El Departamento de Justicia de EE. UU. presentó el jueves una demanda contra el estado de Texas por su ley recientemente promulgada que prohíbe la mayoría de los abortos.
En la demanda de 27 páginas obtenida por The Epoch Times, los abogados del gobierno afirman que la ley contradice fallos anteriores de la Corte Suprema, incluido Roe v. Wade, el cual determinó que el acceso al aborto es un derecho constitucional.
La ley en cuestión, el Proyecto de Ley 8 del Senado, requiere que los médicos evalúen los latidos del corazón del feto antes de realizar un aborto. Si se detecta un latido del corazón, los médicos no pueden realizar abortos a menos que descubran que existe una emergencia médica que amenaza la vida de la madre embarazada.
Si lo hacen, pueden ser demandados por ciudadanos privados, al igual que cualquier persona acusada de ayudar e incitar a un aborto ilegal.
Mientras tanto, los funcionarios estatales no pueden hacer cumplir la ley.
«La ley es claramente inconstitucional bajo el precedente de la Corte Suprema», dijo el fiscal general Merrick Garland durante una conferencia de prensa en Washington para anunciar la demanda. “Esos precedentes se sostienen en las palabras de Planned Parenthood v. Casey, ‘Independientemente de si se hacen excepciones para circunstancias particulares, un Estado no puede prohibir que ninguna mujer tome la decisión final de interrumpir su embarazo antes de la viabilidad’”.
Otra preocupación es que la ley entra en conflicto con los estatutos federales relacionados con la prestación de servicios de aborto, exponiendo a los empleados federales a demandas, agregó Garland. Citó como ejemplos el trabajo realizado por el Departamento de Trabajo con su programa Job Corps y el programa de salud TRICARE del Departamento de Defensa.
The Epoch Times se contactó con el gobernador de Texas, Greg Abbott, y el fiscal general de Texas, Ken Paxton, ambos republicanos, pero no recibió respuestas al cierre de la nota.
Los proveedores de servicios de aborto intentaron bloquear la ley antes de que entrara en vigencia el 1 de septiembre, pero los tribunales fallaron en su contra. Luego de que la ley entró en vigencia, la Corte Suprema falló en contra de ordenar un requerimiento provisional, aunque los jueces dijeron que no se pronunciaban sobre si la ley era constitucional.
Horas más tarde, el presidente Joe Biden dijo que había ordenado a las agencias federales, incluido el Departamento de Justicia, que analizaran la ley para ver qué podía hacer el gobierno federal «para garantizar que las mujeres en Texas tengan acceso a abortos seguros y legales protegidos por Roe, y qué herramientas legales tenemos para aislar a las mujeres y los proveedores del impacto del extraño esquema de Texas de hacer cumplir la ley externa a partes privadas».
Algunos activistas dijeron que la reacción del gobierno federal fue una extralimitación y cuestionaron por qué la administración Biden no se estaba adhiriendo al fallo de la Corte Suprema.
“El sistema judicial es el canal adecuado para que esto se mueva, y ahí es donde se está moviendo el desafío a la ley, y ellos están tratando de evitar eso”, dijo Rebecca Parma, asociada legislativa senior de Texas Right to Life, una grupo pro-vida, a The Epoch Times esta semana.
Pero los demócratas aplaudieron la demanda, incluida la representante Veronica Escobar (D-Texas), y dijo que felicitó a Biden y al Departamento de Justicia «por luchar contra la draconiana prohibición del aborto en Texas y trabajar para garantizar que las leyes federales de derechos civiles estén protegidas en todas partes de Estados Unidos».
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