El Departamento de Justicia (DOJ) demandó a la gran empresa farmacéutica AmerisourceBergen acusándola de alimentar la crisis de opioides, ya que supuestamente durante años no informó sobre pedidos sospechosos de medicamentos.
El jueves, en una demanda civil, los fiscales federales escribieron (pdf) que AmerisourceBergen violó las leyes federales que exigen que los fabricantes de opioides alerten a la Administración para el Control de Drogas (DEA) de cualquier pedido sospechoso. Las empresas farmacéuticas, en virtud de esta ley, están obligadas a bloquear los envíos de pedidos que se consideren sospechosos.
Además, indican que AmerisourceBergen y dos de sus filiales desde 2014 se negaron sistemáticamente o por negligencia no señalaron los pedidos sospechosos de los clientes de farmacia cuando tenían razones para saber que los opioides estaban siendo desviados a canales ilegales.
La demanda dice que la empresa, con sede en Conshohocken, Pensilvania, con USD 238,600 millones de ingresos en su último año fiscal, incluso alteró intencionalmente la forma en que una de sus unidades monitoreaba los pedidos, reduciendo drásticamente el número que se sometía al escrutinio interno. La demanda solicita sanciones que podrían alcanzar miles de millones de dólares, y una orden judicial contra futuras violaciones de la Ley federal de Sustancias Controladas.
«El Departamento de Justicia se ha comprometido a exigir responsabilidades a quienes han alimentado la crisis de los opioides burlando la ley», declaró la fiscal general adjunta Vanita Gupta en una declaración. «Las empresas que distribuyen opioides están obligadas a informar de los pedidos sospechosos a las fuerzas de seguridad federales. Nuestra denuncia alega que AmerisourceBergen —que vendió miles de millones de unidades de opioides recetados durante la última década— incumplió reiteradamente ese requisito».
La administradora de la DEA, Anne Milgram, celebró la demanda a través de un comunicado. «El incumplimiento repetido y sistémico por parte de la compañía de esta simple obligación ayudó a encender una epidemia de opioides que ha provocado cientos de miles de muertes en la última década», dijo Milgran el jueves.
Entre 1999 y 2020, unas 564,000 personas murieron por una sobredosis relacionada con opioides, según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos (CDC) y alrededor de 80,000 personas murieron por sobredosis de opioides el año pasado, según la agencia.
La semana pasada, la agencia federal de salud dijo que los nuevos datos muestran que la esperanza de vida en EE. UU. cayó en el último año a sus niveles más bajos en 25 años. Las autoridades culparon en parte del descenso a la epidemia de opioides.
El Departamento de Justicia dijo que AmerisourceBergen durante años carecía de personal y carecía de fondos en los programas diseñados para garantizar el cumplimiento de la Ley de Sustancias Controladas. En 2014, por ejemplo, presupuestó solo USD 4 millones para su departamento de cumplimiento interno, una suma empequeñecida por su gasto en taxis y suministros de la oficina, alegó el gobierno.
La denuncia también alega que AmerisourceBergen incluso mantuvo el envío de medicamentos a dos farmacias en Virginia Occidental y Florida después de haber sido informado por un auditor que estos medicamentos probablemente estaban siendo vendidos en los estacionamientos por dinero en efectivo.
La empresa niega las acusaciones
AmerisourceBergen negó el jueves haber actuado mal tras la presentación de la denuncia y culpó a la demanda del DOJ por centrarse en cinco farmacias «escogidas» entre miles.
«De hecho, AmerisourceBergen puso fin a sus relaciones con cuatro de ellas antes de que la DEA tomara alguna medida coercitiva, a la vez que dos de las cinco farmacias mantienen su registro de sustancias controladas de la DEA hasta el día de hoy», dijo la compañía en una declaración a los medios de comunicación.
«Incluso en estos cinco ejemplos seleccionados a mano presentados por el DOJ, AmerisourceBergen verificó el registro de la DEA y las licencias de la Junta Estatal de Farmacias antes de tramitar cualquier orden; llevó a cabo una amplia diligencia adecuada en estos clientes; informó de cada venta de cada sustancia controlada a la DEA; y reportó pedidos sospechosos de sustancias controladas a la DEA para cada una de estas farmacias —cientos de pedidos sospechosos en total», dijo también la firma.
«Con la gran cantidad de información que AmerisourceBergen compartió directamente con la DEA en relación con estas cinco farmacias, la DEA no sintió la necesidad de tomar medidas rápidas por sí misma», añade la declaración.
La demanda se produjo después de que AmerisourceBergen acordara en 2021 pagar hasta USD 6400 millones para resolver miles de demandas en las que se le acusa a ella y a otros distribuidores de medicamentos de ignorar las señales de alarma que indican que los analgésicos recetados se estaban utilizando de forma indebida.
Ese acuerdo formaba parte de un acuerdo más amplio de USD 26,000 millones que resolvía más de 3000 demandas de gobiernos estatales y locales contra la empresa, el distribuidor Cardinal Health Inc, el distribuidor McKesson Corp. y el fabricante de medicamentos Johnson & Johnson.
En el único caso que se llegó a un veredicto, un juez de Virginia Occidental dictaminó en julio que AmerisourceBergen, Cardinal Health y McKesson no eran responsables de alimentar una epidemia de opioides en parte de ese estado.
Los fiscales federales presentaron esta semana la actual demanda ante la Corte del Distrito Este de Pensilvania.
Con información de Reuters
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