El Departamento de Justicia de Estados Unidos puso en marcha un grupo de trabajo que reforzará las iniciativas policiales existentes para combatir el fraude relacionado con el virus COVID-19.
El grupo de trabajo, que estará dirigido por el fiscal general adjunto, aumentará las investigaciones existentes y las iniciativas de control legal para detectar y desbaratar el fraude relacionado con el virus COVID-19.
El fiscal general de Estados Unidos, Merrick Garland, dijo que el departamento ya acusó a casi 600 individuos por delitos de estafas relacionadas a COVID-19 por un total de más de 600 millones de dólares en todo el país, según un memorándum del lunes.
«El Departamento consiguió mandatos civiles contra personas o empresas que venden productos fraudulentos, incautó los ingresos de los préstamos de las solicitudes fraudulentas y condenó a delincuentes que defraudaron a los consumidores y se apropiaron indebidamente de dólares federales destinados a apoyar a personas y empresas en dificultades», dijo Garland en el memorándum enviado a los jefes de departamento (pdf).
En concreto, el grupo de trabajo ayudará al departamento a identificar recursos, técnicas de investigación e información intergubernamental para descubrir los planes de fraude y a quienes los perpetran, aprovechar las lecciones aprendidas sobre el fraude relacionado a COVID-19 y otros tipos de fraude ocurridos durante el año pasado, y a disuadir, detectar y desbaratar futuros fraudes dondequiera que se produzcan.
El grupo de trabajo también proporcionará recursos a la campaña de conciencia pública del departamento para educar a los estadounidenses sobre la amenaza del fraude relacionado al virus del PCCh (Partido Comunista Chino).
Desde que el Congreso aprobó el año pasado la Ley CARES, de dos billones de dólares, el departamento investigó las reclamaciones de fraudes relacionados al virus COVID-19, incluidos los fraudes que sustrajeron dinero al Programa de Protección de Cheques (PPP), a los Préstamos por Daños Económicos y al seguro de desempleo. El entonces fiscal general William Barr dio instrucciones a los fiscales federales para que investiguen y persigan las reclamaciones de fraude.
El departamento también tomó medidas contra los individuos que trataban de sacar provecho de la escasez de vacunas y de equipos de protección personal, vendiendo versiones falsificadas de vacunas y mascarillas N95, incluso en los centros sanitarios.
En un caso reciente, este mes, un residente de Nueva York y Florida fue acusado de obtener y blanquear fraudulentamente casi cuatro millones de dólares en fondos del Programa de Protección de Cheques de Socorro COVID-19.
Gregory J. Blotnick, de 34 años, fue acusado de obtener fraudulentamente más de 3.8 millones de dólares en fondos del PPP a través de ocho solicitudes de préstamo falsificadas, dijo el Departamento de Justicia (DOJ) en un comunicado del 6 de mayo.
Los préstamos PPP, condonables y promulgados en el marco de la Ley CARES, estaban destinados a ayudar a las pequeñas empresas a capear el impacto de la recesión pandémica.
Blotnick presuntamente blanqueó y utilizó de forma indebida los fondos obtenidos en modo fraudulento, incluso colocando más de tres millones de dólares en operaciones bursátiles con pérdidas, a pesar de que certificó que utilizaría el dinero solo para fines relacionados con el negocio, dijeron los fiscales.
«El Departamento de Justicia utilizará todas las herramientas federales disponibles —incluidas las acciones penales, civiles y administrativas— para combatir y prevenir el fraude relacionado a COVID-19. Esperamos trabajar con nuestros colegas del gobierno federal para llevar ante la justicia a aquellos que buscan beneficiarse ilegalmente de la pandemia», escribió Garland en su memorando.
Con información de Tom Ozimek y Jack Philips.
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