Revocar las regulaciones que relajaron las restricciones sobre una píldora abortiva de uso común tendría «consecuencias desastrosas» para las mujeres y la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA, por sus siglas en inglés), dijo el Departamento de Justicia de Estados Unidos (DOJ, por sus siglas en inglés) a la Corte Suprema.
La FDA relajó las restricciones en 2016 y 2021 sobre la píldora abortiva mifepristona.
Un aborto farmacológico generalmente implica el uso de mifepristona, que bloquea la progesterona, una hormona, y misoprostol, que induce contracciones. El misoprostol no es objeto del litigio actual.
Los defensores de la mifepristona afirman que el sistema actual de suministro del fármaco es seguro, mientras que sus detractores afirman que pone en peligro a las mujeres al ignorar las medidas de seguridad que solían aplicarse.
Lo que está en juego en el caso es la decisión de la FDA en 2016 de flexibilizar las normas de prescripción en torno a la mifepristona y, posteriormente, en 2021, para permitir que las recetas se envíen por correo sin que la paciente acuda primero a un médico en persona.
En realidad, se trata de dos demandas: FDA contra Alliance for Hippocratic Medicine (AHM) y Danco Laboratories LLC contra AHM. La Alianza para la Defensa de la Libertad representa en el caso a la AHM, a varias asociaciones médicas y a varios médicos.
Los laboratorios Danco fabrican la píldora abortiva mifepristona, también conocida como mifeprex y RU-486.
Se trata del caso más importante de la Corte Suprema relacionado con el aborto desde su decisión de junio de 2022 en el caso Dobbs contra Jackson Women’s Health Organization, en el que se determinó que la Constitución de EE. UU. no reconocía el derecho al aborto. Ese fallo anuló el caso Roe contra Wade (1973) y devolvió la regulación del aborto a los estados.
En una repetición virtual de 2022 con Dobbs, se espera la decisión para junio, momento en el que podría convertirse en una cuestión política en las elecciones de noviembre. Los comentaristas políticos dicen que si la corte vuelve a imponer las antiguas restricciones de la píldora abortiva, los votantes culparán a los republicanos y los demócratas se beneficiarán políticamente.
El caso se remonta a abril de 2023, cuando el juez Matthew Kacsmaryk, de la Corte de Distrito de Estados Unidos para el Distrito Norte de Texas, designado por el presidente Donald Trump, dictaminó que la FDA se equivocó al aprobar la mifepristona para uso público en 2000 y que la agencia había arrastrado deliberadamente la revisión judicial del medicamento durante años. El juez también determinó que la FDA había levantado indebidamente las restricciones relacionadas con el acceso al medicamento.
El juez dictó una medida cautelar de ámbito nacional con carácter retroactivo, suspendiendo la aprobación de la FDA.
El juez Kacsmaryk escribió que la FDA había violado la ley al no evaluar adecuadamente los riesgos planteados por el medicamento antes de aprobarlo, cediendo ante la presión política para sacarlo al mercado.
El Departamento de Justicia apeló la decisión del juez Kacsmaryk, pero la Corte de Apelaciones del Quinto Circuito, de tendencia conservadora, se negó a bloquear la mayor parte de la orden. El 5º Circuito sostuvo que las acciones de la FDA en 2016 y 2021 eran probablemente ilegales, una conclusión que la FDA y Danco pidieron a la Corte Suprema que revisara.
En agosto de 2023, el 5º Circuito confirmó las restricciones del juez de distrito sobre la píldora abortiva, sosteniendo que la FDA no tuvo debidamente en cuenta las preocupaciones de seguridad pública al aprobarla.
Gran parte de la opinión de la corte de circuito se centró en la cuestión de la legitimación activa, cuya ausencia suele condenar una demanda.
El 5º Circuito señaló que Alliance for Hippocratic Medicine y los demás demandantes alegaron que tenían «capacidad asociativa» porque las diversas organizaciones implicadas en la demanda tienen miembros que «probablemente sufran perjuicios como consecuencia de las acciones de la FDA».
El Departamento de Justicia apeló ante la Corte Suprema, que bloqueó la medida cautelar sobre la aprobación original del fármaco, permitiendo que la mifepristona siguiera en el mercado. Los jueces conservadores Clarence Thomas y Samuel Alito votaron en contra de levantar la medida cautelar.
Nueva presentación de la Administración Biden
En un nuevo escrito presentado el 23 de enero, la Administración Biden argumentó que la orden judicial del tribunal de distrito constituía «una medida desastrosa a nivel nacional que amenaza con causar profundos daños al gobierno, al sistema sanitario, a las pacientes y al público».
La AHM carece de legitimación para interponer su demanda, escribió la procuradora general de Estados Unidos, Elizabeth Prelogar.
Una asociación que alegue legitimación activa para demandar en nombre de sus miembros debe demostrar que al menos un miembro identificado ha sufrido o podría sufrir un perjuicio, escribió, citando el caso Summers contra Earth Island Institute (2009).
La alegación de la AHM sobre la legitimación de la asociación «fracasa porque no han demostrado que ningún miembro identificado se enfrente a un perjuicio inminente y reconocible judicialmente, y mucho menos a un perjuicio atribuible a las acciones de la FDA de 2016 y 2021. Y la afirmación alternativa de los demandados de la capacidad organizativa es igualmente infundada».
Además, la acción de la FDA en 2016 fue apoyada por «una revisión exhaustiva de un registro que incluye docenas de estudios científicos y décadas de uso seguro de la mifepristona por millones de mujeres en los Estados Unidos y en todo el mundo».
«La pérdida de acceso a la mifepristona sería perjudicial para las mujeres y los proveedores de atención médica en todo el país», escribió la Sra. Prelogar.
«Para muchas pacientes, la mifepristona es el mejor método para interrumpir legalmente sus embarazos precoces. Pueden elegir la mifepristona en lugar del aborto quirúrgico por necesidad médica, por deseo de privacidad o por traumas pasados»,
Danco argumentó en su escrito que las decisiones de los tribunales inferiores amenazan con «desestabilizar la industria farmacéutica, que confía tanto en la capacidad de la FDA para hacer juicios predictivos como en que los tribunales no cuestionen esos juicios científicos».
La Corte Suprema aún no ha programado la audiencia oral del caso, pero se espera que lo haga en las próximas semanas.
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