cámara.
«Como declaré durante mi audiencia de confirmación, las consideraciones políticas u otras que sean indebidas no deben desempeñar ningún papel en ninguna decisión de investigación o fiscalía», dijo el fiscal general Merrick Garland en una declaración. «Estos principios, que durante mucho tiempo fueron considerados sacrosantos por el personal de carrera del Departamento de Justicia, serán vigilados con firmeza bajo mi mandato y cualquier incumplimiento de los mismos será objeto de una estricta rendición de cuentas».
«En consonancia con nuestro compromiso con el Estado de Derecho, debemos asegurarnos de que se conceda toda la importancia a las cuestiones de separación de poderes en el futuro», añadió Garland.
La declaración de Garland se produce cuando el departamento enfrenta fuertes reacciones ante la información publicada por primera vez el 10 de junio por The New York Times de que los fiscales del Departamento de Justicia bajo la administración Trump emitieron citaciones a Apple en 2017 y 2018 para presentar datos de personas asociadas al Comité de Inteligencia de la Cámara de Representantes, como parte de una investigación para averiguar quién estaba detrás de las filtraciones de información clasificada relacionada con la investigación de Rusia y otros asuntos de seguridad nacional.
El mes pasado, Apple notificó a al menos 12 personas de que estaban siendo investigadas a través de citaciones del gran jurado emitidas por el DOJ. Entre ellas estaban los críticos de Trump, el representante Adam Schiff (D-Calif.), ahora presidente del comité y el representante Eric Swalwell (D-Calif.), miembro del comité, así como sus ayudantes y familiares. Según el NY Times, los datos proporcionados por Apple no establecían ningún vínculo entre los políticos californianos y las filtraciones.
Los legisladores no sabían que estaban siendo investigados hasta que Apple les informó el mes pasado, después que expiró una orden de silencio sobre la empresa dictada por el Departamento de Justicia este año.
Schiff pidió una investigación del inspector general el 10 de junio, y acusó al expresidente Donald Trump de haber «exigido repetida y flagrantemente que el Departamento de Justicia lleve a cabo su voluntad política y que trató de utilizar el departamento como un bastón contra sus oponentes políticos y miembros de los medios de comunicación».
En una declaración del 10 de junio, Swalwell confirmó que sus datos de Apple fueron confiscados; él se hizo eco de la petición de Schiff de una investigación de la oficina del inspector general.
Por separado, el 11 de junio, dos demócratas del Senado —el líder de la mayoría, Chuck Schumer (D-N.Y.) y el presidente del Comité Judicial, Dick Durbin (D-Ill)— exigieron que los dos exfiscales generales de Estados Unidos, William Barr y Jeff Sessions, testifiquen ante el Congreso sobre las denunciadas citaciones de registros de datos, o de lo contrario se enfrentarían a una orden judicial.
El viernes, el inspector general Michael Horowitz dijo que ordenó a su oficina lanzar una revisión sobre el uso de órdenes de citaciones bajo la administración anterior y determinar si esas decisiones fueron impulsadas por «consideraciones inapropiadas».
«Hay cuestiones importantes que deben resolverse en relación con una iniciativa del departamento por obtener registros relacionados a miembros del Congreso y al personal del mismo», añadió Garland.
El presidente del Comité Judicial de la Cámara de Representantes, el demócrata Jerrold Nadler, también dijo que el panel abrirá una investigación formal sobre el asunto.
Con información de Mimi Nguyen Ly
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