El fiscal general Merrick Garland publicó el 21 de julio un memorando de política que reafirma la independencia del Departamento de Justicia respecto a la Casa Blanca.
El memorando de cinco páginas (pdf) establece la política de la Administración Biden para todas las comunicaciones con la Casa Blanca y está destinado a aumentar la confianza del público en la principal agencia de justicia del país.
«El éxito del Departamento de Justicia depende de la confianza del pueblo estadounidense. Esa confianza debe ganarse cada día. Y solo podemos hacerlo a través de nuestra adhesión a las normas departamentales de larga data de independencia de influencias inapropiadas, el ejercicio de principios de discreción y el tratamiento de casos similares por igual», escribió Garland.
«A lo largo de más de cuatro décadas, los fiscales generales han emitido políticas que rigen las comunicaciones entre el Departamento de Justicia y la Casa Blanca», continuó el fiscal general. «Las salvaguardias de procedimiento que han guiado durante mucho tiempo el enfoque del Departamento respecto a dichas comunicaciones están diseñadas para proteger nuestras decisiones de justicia penal y civil, y nuestros juicios legales, de influencias partidistas u otras inapropiadas, ya sean reales o percibidas, directas o indirectas».
La política establece que el Departamento de Justicia no notificará al presidente los casos e investigaciones penales o civiles en curso o previstos, a menos que hacerlo sea «importante para el desempeño de las funciones del presidente». Cuando se produce la comunicación, la política restringe los puntos de contacto del DOJ al fiscal general, al fiscal general adjunto y, si se trata de casos o investigaciones civiles, al fiscal general adjunto.
La restricción se suprime en gran medida cuando se trata de asuntos de seguridad nacional.
«Sin embargo, la Oficina del Fiscal General o del Fiscal General Adjunto, y la Oficina del Asesor de la Casa Blanca, deben ser informadas de tales comunicaciones», señala el memorando.
Garland continúa entonces detallando los requisitos para una serie de comunicaciones específicas, incluidas las que se realizan con la Oficina del Procurador General, el Abogado del Perdón y para las solicitudes de opiniones legales de la Casa Blanca.
Los empleados del DOJ que reciban contactos fuera del ámbito permitido por el memorando tienen instrucciones de redirigir el contacto a los funcionarios adecuados.
«Como señaló el fiscal general Benjamin Civiletti al emitir el primer memorando de comunicaciones del Departamento con la Casa Blanca en 1979, estas directrices no pretenden aislar al Departamento de las comunicaciones legítimas con la Administración», escribió Garland.
«Más bien, pretenden dirigir las comunicaciones a los funcionarios apropiados para que las comunicaciones puedan ser revisadas y consideradas adecuadamente, libres de la apariencia o la realidad de una influencia inapropiada. Como tales, estas directrices son un elemento esencial de las normas que garantizan la adhesión del Departamento al Estado de derecho».
El memorando sustituye a todas las políticas de comunicación de la administración anterior relativas a la Casa Blanca y se registrará en el manual del departamento.
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